NI LOCO TE DEJO DE TRANSFERIR, LOS PELPAS LOS ARREGLAMOS DESPUÉS

En ésta entrada del año pasado dábamos cuenta de que entre las medidas de Binner para mejorar la posición del Banco Municipal de Rosario, mediante Decreto 2142/08, le había adjudicado la provision del servicio de emision, administracion y entrega de tarjetas magnética precargadas para distintos programas sociales. 

Como tal adjudicación fue decidida sin licitación, fue observada por el Tribunal de Cuentas, pero Binner insistió mediante Decreto 25/09 para que su decisión se ejecute. Posteriormente Binner le prórrogó la adjudicación por Decreto 765/10, mientras se concretaba la licitación, licitación en la que en definitiva el Banco Municipal de Rosario fue el único oferente (parece que a los demás Bancos les quedaba claro para quien era) por Decreto 2016/10 (ambos decretos están linkeados en el post referido).

La adjudicación de la Licitación Nº 33/10, a las que nos referimos, dio lugar a la firma del contrato público Nº 10873. El plazo de duración se previó en 24 meses, contado partir del 21 de octubre de 2010 (cláusula Sexta), con opción a prórroga en iguales condiciones a las pactadas por el término de 12 meses, no pudiendo superar la totalidad de las prorrogas los 24 meses. Con lo que al 21 de octubre de 2012, sin que mediare prórroga, se encontraba vencido. No obstante ello el Ministerio de Desarrollo Social siguió transfiriendo los fondos al Banco Municipal de Rosario, conforme se informa en el sitio web de la Provincia.

Advertida la situación por los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas, cuando le fueran notificados las resoluciones Ministeriales que así lo disponían (Nº 638/12 y 831/12), el asunto fue tratado por el Plenario del órgano de control externo, que en voto dividido,con mayoría formada por los vocales designados durante la gestión socialista, fueron despachados “sin observación”.

Lo que se dice un equipo dispuesto a “bancar”.

POR SI LES PIDEN UNA TERCERA CUOTA DE LA FAPNELCO

Recordarán los lectores de Nestornautas que habíamos dicho acá que, tras la aprobación de la reforma tributaria mediante un acuerdo con los senadores del PJ a cambio de plata para entregar subsidios, se venía una segunda cuota de la Fapnelco socialista para lograr la aprobación del Presupuesto 2013; hipótesis que luego se vería oficialmente confirmada.

También recordarán que otro anticipo de éste blog fue confirmado: el gobierno de Bonfatti pedaleaba deudas con proveedores y contratistas del Estado, generadas el año pasado, para poder echar mano de las partidas del Presupuesto y pagar sueldos; o al menos eso dijo.

Y lo hizo mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia), que luego remitió a la Legislatura para su tratamiento en extraordinarias, cosa que todavía no ha sucedido.

Bien, en eso estábamos cuando nos topamos con éste otro decreto: 

Explicamos: el Decreto 3756 (al que pueden acceder acá) fue un DNU porque a través suyo el gobierno modificó las partidas del Presupuesto 2012, creando deuda flotante con proveedores y contratistas para financiarse; y modificó partidas excediendo las atribuciones que tiene para hacerlo (los famosos "superpoderes", que tanto le critican socialistas y radicales al Jefe de Gabinete en el orden nacional); básicamente  porque utilizó partidas destinadas a gastos de capital (sobre todo obras públicas), para financiar gastos corrientes (en éste caso, sueldos).

Así surge claramente de su propio texto, y así lo entendió el propio gobierno al enviarlo a la Legislatura, pidiéndole que lo aprobara.

Sin embargo ahora vuelve sobre sus pasos, y mediante el decreto que está en imagen más arriba, dice otra cosa: que el DNU estuvo encuadrado en el artículo 27 de la Ley 12.510 (de Administración, Eficiencia y Control del Estado), y que por eso no esperó a que la Legislatura lo tratase para ponerlo en ejecución, pagando los sueldos del personal de la Administración Pública echando mano a partidas previstas para otra cosa.

Sin embargo el DNU 3756 no tiene nada que ver con ese artículo, que refiere a otro supuesto: se aplica cuando lo que hace el Ejecutivo es aumentar el total de los gastos votados en el Presupuesto por la Legislatura (acá compensó gastos, y aumentó los recursos creando deuda) habilitando nuevas partidas para atender "hechos de fuerza mayor o excepcionales que requieran la inmediata atención del Estado"; supongamos (porque en Santa Fe ha pasado) una inundación u otro desastre natural.

En esos casos la ley faculta al Ejecutivo a aumentar el total de los gastos y habilitar las partidas necesarias, comunicándolo simplemente a a la Legislatura, antes de poner en ejecución las medidas; lo que no es claramente el caso del DNU dictado por Bonfatti.

Porque si así fuera (como ahora pretenden plantearlo) no se entiende por qué pidió expresamente que la Legislatura lo ratificara tratándolo en extraordinarias, y si la Ley 12.510 ya existía al dictarse el DNU (de hecho, es de 2005) ¿por qué no se la invocó entonces?

Por no mencionar que resulta un contrasentido decir que los mayores gastos que representa para el Estado pagarles a sus empleados aumentos pactados en las paritarias de marzo, sean en diciembre "hechos de fuerza mayor o excepcionales": casi todos los trabajadores estatales santafesinos tienen leyes de paritarias desde hace años, e incluso durante la gestión del FPCyS obtuvieron ese beneficio los docentes y los médicos de los hospitales provinciales.

Máxime cuando se vive en el país un proceso inflacionario, y desde el propio gobierno provincial se descree de los índices del INDEC y se divulgan los del IPC, que siempre son mayores; y eso dispara reclamos sindicales por aumento de salarios.

Acá lo que está sucediendo es otra cosa, y tiene que ver con la situación política de la provincia: a diferencia del Presupuesto 2013 (que cuenta con media sanción del Senado), el DNU 3756 no ha sido tratado por ninguna de las dos Cámaras de la Legislatura, y el gobierno no tiene la certeza de que se aprobado, pese a que en éste nuevo decreto dice el gobernador: "el cumplimiento de tramitaciones faltantes que sin dudas han de tener un final positivo;".

De modo tal que éste nuevo decreto es la forma que ha encontrado Bonfatti (tergiversando el sentido de la Ley 12.510, como hiciera con éste otro decreto dictado a poco de asumir respecto al DNU 2809/11 de Binner) de cubrirse por las dudas, por si el recalentamiento de la situación política provincial derivaba en que alguien (por ejemplo los senadores del PJ) deciden subirse el precio, y pedir una tercera cuota de la Fapnelco, para garantizar la aprobación del DNU.  

