Cualquiera que analice con algo de rigor la
economía argentina, sin anteojeras ideológicas ni compromiso con la defensa de
intereses corporativos conclurá en que el problema que hace insustentable al
modelo económico de Macri no es el déficit fiscal, sino la restricción externa;
que el gobierno no ha hecho sino agravar desde el primer día con sus medidas.
Sin embargo, la
ortodoxia en bloque (el gobierno, el FMI, los medios hegemónicos) apunta al
déficit fiscal como la madre de todos los problemas, y de todas las batallas; y
desde allí salieron el ajuste que ya se viene levando adelante (paralizando por
ejemplo la obra pública, o recortando los fondos destinados a ciencia y
técnica), la búsqueda de un acuerdo con el Fondo y la ofensiva frontal contra
el proyecto de suspensión de los tarifazos que se apresta a aprobar el
Congreso.
En éste último caso
la defensa de las híper ganancias de las petroleras y un puñado de empresas
vinculadas al gobierno (si es que no son algunas de ellas propiedad del propio
Macri) se disfraza con argumentos fiscalistas, de tono apocalíptico: el país no
estallaría por los aires por una nueva corrida cambiaria, la aceleración de la
fuga de capitales o una crisis de deuda (eventos todos muy posibles, en el
actual contexto); sino por la alteración de las metas de reducción del gasto
previstas en el presupuesto, al tener que reponer los subsidios a las tarifas
de los servicios públicos si el proyecto prosperara.
Y lanzados en ese
tren, la venta de fruta adquiere ribetes descomunales, tanto así que no existen
dos notas periodísticas o declaraciones del gobierno que den la misma cifra del
costo fiscal que el proyecto tendría para el gobierno: esta nota de Burgueño enAmbito de ayer es apenas una muestra al respecto. Acá la tribuna de doctrina habla de 170.000 millones de pesos, pero para este año y el que viene.
De lo que poco se
habla en cambio es de que ese presupuesto (que Macri viene defendiendo
enfáticamente en sus últimas apariciones) ya quedó destrozado por el propio
gobierno a las pocas horas de ser aprobado por el Congreso al modificar las
metas de inflación de éste año; y sobre todo por la propia realidad económica,
que deshizo como arena entre los dedos sus previsiones: recordemos que plantea
un crecimiento del PBI del 3,5 %, una inflación del 10 % (luego “retocada” al
15 %), y un dólar en promedio a $ 19,30, para todo el año.
Esa drástica
modificación de las principales variables previstas por el gobierno (signo
evidente de su absoluta confusión) se proyecta sobre los gastos del Estado de
acá a fin de año, aun cuando Macri vetara como ha dicho que lo hará el proyecto
de suspensión de los tarifazos; y como consecuencia directa de las medidas que
el propio gobierno tomó.
Así por ejemplo el
presupuesto contempla $ 119.133.534.424 (casi ciento veinte mil millones de
pesos) en subsidios a la energía (gas y electricidad), que en su mayoría se
destinan a las generadoras eléctricas, y a las petroleras por el precio del gas
establecido en boca de pozo, en dólares.
Con las tarifas
dolarizadas como están por decisión del gobierno, la diferencia entre el dólar
a $ 19,30 como planteaba el presupuesto y el tipo de cambio de $ 25,48 de ayer
(un 32,02 %) podría significarle al Estado nacional un desembolso adicional de 38.147 millones de pesos, solo para sostener los
subsidios no a los usuarios, sino a las empresas; de acuerdo a sus propios
compromisos.
Otro tanto sucede
con los combustibles, más allá de que buena parte de la energía se genera a
través de ellos, y por ende están contemplados en lo indicado en el párrafo
anterior: el Ministerio de Transporte tiene asignados por el presupuesto $
90.534.603.843 en subsidios al transporte automotor de pasajeros, a Aerolíneas
Argentinas y al transporte ferroviario, en su gran mayoría destinados a
sostener los aumentos de las naftas.
