Leemos en El Destape sobre la intención del macrismo de finiquitar la concesión de la operación del
puerto de Buenos Aires por 50 años, antes de la finalización del mandato de
Mauricio Macri.
El negocio marcha a todo vapor en
paralelo con las intenciones de traspasar el puerto (único que sigue bajo la
jurisdicción del Estado nacional) a la ciudad; y por supuesto como no podía ser
de otra manera, en el mismo está implicado un amigo del presidente: su “hermano
de la vida” Niky Caputo, quien como representante de los intereses de Singapur
(es cónsul honorario de ese país en la Argentina, designado por éste gobierno)
viene bregando para que el puerto porteño sea desguazado para posibilitar
negocios inmobiliarios; al tiempo que su operatoria sea concedida a una sola
empresa (hoy son tres), para más datos, de Singapur.
Negocios privados con bienes
públicos, en condiciones sospechosas, y por muchos años, trascendiendo los
gobiernos: casi una radiografía del macrismo.
Pero el puerto de Buenos Aires no
es el único en el que suceden este tipo de cosas: veíamos hace un tiempo acá como en el puerto de Santa Fe avanza el proceso de
tercerización de la explotación de la terminal de barcazas y contenedores a
favor de Mundo Construcciones, una de las principales contratistas de obra
pública durante los gobiernos provinciales del socialismo, y de las gestiones
municipales radicales de Corral y Barletta.
El proceso ¿licitatorio? partió
de una “iniciativa privada” de la propia empresa que diseñó las bases del
llamado, y por supuesto fue la única que se presentó, y la concesión sería por
el término de 30 años: el mandato de ocho gobernadores, para ser más precisos.
Decíamos en el posteo anterior sobre el tema que la oscuridad del proceso hace imposible
saber si ya está terminado con la adjudicación resuelta por el Ente
Administrador del puerto, y si el contrato involucra subsidios del Estado
provincial a la concesionaria, algo que está expresamente prohibido por la Ley
11.011 de creación del ente.
Pero tampoco el de Santa Fe es el
único puerto provincial con movimientos sospechosas sobre el final del mandato
de Lifschitz: veíamos hace unos días acá en Punto Biz que el Ente
Administrador del Puerto Rosario llegó a un acuerdo con la concesionaria que
explota sus terminales (TPR, del Grupo Vicentín) para prorrogarle la concesión
por 25 años más.
El tema es que la concesión
original data del año 2002, y se vencería recién en el 2032, o sea que 13 años
de su vencimiento, se la estaría prorrogando por otros 25 años, con lo que la
empresa cuyo accionista mayoritario es ahora el Grupo Vicentín (de los mayores aportantes a la campaña de reelección de Macri, y subsidiado por el socialismo en los vuelos low cost de sus ejecutivos) operaría por un total de 55 años el
puerto rosarino.
O sea, más incluso que los 50
años por los cuáles la provincia, en éste gobierno, el de Lifschitz, por
Decreto 1011/19 le otorgó al ENAPRO (el ente administrador del puerto de
Rosario) el usufructo de los bienes inmuebles sobre los que recae la concesión,
que son de su propiedad, de acuerdo con la Ley 11.011. Antes había hecho lo
mismo con el Ente administrador del puerto santafesino por los Decretos Nros.
70 y 849 de éste año (ver acá), en ambos casos con retroactividad al 2014; lo
que posibilitó en ambos casos estos negociados con bienes públicos.
Si bien el artículo periodístico
dice que el acuerdo con TPR no sería firmado por las actuales autoridades sino
que se lo dejarían a las próximas, la pregunta es como alguien (el Ente) puede
transmitir un derecho por más tiempo de aquel por el cual lo posee, y que
urgencia hay (que no sea la avidez de negocios del Grupo Vicentín) por
prorrogar la concesión hasta el 2057 .
¿Acaso habrán aportado
generosamente también a la campaña del socialismo? Tuit relacionado:
Y acá hay gente preocupada por el gabinete de Perotti.— La Corriente K (@lacorrientek) November 20, 2019
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