LAS FRASES DEL MES

1. "Ahora Artemio López y los otros encuestadores también se largan a hacer pronósticos porque es fácil, después de que Lilita y yo fuimos abriendo caminos." (Roberto Cachanosky)

2. "No pude estar en Santa Fe cuando salió la ley suspendiendo los desalojos rurales porque estaba haciéndole el aguante a otros pequeños productores amenazados por un desalojo, como Etchevehere y Biolcatti." (Eduardo Buzzi)

3."El apoyo de Menem a la candidatura presidencial de Scioli es una clara maniobra del kirchnerismo para hacerla fracasar, y que el gobernador pierda su otro brazo." (Joaquín Morales Solá)

4. "Me opongo a que el predio de la Rural lleve el nombre de mi padre porque el único que se puede aprovechar políticamente de su memoria soy yo." (Ricardo Alfonsín)

5. "Caminen, chicas, caminen; hasta la carpa de la Rural para resistir el desalojo, que hace falta gente." (Lita de Lázzari)

6. "Para viajar a Miami no me quedó más remedio que aceptar que Cablevisión me pagara los pasajes y la estadía, porque el gobierno no dejaba comprar dólares." (Francisco De Las Carreras)

7. "A mí me parece Lilita que este es el momento oportuno para presentar una cautelar en la justicia pidiendo que declaren que la elección presidencial la ganaste vos." (Fernando Iglesias)

8. "Si se cae lo de Darín, todavía nos queda el banco de arena a la entrada del puerto de Mar del Plata." (Héctor Magnetto) 

9. "Averigüemos en que provincia nació Darín, y ya tenemos otro candidato a gobernador; siempre que no quiera que yo le explique como creció mi patrimonio." (Mauricio Macri)

10. "A la Fragata Libertad la manejaba Fuerza Bruta." (Elisa Carrió)

11. "Fiesta va a ser la que vamos a armar los radicales cuando recuperemos el tren urbano, que vaya uno a saber donde lo pusimos." (Mario Barletta)

12. "La oposición sigue dividida, fíjense que Miguel Del Sel hace pretemporada en Carlos Paz, y Nito Artaza en Mar del Plata." (Aníbal Fernández)

13. "Para que no me pase lo del otro día ya voy preparando el tweet deseando Felices Pascuas." (Hermes Binner)

14. "Me criticaron a mí porque andar en bikini en la playa porque todavía no salieron de recorrida Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich y Carrió." (Victoria Donda)

15. "En Jesús María va van varias yegüas que se mueren, y la de la Rosada sigue en pie." (Héctor Magnetto)

16. "Conozco el caso de Redrado y ésta chica Salazar, y oí rumores sobre Prat Gay y la diputada Donda; pero quiero aclarar que con Mirtha Legrand somos solo amigos." (Roberto Lavagna)

17. "Me pareció bien que la presidenta reconociera que a mí me voltearon con los saqueos, ahora me gustaría que a la Avenida de Mayo le pongan mi nombre." (Fernando De La Rúa)

18. "Esto de Macri en la carrera de kártings me hace pensar si no cometimos un error transfiriéndole los subtes." (Florencio Randazzo)

19. "Desmiento terminantemente que los gansos capturados vivos en la autopista Santa Fe-Rosario pertenezcan al Gabinete Joven." (Hermes Binner)

20. "En Necochea pasan cosas más graves que el intendente inaugurando una pileta de lona: no se olviden cuando me robaron a mí una mesa que ganaba en las elecciones." (Adolfo Rodríguez Saá)

21. "Si TN pasa como actual una noticia de hace cinco años, bien puedo yo desear en Twitter "Feliz Navidad" cuando era Reyes." (Hermes Binner)

22. "Vayan hasta la casa de Hermes y avísenle que el partido se suspendió, acabo de ver en Facebook las fotos que le sacaron desde el patio y sigue sentado frente al televisor esperando que empiece." (Raúl Lamberto) 

23. "Una lástima lo sucedido en el clásico rosarino, nos quedamos con las ganas de ver en acción a grandes jugadores como Aldo Pedro Poy y "Cucurucho" Santamaría." (Hermes Binner)

24. "Me indigna que estén diciendo algunos que si Shakira hubiera tenido su hijo con Antoñito, en lugar de Milan le hubieran puesto "Salame"." (Fernando De La Rúa)

25. "Más que la de Chávez en el diario "El País", fotos falsas son ésas de Macri donde aparece laburando." (Aníbal Fernández) 

26. "La candidatura de Rocío Marengo en el PRO duró menos que la mía a presidente." (Ernesto Sanz)

27. "¡Si me hunden el Santísima Trinidad me vuelvo loco!" (Pino Solanas)

28. "Quiero desmentir que esté pensando en ofrecerle la jefatura de la policía de la provincia al Capitán Menganno." (Antonio Bonfatti) 

29. "Ante la inviabilidad del proyecto reeleccionista, el kirchnerismo piensa en una solución a la holandesa: Cristina abdicaría en favor de su hijo Máximo." (Joaquín Morales Solá)

30. "Si hasta Grondona desiste de seguir en el poder más allá del 2015, la presidenta debería decir que no va por la re-reelección." (Luis Majul)

31. "Ahí tienen los que preguntaban por la diferencia entre nuestra propuesta y la de Macri: el coloca rejas en las plazas, y nosotros las sacamos de la Casa de Gobierno, el primer día." (Hermes Binner)

PROGRAMACIÓN LOCAL Y DISTINTA VARA

Distendidos, café y vasitos de agua de por medio, pasaron revista a la actualidad.

Casi como en una versión local de "A Dos Voces"; campanéandola de afuera, como observadores.

Si no fuera que uno es gobernador de la provincia de los narcoescándalos, y el otro el presidente de uno de los principales partidos de la oposición al gobierno nacional (y que integra la coalición oficialista en la provincia), estaría todo bárbaro.

De última si no te gusta, podés cambiar de canal y listo.

Y en otro desorden de ideas, a nosotros estas cuestiones nos chupan un huevo, pero hay gente (los socialistas o radicales, sin ir más lejos) que les dan una importancia extraordinaria; por lo que nos preguntamos:

¿Es correcto que una actividad partidaria del gobernador (en compañía de uno de sus asesores, dato omitido en la crónica) figure colgada en la página web oficial de la provincia como si fuera una noticia institucional?:

  
Acá el desarrollo de la noticia, con más placas gráficas de la tertulia, por ejemplo ésta otra:

Lo cual desorienta más todavía cuando vemos ésta otra noticia:

Y el ítem que encabezaba (ver recuadro en rojo) cierta solicitada publicada en los diarios días pasados:

A LO HECHO, PECHO

Para los que no se enteraron de que se trata, el caso fue ampliamente tratado en las redes sociales y la blogósfera nac & pop: ver detalles acá en Artemio, acá en Barricada y acá en El Pibe. 