Calculen cuanto han
variado éstas en su precio desde principios de año (desde que en diciembre pasado el gobierno liberó el mercado, para que las petroleras las aumenten tomando en cuenta el precio del barril de crudo y el dólar), súmenles los aumentos
postergados por unos días de común acuerdo entre el gobierno y las petroleras,
y nos cuentan como evolucionará ese renglón en particular de los gastos; con
independencia de que el proyecto sobre tarifas sea finalmente promulgado, o
Macri lo vete. Solo tomando la evolución del dólar harían falta en este rubro unos 28.989 millones de pesos más.
Pero hasta acá hemos
hablado de gastos que afectan el resultado primario del ejercicio
presupuestario (es decir, antes del pago de los servicios de la deuda) y de los subsidios, porque
el “ajuste inevitable” está planteado en términos de reducir el déficit fiscal
medido contra el PBI, y de hacerlo aun más a partir del año que viene, como
consecuencia del acuerdo con el FMI. Y para eso es crucial -según el gobierno- sostener los tarifazos, y la baja en los subsidios (a los usuarios, comercios y empresas, agregamos por nuestra parte).
Eso deja afuera
(deliberadamente) la evolución de los pagos de deuda, y su incidencia creciente
en las cuentas públicas. Según el propio presupuesto para éste año, la partida
“Servicios de la Deuda” creció más de un 28 % del año pasado a éste, cuando la
pauta general de crecimiento del gasto fue del 16,5 %.
Para pagar deudas,
el presupuesto contempla $ 406.499.246.441 (casi el 14 % del total de los
gastos, mucho más que los salarios de los empleados públicos que rozan el 11
%, y son otro blanco predilecto de las tijeras): pensemos en la incidencia de la devaluación en esa cifra, porque la deuda
se cancela en dólares, y si el dólar sube son necesarios más pesos para
comprarlos, y poder pagarla.
Con ese mismo 31,92 % de aumento del tipo de cambio nominal del que hablábamos antes, el gobierno
de Macri necesitará unos 130.161 millones de pesos adicionales, nada más que
para pagar las deudas: bastante más que los 100.000 millones “ahorrados” en la
reforma previsional al modificar la fórmula de ajuste de los haberes (reforma
que, dicho sea de paso, no estaba contemplada en el presupuesto), y mucho más
que las estimaciones promedio de lo que podría costar (en reposición de
subsidios) la ley contra los aumentos de tarifas.
Con el mismo método
de cálculo, los $ 57.612.762.102 previstos en el presupuesto en concepto de
derechos de exportación (retenciones) mejorarían los ingresos en unos 18.448 millones de pesos adicionales, por efecto de la devaluación: aun le estarían
faltando 111.713 millones de pesos, solo para compensar el aumento de las
partidas necesarias para pagar el aumento de los servicios de la deuda.
Aclaración: no se nos escapa que los cálculos están hechos sobre el gasto previsto por el presupuesto en cada caso para todo el año, y tomando como base la cotización actual del dólar y el promedio del tipo de cambio previsto en él; así como que ya llevamos transcurridos cinco meses del ejercicio.
Por contraste, hemos considerado cada rubro de la comparación individualmente en su magnitud contra el "costo fiscal" de la "bomba" de retrotraer los aumentos de tarifas como plantea la ley que se apresta a aprobar el Senado.
El ejercicio apunta a demostrar que ese argumento es una falacia que encubre la brutal transferencia de ingresos de los usuarios, industrias, comercios y familias a favor de un puñado de empresas que defiende Macri; cuando al mismo tiempo el propio gobierno ha comprometido el resultado final del ejercicio, con sus decisiones políticas que favorecen (oh casualidad) a esos mismos sectores).
Y todo eso aunque
el presidente finalmente y como todo hace suponer, estampe su firma en el decreto de veto, y mantenga firmes los
tarifazos. Hablemos de locuras.
