EN LA VEREDA OPUESTA

Tanto tiempo que llevábamos reclamándolo, y al final apareció con vida el Guillermo Moreno del gobierno provincial: un tal Leonardo Gianzone, Director Provincial de Comercio Interior.

Aunque en realidad el nombre completo del cargo sería "Director Provincial de Fomento y Promoción del Comercio y Servicios" del Ministerio de la Producción, según vemos acá en el decreto de designación de Bonfatti, que no se apuró para nombrarlo: fue quince días después de haber asumido el gobierno.

O sea que en principio, el hombre estaría para "fomentar" y "promover" el comercio, pero no para controlar. 

Y ante los reclamos por incumplimientos en Santa Fe de los acuerdos de precios pactados por algunas cadenas de supermercados con el gobierno nacional (acá ejemplos en Rosario, sin ir más lejos), se apuró a decir que el gobierno de la provincia no puede sancionar a los que no cumplan, porque no tiene facultades legales, y porque además los acuerdos (que cuestiona por ineficaces) son voluntarios:

El primer problema que plantea esto, es que el gobierno de la provincia sí tiene facultades, más concretamente las que le otorgó en su momento a la Dirección de Comercio el Decreto 762/85, que acá mostramos para que se vea más claro:

Y para ser más precisos, entre las normas nacionales que puede fiscalizar el organismo en la provincia de Santa Fe (aplicando incluso las sanciones del caso, que van desde multas hasta clausuras de negocios), están la Ley 20.680 (de Abastecimiento), y la Ley 22.802 (de Lealtad Comercial).

Incluso también pueden controlar las municipalidades y comunas, en la medida en que desde el gobierno provincial se les pida colaboración, como surge del mismo decreto y vemos acá:

También tendrían que controlar el cumplimiento de la ley 24.240 de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, en su esfera de competencia; como lo disponen los artículos 41 y 42 de la ley nacional.

Y si entienden que no tiene facultades que surjan de las leyes nacionales (lo que es falso, pero supongamos que no), cabría recordar que el llamado poder de policía es una atribución concurrente de la Nación, la provincia y los municipios: nada le impide al gobierno provincial dictar sus propias normas para evitar abusos en la comercialización de bienes y servicios, y establecer mecanismos para fiscalizar su cumplimiento.

Porque de lo contrario es muy sencillo quejarse de que en el país hay inflación, y quedarse sentado sin hacer nada al respecto; o simplemente cuestionar a Moreno y sus métodos.

Como tampoco nada le impide al gobierno socialista adherir a los acuerdos de precios (que como bien dice el funcionario, son voluntarios, o sea que en éste caso no cabe el sambenito de patotero que le suelen endilgar a Moreno), o implementar otros por su cuenta; más amplios o que abarquen a más negocios.

Sin ir más lejos, lo que está haciendo Capitanich en el Chaco, como vemos acá.

A menos que eso no entre dentro de las funciones de "fomentar" y "promover" el comercio para las cuáles lo designaron a éste funcionario, o que la política del socialismo en la materia sea no controlar ni fiscalizar nada: la provincia no tiene ni siquiera una Subsecretaría de Defensa del Consumidor, por ejemplo; en un gobierno que tiene un plantel político de 819 funcionarios.

Lo que nos recuerda que, cuando asumió Binner en diciembre de 2007, el socialismo impulsó una nueva Ley de Ministerios, que en la parte correspondiente al Ministerio de la Producción (hoy a cargo del radical Faccendini) tiene un apartado que dice: "Entender en la elaboración y ejecución de las políticas provinciales en materia comercial;" (´Ley 12.817, artículo 21 inciso 7.).

Por lo que se ve, las "políticas provinciales en materia comercial" consisten básicamente en decir que los acuerdos de precios no sirven, y que no tienen facultades legales para controlar su cumplimiento.

Lo cual se puede corroborar mirando el presupuesto provincial 2013 con media sanción en la Legislatura: contempla que la Dirección de Comercio recaude en concepto de multas por infracción a las normas de comercialización (ésas que el Decreto 762/85 la faculta a imponer, pero el funcionario dice que no, que no puede), la friolera de $ 60.000 (sí, no falta ningún cero: son sesenta mil pesos).

O lo que es lo mismo, el 0,00014954 % de los recursos que piensa recaudar Santa Fe éste año: lo que se dice, unos perros de presa estos socialistas, a la hora de perseguir a comerciantes inescrupulosos. 

Y esos $ 60.000 son exactamente la misma cifra que no se actualiza (aunque hay inflación, vieron), desde el 2007, cuando el socialismo llegó al gobierno. 

El artículo de Infobae dice que en éste caso el gobierno provincial está dispuesto a ubicarse (una vez más) en la vereda opuesta de la Nación.

El problema es que en realidad se están ubicando en la vereda opuesta de los consumidores, que son los que se perjudican si los precios aumentan, y no hay controles ni sanciones.