Ahora bien, ésta reculada es un clásico, que nadie se lo cree: dijiste lo que dijiste, que es lo que pensás; y lo que les gusta escuchar a la mayoría de tus votantes.

Y por eso lo dijiste además, porque de ese modo demostrás que sos macho, que te la bancás y vas en serio contra los K, sin medias tintas.

Después vienen los Durán Barba y otros que miden la repercusión de todo, y -logrado el efecto en la tropa propia- te mandan al frente con ésto, para empezar como piola, y terminar en el lugar de la corrección política, cerrando el círculo.

Ese lugar que presuntamente ocupa el experimento amarillo de Macri, con los globitos, las buenas ondas, bajar los decibeles para plantear una agenda constructiva y toda esa sanata.

Y hasta hacen del vicio virtud, lo que comprueba que todo es parte de la misma estrategia de posicionamiento político, el exabrupto y la disculpa.

Y si no vean acá al diputado Angelini, del PRO santafesino; célebre por su intento de censurar a La Pulpo, y por estar obsesionado con los contratos de Fito Páez:

Suponemos que el "líder" del cual se siente orgulloso es Del Sel y no Macri, por eso de "no le tire la culpa a otros". 

Más o menos lo mismo pasó en su momento con las barbaridades que éste mismo coso dijo respecto a la AUH y los embarazos adolescentes, es un estilo y una forma de hacer política: parte de la "nueva" política de Mauricio, que copia todos los peores vicios de la vieja, al parecer.

Y no termina de quedar claro en que se le fue la mano a Miguelito: si en lo de vieja (dicho como un insulto: ¿un anticipo de las políticas previsionales de un eventual gobierno macrista?), en lo de chota o  en lo de hija de puta; o en el machismo explícito de sostener que una mujer para conseguir algo en la vida, debe prostituirse.

Poco hombre mi amigo por haberlo dicho, aunque sea ante otro payaso que se disfraza de mujer para hacer reír; o intentarlo.

Y menos hombre todavía no hacerse cargo: si lo dijo, es porque lo piensa; y si no piensa lo que dice, dedíquese a otra cosa, no a la política, que es algo serio.

Aunque haya gente como Del Sel, que haga que lo pongan en duda.

SOBERANAS INCOHERENCIAS

Por más que uno haga el esfuerzo y trate de seguirlos, a veces se hace difícil; por no decir imposible. 

Decíamos ayer acá que el acuerdo firmado por el gobierno con Irán para lograr las declaraciones de los imputados en la causa por el atentado a la AMIA era una apuesta riesgosa que iba e levantar críticas, algunas de ellas bastante disparatadas; como que era "una inaceptable cesión de soberanía".

Ahora bien, supongamos que alguien está de acuerdo con esa crítica en particular; lo que no se entiende entonces es que al mismo tiempo se critique la respuesta de nuestra cancillería al pedido de explicaciones del Estado de Israel, que citó a nuestro embajador allá como si la decisión del gobierno argentino hubiera sido en contra suyo, o de los intereses de ciudadanos israelíes que vivían en la Argentina; en éste caso las víctimas del atentado.

Lo que el comunicado oficial dice (que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos argentinos) es una obviedad, y es al mismo tiempo el fundamento político que desde 1994 para acá se les ha esgrimido (con razón) a todos los gobiernos y a la justicia argentina, para que extremen sus esfuerzos para esclarecer el atentado.

Es decir, cualquiera sea la hipótesis que se tenga respecto a los causantes y motivos del crimen, que se deje de lado -a la hora de poner el aparato institucional del Estado tras el objetivo de esclarecerlo- la cuestión de las disputas en Medio Oriente, los prejuicios antisemitas (muy arraigados en la Argentina, como en muchos otros países), y se investigue hasta las últimas consecuencias la muerte de 85 personas, por un hecho criminal sucedido en el país.

Como también hay otro punto del comunicado de la cancillería que remarca una obviedad: jamás el Estado argentino ha citado al embajador israelí en Buenos Aires para pedirle explicaciones por actos de su gobierno, en tanto no conciernan directamente a la Argentina, o a ciudadanos argentinos residentes en Israel. Y no es que falten hechos por las cuales el Estado de Israel deba dar explicaciones: son las reglas elementales de juego de las relaciones entre países soberanos.

Lo que sí ha hecho la Argentina muchas veces (en los organismos multilaterales de los que forma parte) es apoyar pronunciamientos condenatorios de acciones específicas del Estado de Israel, por ejemplo en la Franja de Gaza o con la cuestión de los refugiados palestinos; pero en ése contexto; en el cual un grupo importante de países le reclama a otro que también es miembro de la misma organización (por caso la ONU), por actos de su gobierno que son violatorios de los principios del propio organismo, o de convenciones internacionales de derechos humanos que se han gestado en ese marco.

La incoherencia radicá acá en que, para preservar su soberanía, la Argentina no debería haber firmado el memorándum de entendimiento con Irán, respondiendo a los imperativos de la política exterior de otro país, que sería Israel.

Que es más o menos lo mismo que se dice acá:  

Acá el cuestionamiento parece no ser ya la presunta cesión de soberanía, sino los concretos (y presuntos) alineamientos internacionales de la Argentina; a partir de las decisiones (justamente soberanas, que se las comparta o no es otra historia) que toma su gobierno en política exterior.

Es decir estaría mal "alinearse" con determinado país (Irán), porque eso significa "dejar de alinearse" con otro u otros (EEUU e Israel); sin considerar las relaciones bilaterales concretas que la Argentina tiene con cada uno de esos países, sino los conflictos que éstos tienen entre sí.

Con ese criterio, habría que andar por el mundo con una especie de "Guía Filcar" de la diplomacia internacional, que oriente a cada paso las decisiones para saber si podemos o tener relaciones o vínculos con un país determinado, pero eso sí: nos dicen todo el tiempo que "estamos aislados del mundo".

O cuestionan al régimen de Teherán por cuestiones como el negacionismo del Holocausto, o su propia organización social y política interna (lo que no quiere decir que esos aspectos no merezcan críticas), pero nos piden que intensifiquemos los vínculos con China, que además de tener fluidas relaciones con Irán (como Brasil, el "país serio") que no se caracteriza precisamente por ser una democracia con pleno respeto de los derechos humanos y las garantías republicanas; pero claro: con la soja de los chanchos, no se jode. 

