lunes, 12 de septiembre de 2022

RÉMORAS MENEMISTAS

 

La semana pasada el puerto de Rosario fue noticia por el descubrimiento de un importante contrabando de cocaína despachado desde allí hacia puertos del exterior; y porque al intervenir la justicia federal en la causa, no pudo acceder a los videos de seguridad ni a los registros de las operaciones en su totalidad, porque la empresa concesionaria se los entregó solo en forma parcial, y todo indica que hay complicidad de su parte en la maniobra.

La concesionaria que opera el puerto es Terminal Puerto Rosario (TPR), una sociedad controlada por el grupo Vicentín, a la cual en su momento contamos acá como Lifschitz -a semanas de dejar el cargo y con Perotti ya como gobernador electo- quiso prorrogarle la concesión hasta el 2057, pese a que recién se vencía en el 2032, o sea 13 años más tarde. Y lo hizo a través de su representante en el ente administrador del puerto, figura creada por la Ley nacional 24093 sancionada durante el gobierno de Menem.

Esa ley en sus artículos 11 y 12 transfirió diversos puertos a las provincias (entre ellos los de Santa Fe y Rosario) "...a condición de que, previamente, se hayan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puertos. Estos entes se organizarán asegurando la participación de los sectores particulares interesados en el que hacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la actividad. Las provincias en cuyo temario se encuentre emplazado el puerto y él o los municipios en cuyo o cuyos ejidos se halle situado el puerto también tendrán participación en los entes, de acuerdo a la modalidad que establezca el estatuto respectivo de cada puerto.". 

Es decir que si las provincias recibían esos puertos de la nación, no los podían administrar por sí mismas sino que debían privatizarlos o manejarlos a través de "entes públicos no estatales", en los que tenían solo un representante, y los demás eran del sector privado. En ese marco la provincia de Santa Fe dictó en 1993 (durante el primer gobierno de Reutemann) la Ley 110111 que creó los entes administradores de los puertos de Santa Fe y Rosario y un año más tarde la Ley 11229, que replicó el modelo (en éste caso sin obligación de hacerlo pues no fueron transferidos desde la nación) para los de Reconquista y Villa Constitución.

En el caso del puerto de Santa Fe hubo una experiencia fracasada por "tercerizarlo" en un operador privado, y otra gestión (la de Marcelo Voboriof durante los gobiernos del Frente Progresista) escandalosa por los negociados, y el total abandono de la actividad portuaria en desmedro de los negocios inmobiliarios y anexos. Hoy el puerto recobró su actividad específica, pero sigue administrado bajo el modelo de los "entes públicos no estatales", y esa actividad portuaria coexiste con los negocios de toda índole, incluyendo por ejemplo alquilarle al Estado bienes que son de su propiedad. 

En el del puerto de Rosario como se dijo, ya en 2002 TPR de hizo cargo de la operación según contrato de concesión otorgado por el ente administrador en 2002 (segundo gobierno de Reutemann) por 30 años; que es el que el gobierno de Perotti (a través de su representante en el ente) evalúa rescindir, si se comprueba su complicidad en las operaciones de narcotráfico.

Así como los anteriores acionistas de TPR antes de que tome control de la sociedad el grupo Vicentín también estuvieron implicados en causas por narcotráfico y lavado de dinero como veíamos acá, el hólding aceitero operaba el puerto de Reconquista a través de otra empresa de su propiedad (Ríos del Norte SA), hasta que el puerto y su ente administrador fueron intervenidos por un decreto de Perotti del 2020 prorrogado después, porque no registraban actividad portuaria comprobable desde 2004.

A esta altura del relato, vale recordar que la Ley 24093 antes mencionada fue parte del festival de privatizaciones y desguace del Estado ejecutado por el menemismo con el argumento de la ineficiencia y la corrupción estatales, en el marco del cual también virtualmente desapareció la Administración General de Puerto (AGP), y se otorgó a operadores privados el manejo del dragado de la hidrovía, en el que aun el actual gobierno planea volverlos a colocar, licitación mediante.

Porque -y esto hay que decirlo- como tantas reformas estructurales ejecutadas en los años 90' en el marco de las políticas diseñadas por el Consenso de Washington, esta pérdida de control estatal sobre nuestras vías navegables tampoco fue revertida, y subsiste hasta hoy: la Ley 24093 solo fue modificada por el macrismo en 2018, para empeorarla. Y sin cambios allí, las provincias poco pueden hacer para modificar el estatus jurídicos de los puertos que les fueron transferidos, como lo pudo comprobar Axel Kicillof cuando intentó impulsar en Buenos Aires una ley para ponerlos bajo control estatal.

Una discusión (como la del manejo de la hidrovía) pendiente pero necesaria, si queremos hacer, de una buena vez, un país en serio. Tuits y posteos relacionados:  

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2 comentarios:

  1. Anónimo12 de septiembre de 2022, 18:13

    realmente no por nada hay tanta miseria, tanta violencia y tanta política degradada por estas maniobras en el gran rosario
    quizás fue desde hace añares con los famosos chicho's, con la demo cristiana tan poco cristiana y con los prostíbulos multi ""religiosos"" llenos de niñas del este europeo, zona del planeta donde tambien dicen q son ultracristianos

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  2. Anónimo12 de septiembre de 2022, 21:02

    Es que la firma Vicentin està desesperada buscando cualquier negocio para poder pagarle a sus acreedores en el Concurso.
    El juez Lorenzini habrìa autorizado la diversificación en blanco del negocio.
    Y el corte de cámaras fué un cortocicuito en el sistema, totalmente ajeno a la empresa. Basta de infamias o tendrán consecuencias judiciales.
    El Colo Vicentin.

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