En los casi 31 meses de gobierno que lleva
Mauricio Macri y con la sola excepción de un par de ellos a fines del año
pasado (justo para la época de las elecciones) el consuno viene cayendo en
forma sistemática, un efecto previsible de otra constante del ciclo de
“Cambiemos”: la pérdida de poder adquisitivo del salario frente a la inflación,
ni hablar si se mide su evolución en dólares.
Por decisión
deliberada del gobierno y efecto lógico de sus políticas, está apagado así hace
meses el principal motor de la demanda agregada, que podría poner en marcha la
economía. Para peor, a fines del año pasado y aun antes de haber ido al FMI, el
gobierno -en línea con las recomendaciones que hiciera el Fondo en la revisión
del artículo IV de nuestra economía- logró aprobar una reforma previsional que
tira a la baja los haberes de los jubilados, pensionados y beneficiarios de la
AUH; todos sectores de ingresos fijos con altísima propensión al consumo, que
naturalmente debieron retraerlo.
Ya entrado éste año
y aun antes -insistimos- del acuerdo con el FMI, el gobierno insistió hasta
ayer nomás (al menos, hasta el paro de la CGT) en la inverosímil pauta salarial
del 15 % en las paritarias, que estaría muy por debajo (menos de la mitad) de
la inflación que hasta el propio gobierno reconoce a regañadientes que podría
terminar arrojando este año; pese a los dibujos de Todesca.
También fue
sobrepasado por la realidad aquel gesto teatral de “decretar” una ventana del 5
% a negociar entre las partes que ya habían cerrado sus paritarias ajustándose
al “cepo” oficial: el propio Macri que estampó su firma en el decreto, en aquel
inolvidable monólogo suyo ante Lanata que algunos llamaron entrevista, ubicó a
la inflación esperada para éste año en torno al 30 %, previsión que hoy resulta
claramente mezquina comparada con la realidad.
Siempre antes de
haber anunciado que volvería a pedir financiamiento al Fondo, Dujovne anunció
un recorte de más de 30.000 millones de pesos en la obra pública, mientras ya
se conocía una merma sustancial del gasto en ese rubro y de las transferencias
a las provincias con el mismo objeto, comparada con el año pasado, cuando ese
ítem fue uno de los “drivers” utilizados por “Cambiemos” (junto a los préstamos
Argenta) para ganar las elecciones.
Cuando el Congreso
votó una ley para retrotraer los tarifazos a noviembre del año pasado y
adecuarlos –en lo sucesivo- a la variación de los salarios, Macri lo vetó
impiadosamente en horas; para sostener la política de dolarización de las
tarifas que viene llevando adelante su gobierno, que por un lado alimenta la
inflación, y por el otro, resta ingreso disponible para consumir a los ya
flacos bolsillos de trabajadores, jubilados y sectores de ingresos más o menos
fijos; ni hablemos los de aquellos que subsisten en la informalidad, o
precarizados.
Para peor, la necesidad de contener el dólar y desarmar de a poco la bomba de las LEBAC's llevó las tasas a niveles incompatibles con la actividad productiva, y el "mundo" al que volvimos tampoco da señales de comportarse muy amistosamente: sigue sin cerrarse el acuerdo Mercosur-UE (afortunadamente para el país), la guerra comercial entre las grandes potencias está in crescendo y los platos rotos los pagamos los demás, Brasil sigue hundido, nuestra balanza comercial bate récords de déficit y cae el precio de la soja: esperar alguna reactivación por ese lado sería ilusorio.
Conocidos los
términos de los arreglos con el FMI, se advierte -sin sorpresa alguna- que
suponen más de lo mismo, de aquellas recetas que siempre recomienda el Fondo, y
que cada vez que se intentaron, fracasaron estrepitosamente: recorte más brutal
aun del gasto público (apagando otro motor de la demanda agregada), en especial
en salarios, jubilaciones, obra pública y subsidios a las tarifas de los
servicios públicos.
No se trata acá de
decir que esas medidas, de llevarse a la práctica, generarán recesión donde ya
hay una alta y persistente inflación (dando como resultado la tan temida
estanflación de la que hablaba Cavallo); sino que eso ya está pasando, como
dicen los spot publicitarios del gobierno; claro que con otro sentido, y
respondiendo a otros tiempos, que no son estos: baste decir que nos muestran un
ambicioso plan de obras públicas, que ha quedado archivado para mejor
oportunidad.
De allí que resulte
sorprendente que, frente al contundente paro de la CGT, el gobierno salga a
decir que ratifica el rumbo económico, al mismo tiempo que anuncia medidas para
“evitar” la recesión, como si ésta no estuviese ya entre nosotros; o como si
fuera resultado (“Macri dixit”) de que “pasaron cosas”, y no consecuencia
directa de las políticas oficiales.
Poner ambas cosas
juntas es, claramente, un oxímoron: si lo que el gobierno desea es “evitar” una
recesión llega tarde, y si quiere superarla rápidamente, lo primero que tiene
que hacer es abandonar las políticas que está llevando adelante, no
ratificarlas.
Aun dando por bueno
que Macri y su desflecado “mejor equipo de los últimos 50 años” saben estas
cuestiones en su fuero íntimo, pero entienden que no es de buen tono admitirlas
en público (porque de tal modo sembrarían aun más dudas de las que ya existen
sobre su aptitud para manejar la “turbulencia”), no por eso el principal
problema que afronta el gobierno dejaría de existir: como hacer para conseguir
consenso social para un programa económico que excluye a –largamente- el 90 % de
los argentinos, en un régimen de democracia abierta y sin represión.
Sea que se
considere que el gobierno llegó al acuerdo con el FMI porque se le cerraron los
canales de acceso al endeudamiento fácil que abundaron en sus dos primeros años
de gestión, o sea que se piense que ése era su plan desde el principio pero la
normalidad del recambio institucional (Cristina no se fue en medio de una
crisis, como la mayoría de los gobiernos en el pasado) se lo impidió, el dilema
que enfrenta Macri está allí enfrente, y radica en eso: para decirlo en
palabras de Perón, como desplumar a la gallina sin que grite.
La contundencia del
paro de la CGT habla no de la presuntamente recuperada credibilidad de una
dirigencia sindical penosa, ni de la eficacia que alcanzó la medida porque
adhirieron los gremios del transporte (el placebo al que prefirió aferrarse
buena parte del gobierno, antes que intentar comprender lo que realmente pasa),
sino del hartazgo social con el reparto de las cargas del ajuste que viene
haciendo el gobierno desde que asumió; y con su resistencia a la profundización
del mismo que surge implícita del acuerdo con el FMI.
Un acuerdo que -por
pedido del Fondo, curado ya de espanto porque bien sabe los efectos que
provocan sus recetas, aunque por eso no se prive de repetirlas- contempla
futuros desembolsos de dólares, según como progrese el gobierno en el
cumplimiento de sus compromisos: esa exigencia escrita, voluntariamente asumida
por el propio Macri al ir a pasar la escupidera en Washington, es la expresión
formal del dilema: ¿será capaz de imponer un mega ajuste y controlar al mismo
tiempo las consecuencias sociales, políticas y electorales de sus resultados?