Ejemplos al paso de estas incoherencias soberanas, como cuando hace poco reclamaban por la vuelta de la Fragata Libertad (cuyo embargo fue considerado "una afrenta para nuestra soberanía"); para lo cual los evasores exigían que se "honraran las deudas", pagándoles a los fondos buitres, aun en contra de decisiones soberanas del Estado argentino; como los dos canjes de deuda externa, aprobados por sendas leyes del Congreso.

O los que se indignan porque un juez y un fiscal argentino viajen a otro país a tomar declaraciones indagatorias en una causa judicial; pero reclaman que le dejemos al FMI meter las narices en la economía del país como hacía antes, con la excusa de la deficiencia de las estadísticas del INDEC. 

Después no nos asombremos de que los que despotrican contra "la monarquía cristinista", o califican a Cristina como "reina" despectivamente, se hagan encima con la perspectiva de que Máxima sea reina de Holanda.

Al fin de cuentas, de las doñas Rosas a los columnistas de los principales diarios, son más o menos lo mismo: expresiones del eterno gataflorismo nacional.

DE COMO RECUPERAR LO PERDIDO, PARA VOLVERLO A PERDER

Así que según Sciara, la solución al reclamo que está haciendo Scioli desde la provincia de Buenos Aires por la coparticipación federal, sería volver al esquema de la ley de 1988.

El problema es que fue justo en esa ley (23.548, el texto acá)  que Buenos Aires pasó de tener el 27,99 % del total de la masa coparticipable que iba al conjunto de las provincias según los parámetros de la Ley 20.221, al 19,93 % que tiene en la actualidad; y que es lo que disparael reclamo de Scioli.

Otro tanto pasa con el famoso 15 % que va a la ANSES: tendría que aclarar Sciara que se compone de recursos que aportan las provincias (el 8,501 %), pero también la Nación (el 6,499 % restante); como consecuencia de una afectación específica dispuesta originariamente por la Ley 24.130 (1992), y prorrogada en varias oportunidades, la última de ellas por la Ley 26.078 (2005).

No por un DNU como insólitamente dice acá el diputado radical por Santa Fe Mario Alvarez.

Por supuesto que poner o sacar una afectación específica de impuestos nacionales es más sencillo que reformar la ley de coparticipación: para lo primero la Constitución exige que la ley que lo disponga sea sancionada con la mayoría absoluta del total de los miembros de cada Cámara (artículo 75 inciso 3.), y para lo segundo además de eso (y de que el proyecto tenga entrada por el Senado), un acuerdo entre la Nación y las provincias, refrendado por todas las legislaturas provinciales y la de la CABA (artículo 75 inciso 2.).

El problema es que hacer eso (sacar la afectación especial del 15 % de la masa precoparticipable que va a la ANSES) además de desfinanciar a la seguridad social y achatar los aumentos futuros de los jubilados y pensionados nacionales (como se explicó acá), significaría que, si se puede sacar por ley esa afectación especial, también se la pudo poner.

Como lo hizo en el 2005 la Ley 26.078 (que Binner votó favorablemente siendo diputado nacional), que es justamente la ley cuya constitucionalidad impugnó el gobierno de Santa Fe (con Binner gobernador, un hombre, dos caras sobre el mismo asunto) ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, vía el estudio de Gil Lavedra.

O sea que si le hicieran caso al ministro de Economía de Bonfatti, la provincia perdería el juicio aun en trámite, porque le bastaría al gobierno nacional invocar la "doctrina de los actos propios" para poner de manifiesto la incoherencia socialista en éste punto.  

Y respecto del famoso 34 % de "piso" de garantía de recursos a ser transferidos a las provincias, la discusión no es como se lo computa, porque la propia Ley 23.548 que invoca Sciara es muy clara al respecto en su artículo 7: "El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.".

El problema es que ese aspecto de la ley ya no rige más, justamente entre otras cosas, por las afectaciones especiales de la Ley 24.130 y las que establecieron muchas otras que crearon con posterioridad nuevos impuestos nacionales, con sus propios esquemas de distribución. En el documento conjunto que en su momento elaboramos con el Movimiento Evita (al que pueden acceder acá) el punto está desarrollado en detalle, y ahí nos remitimos.

Esas son las razones por las cuales ninguna provincia (ni siquiera Santa Fe, como se demostró acá) ha iniciado juicio alguno reclamándole a la Nación que cumpla ese famoso "piso"; que además es superado como vimos acá.

OTRO ANTICIPO DE NESTORNAUTAS CONFIRMADO

En el video de apertura (copyright Barricada) Cristina le anunciaba días pasados a Henn (porque Bonfatti estaba de vacaciones) la firma de la resolución del Ministerio de Economía de la Nación aprobando la adjudicación de la zona franca de Villa Constitución a una UTE integrada por empresas rosarinas y bonaerenses.

La resolución completa la pueden ver acá en el Boletín Oficial de ayer; cosa que se ocupan de destacar en ésta nota el diario del Loco Lindo, como sin no le creyera a Cristina hasta que la vio publicada; en fin.

De la resolución nacional nos interesa destacar tres aspectos, que no fueron contemplados en éste decreto de Binner que adjudicó originariamente la zona franca, ad referéndum de la Nación; y que son exigencias que se les imponen a las adjudicatarios:

1. "Los integrantes de ZOFRAVILLA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS mencionadas en el Artículo 1° de la presente medida, no deberán poseer deudas líquidas y exigibles impositivas, aduaneras y/o de seguridad social; acreditar la presentación de las correspondientes declaraciones juradas determinativas de tributos respecto de los cuales estuvieran obligados y probar una situación financiera solvente."

2. "Establécese como condición, el compromiso de ocupación de un mínimo de trabajadores similar a lo expresado en el proyecto de explotación y administración de la Zona Franca Santafesina, el que deberá mantenerse y/o incrementarse dentro del primer año que comience a funcionar."

3. "El adjudicatario y/o los usuarios de la Zona Franca Santafesina que operen con mercadería que se clasifica en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 1201.90.00 de origen extranjero, deberán acreditar que por cada tonelada de mercadería a importar temporalmente, han adquirido CINCO (5) toneladas para procesamiento de mercadería de origen nacional."

Al día con los impuestos, mantener o aumentar los puestos de trabajo comprometidos, y el famoso cinco por uno peronista, en versión aggiornada: por cada mercadería ingresada por importación al país por la zona franca, deben adquirir cinco toneladas producidas en el país.

Y lo último que nos interesa destacar es éste apartado de la nota de El Litoral, que tiene que ver con la conformación de las empresas que están agrupadas en la UTE adjudicataria:

Algo que fue dicho en su momento acá y acá.

Lo curioso es que el hecho era conocido ya en el 2011, cuando Binner firmó la adjudicación original; pero recién es destacado ahora, cuando la Nación la aprueba.

¿Alguna cola de paja tal vez?

LAS PRUEBAS DE LA HORMIGA

La vuelta de un clásico: año electoral, y el himenóptero progresista (aunque en éste caso con banca de De Narváez, hombre ducho en estas cuestiones de fármacos y químicos si los hay) vuelve con la carpeta cargada de denuncias; en éste caso por cosas sucedidas años ha, y en sintonía con la pitonisa naranja.

Y vuelve como vemos luego de una ardua investigación (como aquélla de las célebres cajas que venían de Washington) que la lleva a concluir en que el responsable de brindar protección política a los que luego serían víctimas del triple crimen de General Rodríguez, es Aníbal Fernández, (a) "La Morsa".

En exclusiva Nestornautas les muestra las pruebas de la denuncia de ésta verdadera combatiente contra el crimen, a la que acá vemos cuando (en su identidad secreta, y con el que sería su Robin detrás) combatía la gripe A, con los resultados conocidos:

Las contundentes pruebas de la denuncia consisten en un video anónimo que le hicieran llegar a Ocaña, donde se lo vincula al ex Jefe de Gabinete con el sonado caso (en lenguaje figurado, claro, para proteger al denunciante), el que podemos ver acá:

Si después de esto la justicia no actúa, será otra muestra evidente de que ha sido cooptada por el kirchnerismo; para garantizarse impunidad.

ACELERADOR A FONDO

De todas las tapas de los diarios que reflejan los anuncios de Cristina de ayer elegimos la de El Cronista, porque aun con las cortapisas del caso -que tienden a bajarle el precio a las medidas-, da en el blanco: lo que el  gobierno busca es alentar el consumo popular, para acelerar la recuperación económica luego de que la propia Cristina anunciara ayer que el PBI creció en 2012 un 1,8 %; tras los impactantes números del 2011.

Desde luego que una recorrida por la prensa opositora arroja un panorama desalentador: los anuncios son insuficientes, la inflación se devoró las mejoras y los jubilados siguen ganando una miseria, porque no se implementa el 82 % móvil, o la ANSES no paga los juicios.

Y también tendrán cabida allí las previsibles quejas opositoras (en espejo y a la zaga de la línea editorial de esos medios) y del sindicalismo (aun oficialista), que dirá que la suba del mínimo no imponible de Ganancias fue insuficiente, o que hay que rediscutir las bases del impuesto.

Esto último algo razonable, pero poco probable que el gobierno lo plantee en un año electoral; porque si se sustraen recursos de un sector (en éste caso el de los trabajadores de mayores ingresos) habrá que buscarlos en otro, y el recuerdo de las retenciones móviles sigue allí, más los intentos de forzar una devaluación vía escapada del dólar blue, y las presiones inflacionarias.

Tampoco faltará algún poco avispado (¿Binner?) que diga que las medidas anunciadas por el gobierno -sobre todo el retoque de Ganancias- afectan recursos de las provincias; en otra vuelta del síndrome del gataflorismo al que son tan afectos, sin precaverse que lo recuperarán por vía del mayor consumo, que se traduce en mayores ingresos fiscales por IVA e Ingresos Brutos.

O que cuestione las cifras oficiales sobre desempleo en el marco de la crisis de credibilidad de los números del INDEC, pero lo cierto es que no se verifica socialmente un proceso de destrucción de empleo, como consecuencia de la desaceleración económica; y eso en buena medida obedece a las medidas contracíclicas tomadas por el gobierno, aunque no existan en la otra vereda muchos dispuestos a reconocerlo.

El anuncio del nuevo aumento a los jubilados no por rutinario deja de ser noticia, en tanto se trata de un logro institucional del kirchnerismo (la ley de movilidad), sostenido contra las críticas opositoras en su momento que -para variar- se demostraron desacertadas.

Un sistema de movilidad jubilatoria que (como se dijo acá, con un simpatico recordatorio de quienes lo votaron en contra) viene siendo desde su puesta en marcha a fines del 2008 la mejor paritaria de todas, otorgando aumentos que están por encima incluso de las estimaciones inflacionarias privadas, posiblitando recuperar capacidad de consumo para sus beneficiarios; sin que esto implique sostener que las jubilaciones y pensiones tienen un nivel óptimo ni mucho menos. Acá hay otras cifras ilustrativas del impacto del anuncio. 

Sin embargo aun medida desde la lógica de la sustitución del haber del trabajador en actividad (que para el esquema del kirchnerismo ha sido secundaria, porque privilegió la ampliación de la tasa de cobertura del sistema), la ley de movilidad también viene produciendo resultados nada despreciables como se señalaba acá con cifras; y constituye hasta aquí un modelo sustentable.

Cosa que dejaría de ser si -por ejemplo- hubieran prosperado los reclamos judiciales de cierto progresismo republicano y federalista para que las provincias dejaran de aportar una parte de la masa coparticipable (junto con la Nación) para destinarla a financiar la seguridad social; acá tienen más detalles al respecto.

Amén de que, obviamente, los aumentos semestrales a los jubilados serían menores, porque la fórmula de movilidad se alimenta (entre otros factores) de los recursos tributarios afectados al sistema.

Los anuncios sobre Ganancias tienden a descomprimir el frente sindical y lanzar una señal de cara a la apertura de la discusión en paritarias, donde algunos gremios (que agrupan al vértice de la pirámide retributiva de los trabajadores formalizados) habían puesto como pre-requisito que se resolviera el tema, antes de sentarse a conversar.

Y aunque sea difícil encontrar en el sindicalismo quien diga que la suba del mínimo no imponible lo satisface, es también muy difícil que -a partir del anuncio de Cristina- se puedan vehiculizar protestas públicas por ese motivo, mientras se discute con los empresarios en paritarias el reajuste de los salarios.

Si las movilizaciones del tándem Moyano-Micheli-Barrionuevo del 20N (con su secuela de vandalismo lúmpen en diciembre, al que hicieran una módica contribución no determinada fehacientemente aun) fueron escuetas antes, se puede aventurar sin mayores riesgos que lo serían más en éstas circunstancias; cuando los apremios del común de los laburantes promedio son otros.  

Los anuncios de Cristina van en línea con el ADN kirchnerista de redoblar la apuesta en circunstancias dificultosas, y alinear la economía detrás de los objetivos políticos: si es cierto que éste año en las legislativas se jugarán buena parte de las chances de impulsar la reforma constitucional para la re-reelección (o al menos de mantenerse en el centro del ring, con chances de incidir en el proceso sucesorio), queda claro que el kirchnerismo ha elegido jugar el partido con las herramientas que más conoce, y que le han dado buenos resultados en el pasado.  

Mientras tanto en la vereda opositora aumenta la fragmentación, y los posibles prospectos de candidatos presidenciales afrontan problemas de diversa índole: Macri sigue chocando contra los límites de su construcción política (al respecto Lucas ensaya acá una más que interesante interpretación) e insiste en cholulizar las listas del PRO, Binner está atrapado en los coletazos del narco-escándalo y decide defenderse con una memorable solicitada, y De La Sota está enfrascado en una cruzada contra las antenas de la TV digital, mientras busca amigos en la justicia federal para zafar de pagar deudas; porque se le quema el quincho (financiero).

Algo parecido le sucede (puertas adentro del kirchnerismo, al menos por ahora) a Scioli con su reclamo por la coparticipación, que busca una línea de diferenciación política con el gobierno nacional de altísima complejidad jurídica, y más inviables aun posibilidades de acumulación política hacia el conjunto del peronismo; donde es poco probable que otros gobernadores acompañen su movida, favorecidas como están sus provincias con el actual esquema de reparto de los tributos nacionales. 

Acelerador a fondo entonces es la receta, que hasta acá dio buenos resultados cada vez que se abrieron las urnas desde el 2003; con la excepción del 2009, en un contexto absolutamente distinto al actual como bien señala acá Artemio.

SOBRE EL ACUERDO CON IRÁN POR LA CAUSA AMIA

El acuerdo firmado por el gobierno con Irán para lograr que la justicia argentina pueda interrogar en territorio iraní a los presuntos autores del atentado a la AMIA es una jugada no exenta de riesgos; que trata de sacar la causa judicial del pantano en que se encuentra respecto de la conexión internacional.

Sabido es que el fiscal Nisman ha desarrollado la línea investigativa de la responsabilidad del Estado iraní en el atentado (que muchos cuestionaron, hasta un insospechado de kirchnerista como Lanata), e imputado a distintos funcionarios y ex funcionarios del régimen de Teherán; con el consiguiente pedido de captura internacional vía Interpol, que no ha podido ser cumplido porque Irán lo desconoce y no admite responsabilidad en el hecho.

Por lo pronto y apenas conocida la noticia (consistente en el comunicado conjunto de ambos países) el anuncio quedó rápidamente atrapado por la lógica kirchnerismo-antikirchnerismo que se termina devorando todos los temas del debate político nacional: bastó que Cristina lo anunciara, para que desde el núcleo duro de la oposición salieran a tirarle con todo.

Desde que es una falta de respeto a las víctimas de la tragedia hasta que viola nuestro orden constitucional o avasalla la independencia de la justicia (algo curioso, porque se trata de lograr que logre su cometido de tomar declaración a los imputados como presuntos autores), o es una inaceptable cesión de soberanía.

Disparates varios porque lo que el Estado argentino está haciendo es buscar una vía de entendimiento con otro país que -hasta acá- no dio muestras de cooperación para esclarecer el atentado; algo que por cierto tampoco hicieron ni Israel, ni los Estados Unidos más allá de orientar la hipótesis de Nisman a través de la CIA y el Mossad; pese a que deben manejar cúmulos importantes de información sobre terrorismo en el mundo, sobre todo si es de grupos o gobiernos islámicos.

Tal como lo anticipó Cristina cuando anunció hace meses el inicio de las tratativas con Irán, el acuerdo será puesto en conocimiento de los familiares de las víctimas en sus detalles, y sometido para su ratificación al Congreso nacional: una respuesta a las quejas de que el kirchnerismo no respeta la división de los poderes, o gobierna en base al secretismo.

Y aun cuando el gobierno hiciese valer sus números para imponer la aprobación (cosa que está aun por verse, e incluso si se lo propone como meta), todos los que tengan algo que decir al respecto podrán opinar cuando se lo discuta en sede legislativa.

Por supuesto que la opinión que mayor atención merece es la de los familiares de las víctimas (que tampoco están en un todo de acuerdo entre sí al respecto), a los que hay que brindarles la más completa información sobre los alcances del acuerdo, y las mayores garantías de que no significará retroceder en los avances de la causa, que por cierto no han sido muchos.

Menos consideración merece para nosotros la opinión de las entidades que nuclean a la comunidad judía, porque suelen ir a la zaga de las directrices de la política exterior del Estado de Israel, que tiene sus propias prioridades y objetivos en la relación con Irán.

Y si el gobierno de éste país es objetable por cosas como la negación del Holocausto, lo cierto es que la pista que investiga la justicia argentina conduce al régimen de Teherán, y no a otro país; y por ende es con los iraníes que había que buscar un camino de entendimiento, como lo ha intentado el gobierno.

Es curioso que los que le endilgan constantemente al kircnherismo no tener vocación de diálogo se nieguen de plano a que se hagan tratativas con otro país, para tratar de resolver un hecho que lo involucra necesariamente.

Haber realizado negociaciones con el régimen de Ahmanidejad no coloca a la Argentina como un país negacionista del Holocausto; y de hecho, todos los gobiernos argentinos anteriores al kirchnerismo sostuvieron relaciones diplomáticas con Irán, aun durante el gobierno de los ayatollahs.

Y si medimos las cosas con ese rasero, habrá que recordar que tenemos relaciones diplomáticas con el Reino Unido, que ocupa ilegítimamente nuestra Malvinas y se niega a discutir su soberanía mediante negociaciones bilaterales.

Si el acuerdo produce frutos (algo que no es fácil ni mucho menos, considerando por ejemplo que los imputados tienen el derecho de negarse a declarar), el kirchnerismo se habrá anotado otra baza en la búsqueda de la verdad y la justicia en éste caso; en el que muchos de los que hoy critican la movida no hicieron nada cuando les tocó ser gobierno, y otros que hoy se preocupan por el dolor de los familiares de las víctimas, pusieron como jefe de policía al "Fino" Palacios, con fortísimos vínculos con la conexión local del atentado.

Y si no resulta es probable que el gobierno pague costos, pero en política el que no arriesga no gana; como dicen.       

UNA LEY DE MINISTERIOS PARA BARLETTA

Conociendo lo calentón que es enano, la reacción era previsible: el Secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, le mojó la oreja preguntándose por que los radicales y él no hablaban ni decían nada de la crisis de seguridad de la provincia (varios nos preguntamos lo mismo, habrá que decir); siendo que son parte del gobierno en Santa Fe, y Barletta reaccionó como siempre: calentándose, mal, y revoleando descalificaciones a diestra y siniestra.

Y como vemos en la captura, del asunto en sí (el narcotráfico y sus implicancias) habló poco y nada, repitiendo el libreto del socialismo; es un delito federal, nos sacan los gendarmes, no hay radares para los aviones, etc.

Se dedicó mas bien a devolverle los dardos a Ramos, apuntándole a su gestión en Transporte, o más bien a lo que pasó en el área antes de que él asumiera cuando estaban Jaime primero, y Schiavi después; personajes a los que nosotros no vamos a defender ni mucho menos: somos los primeros en reconocer que es una de las áreas más deficitarias de los gobiernos kirchneristas.

El problema es que Ramos vino después al área, incluso como consecuencia de la tragedia de Once, donde hubo 51 muertos como consecuencia de un accidente que pudo evitarse -en parte- si se hubiera controlado adecuadamente el estado de la infraestructura ferroviaria y el cumplimiento de los servicios por parte de los concesionarios.

Dicho esto, atribuirle como hace Barletta (aunque luego pretenda relativizarlo) a Ramos las 7500 muertes anuales que se producen en el país por accidentes de tránsito, es como mucho; sobre todo porque el propio Barletta las atribuye a la falta de infraestructura vial, lo que no es responsabilidad del Secretario de Transporte, sino de la Dirección Nacional de Vialidad, de los concesionarios de las rutas y de las provincias y municipios, que tienen sus propias Direcciones de Vialidad.

Como la Municipalidad de Santa Fe (de la que Barletta fue intendente cuatro años), que nos convirtió con el paso de los años en la capital nacional del bache; o como la provincia de Santa Fe, donde justamente la Dirección Provincial de Vialidad le tocó en el reparto dentro del FPCyS a los radicales, con el tristemente célebre Placenzotti.

Al respecto, y tomando apenas dos noticias de los diarios de hoy, vemos que el intendente radical de Santo Tomé se queja de que desde el gobierno provincial no tuvieron en cuenta sus reclamos para que se iluminara adecuadamente el tramo de la autovía de la Ruta 19 que atraviesa su ciudad, o que los presidentes comunales se quejan del desastroso estado de la ruta provincial 4 (causa de numerosos accidentes); porque el gobierno del cual es parte el partido de Barletta, nada hizo al respecto para mantenerla en condiciones en cinco años.

Y en el colmo de la calentura, Barletta le atribuye a Ramos responsabilidad en el embargo de la fragata Libertad (consecuencia de un reclamo de un fondo buitre, en el exterior) o en el alquiler de un avión para los viajes presidenciales (por temor a embargos sobre el Tango 01), y hasta en el hundimiento del Santísima Trinidad; o sea, cualquier verdura, porque son temas que dependen del Ministerio de Defensa, la cancillería o hasta la Casa Militar, pero ninguno de la Secretaría de Transporte.

Estaría bueno que alguno le alcanzara a Barletta una ley de ministerios de la Nación, para que le pegue una leída.

Pero lo peor llega cuando arremete con los trenes: se queja de que el gobierno nacional (cuando tampoco Ramos era funcionario, aclaremos) prometió el tren bala y no lo hizo, prometió el tren a Laguna Paiva y no lo hizo, y no le habilitó el famoso tren urbano (ése debe ser el verdadero origen del enojo); concluyendo en que en Transporte de la Nación hay papeles "que no deben estar tan ordenados".

Curioso, porque el tren bala fue una iniciativa del gobierno de Kirchner (discutible ciertamente, porque el sistema ferroviario nacional tenía y tiene otras prioridades) que no prosperó por causa de la crisis financiera internacional, y de la resistencia que generó en la opinión pública, incluso en sectores del propio oficialismo, por lo que el gobierno tuvo que desistir de la idea.

Si la hubiera impulsado contra viento y marea, seguramente hoy Barletta se estaría quejando de que desplifarró recursos en un proyecto faraónico.

Exactamente lo mismo que hizo él (a su escala) cuando fue intendente, con el tren urbano: insistir contra viento y marea, con un proyecto que no era prioritario para la ciudad, y que venía muy pero muy flojito de papeles.

Como que jamás fue discutido en el Concejo municipal ni figuraron en el presupuesto los fondos que se invertirían, ni los más de cuatro millones de pesos que gastó en comprar los trencitos; hoy olvidados, y que echó a rodar sin ninguna autorización de las autoridades nacionales del área.

El tren a Laguna Paiva, más que una promesa del gobierno nacional, era una idea de la propia gestión de Barletta (en la página web del municipio había una presentación -hoy suprimida- mostrando todos los ramales que iban a partir desde Santa Fe hacia distintas localidades del interior), como lo cuenta en éste audio (desopilante) un funcionario suyo de entonces.

Y hablando del tren urbano de Barletta, acá les dejamos el video del inolvidable viaje inaugural:

SEGURIDAD JURÍDICA

Cualquiera con un mínimo conocimiento del mundo de las relaciones internacionales sabe que el lenguaje predilecto de las cumbres y documentos internacionales, es el de la ambigüedad; lógica consecuencia de las diferencias políticas y de todo tipo que existen entre los países y bloques regionales o continentales, y el caso de la cumbre CELAC-Unión Europea celebrada en Chile, no fue la excepción.

Esa ambigüedad expresa además que esos documentos son menos compromisos jurídicos firmes y concretos que los Estados asumen (los que en todo caso aparecen en otras instancias de desarrollo del derecho internacional), que pronunciamientos de naturaleza política que dan cuenta de lo que los Estados están dispuestos o no a ceder ante otros Estados, en la compleja trama de las relaciones internacionales.

Aun así, cada palabra que se pone o se saca es meticulosamente analizada porque existen sobreentendidos comunes entre todos los que discuten, sobre lo que cada uno entiende por un término específico; en éste caso "seguridad jurídica", que fue al parecer uno de los motivos de más controversia en la cumbre; como da cuenta acá Clarín, con la rusticidad habitual de suponer que todo el mundo gira en torno a lo que haga o deje de hacer el kirchnerismo; luego de decirnos el resto del año que la Argentina como país, y su gobierno, están aislados del mundo y son irrelevantes.

Del mismo modo y con un análisis sesgado desde lo ideológico (como también lo hace acá La Nación), se pretende plantear las posiciones argentinas en la cumbre como una ocurrencia exclusiva de Cristina y un "eje del mal" que integrarían los países del ALBA (Venezuela, Ecuador, Bolivia), obviando el hecho de que también fueron apoyadas por Brasil, que siempre es colocado en el estante de los "países serios".

Para los europeos la "seguridad jurídica" tiene un significado claro: una vez establecidas las reglas de juego que los favorecen, no deben cambiarse y muy por el contrario, los demás Estados (en especial los subdesarrollados o periféricos) deben garantizar su vigencia, más allá de los cambios políticos que puedan producirse.

Apertura a la radicación de inversiones extranjeras, libertad absoluta para la remisión de dividendos y utilidades, reconocimiento pleno de marcas y patentes, seguridades sobre que no existirán planes de expropiación o nacionalización de empresas o sectores de la economía, eliminación de barreras arancelarias o para-arancelarias, libre acceso a las empresas extranjeras (en éste caso europeas) a las compras y contrataciones públicas, libre disponibilidad de divisas y remisión de utilidades: eso es la seguridad jurídica para ellos, que están en el polo desarrollado del mundo; aun con todos los problemas que atraviesan.

Usufructuando al máximo las estructuras gestadas a partir de los Acuerdos de Bretton Woods de 1944 (el FMI. la OMC, el GATT), y los instrumentos y herramientas que se fueron perfeccionando después, incluso con el despliegue mundial de las políticas neoliberales: el tribunal arbitral del CIADI, los tratados bilaterales de inversión con prórroga de jurisdicción y los acuerdos bilaterales (entre países o bloques de países) de libre comercio; entre los más relevantes.

Y aprovechando también hacia adentro (para proteger sus propias economías) todas las herramientas de proteccionismo económico disponibles, sin ruborizarse; algo perfectamente lógico por otra parte, y que sólo puede desconocerse por deshonestidad intelectual, o por desconocimiento de las reglas de juego con las que funciona la economía internacional, aun en tiempos de globalización.

Esa contradicción aparente del planteo de los países desarrollados (liberales en su política de inversiones y comercio hacia afuera, rígidamente proteccionistas hacia su interior) no es tal si se repara en que, sin ataduras ideológicas de ningún tipo (aunque las promuevan para los demás), persiguen el mismo objetivo, apelando a diferentes instrumentos: defender sus propios intereses.

Más aun en un contexto como el de la actual crisis, en el que tratan por todos los medios de hacer lo que siempre hicieron: sustentar en el aprovechamiento de los recursos y oportunidades de negocios del resto del mundo, la recuperación de sus economías, algo que los planes de ajuste y estabilización que vienen desarrollando (por consejo del FMI y el Banco Central Europeo) no pueden garantizar: bajo ese contexto (además del peso de las importaciones de combustibles en la balanza de pagos) se produjo, sin ir más lejos, la decisión del gobierno nacional de recuperar el control de YPF de manos del grupo español Repsol.

Para los países latinoamericanos en cambio, la idea de "seguridad jurídica" tiene un significado y alcance bien distintos: implica virtualmente un límite a la posibilidad del diseño autónomo de políticas económicas acordes con sus propios objetivos y necesidades nacionales; que no implican cerrarse al mundo (algo imposible de lograr, por otra parte, aun cuando se planteara como meta), sino integrarse a él; pero bajo sus propios términos. 

Cuando los países desarrollados les exigen a los nuestros "seguridad jurídica" -aunque no lo digan-, les están pidiendo cercenar las posibilidades del Estado de introducir regulaciones económicas que puedan afectar a sus capitales invertidos aquí; algo que, considerando el alto grado de extranjerización de nuestras economías, sería suicida aceptar, en términos de posibilidades de desarrollo.

La idea de "seguridad jurídica" está atada además al diverso modo como funcionan los sistemas políticos en Europa y en América Latina; y las también diferentes posibilidades que tienen de generar cambios.

Las convulsiones económicas y financieras que azotan a Europa desde el 2008 se suceden sin solución de continuidad, aun bajo un panorama político que marca derrota de los oficialismos y triunfos opositores en muchos países; que cambian así de gobiernos pero no de políticas: los desencantos que generan en algunos la socialdemocracia europea o los gobiernos socialistas sólo pueden atribuirse al desconocimiento de la naturaleza de esos sistemas de representación.

Que funcionan sobre un sustrato ideológico común (que viene siendo hace más de 20 años el del pensamiento neoliberal), pero por sobre todas las cosas, asfixiados por núcleos de intereses como los del sistema financiero; que ese sistema político no se atreve a desatar, cualquiera sea el signo de los gobiernos.

En América Latina por el contrario, (y en un proceso no exento de marchas, contramarchas y contradicciones) subyace la posibilidad de cambios gestados desde el sistema político y bajo reglas democráticas, que cuestionen la hegemonía intelectual del neoliberalismo; y los intereses fortalecidos en cada país durante la implementación de políticas basadas en esa hegemonía.    

Cambios que están sujetos en sus posibilidades de concreción a las contradicciones que existen al interior de los bloques regionales (Unasur, Mercosur, CELAC), como consecuencia de las diferentes estructuras productivas de los países (la mayor o menor dependencia del comercio exterior, la diferente gravitación del mercado interno, la disponibilidad de recursos naturales críticos), y de las contradicciones ideológicas y de intereses que cada uno de ellos tiene en su interior. 

No es casual que el proceso de crecimiento económico con mejora de los indicadores sociales que evidencian la mayoría de los países de América Latina en la primera década de este siglo, se haya dado en el contexto de decisiones estratégicas de política exterior, como el rechazo a la ampliación del ALCA en la cumbre de Mar del Plata de 2005, o a la ingerencia del FMI en el diseño de las políticas económicas.

Pretender explicarlo simplemente por una mejora de los precios relativos del intercambio comercial, o un ciclo de alza de los precios de los productos que nuestros países exportan, es un reduccionismo que desconoce como se imbrican las relaciones entre la economía y la política.

Las reservas que la Argentina (entre otros países) hicieron en la Cumbre de Chile a los reclamos europeos por mayor "seguridad jurídica" están vinculadas además a decisiones troncales de la política económica nacional, claves en el actual contexto de crisis: la reforma a la carta orgánica del BCRA ampliando sus potestades de regulación del sistema financiero, la expropiación de YPF y el control de los planes de inversión de las petroleras que operan en el país, los controles cambiarios y a los movimientos de divisas o los límites puestos a la distribución de utilidades a los capitales extranjeros radicados en el país (con mayor o menor precariedad, según las herramientas jurídicas disponibles en cada caso), serían lisa y llanamente imposibles si accediéramos a garantizar plena "seguridad jurídica" conforme nos reclaman.

En ese contexto es muy probable (como señalábamos acá) que se plantee en el ámbito de la CELAC un proyecto para que los países de la región que aun la reconocen (lo que no es el caso de Brasil, por ejemplo) denuncien la jurisdicción del tribunal arbitral del CIADI, o que el gobierno de Cristina presente un proyecto en el Congreso denunciando los tratados bilaterales de inversión firmados en la década del 90'.

Lo que no sería, ni más ni menos, que hacer lo que los propios europeos hacen: aplicar los instrumentos que se juzguen convenientes en cada caso, para defender mejor los intereses de sus respectivos países; aunque tengan que sacrificar valores supuestamente sagrados como la "seguridad jurídica".