Leemos en El Litoral detalles de la discusión que se abre en el Congreso a partir del envío del Presupuesto nacional 2012 por el gobierno de Cristina.
La nota va acompañada por un análisis de Hintermeister que repite la mayoría de las zonceras o lugares comunes que se dicen al respecto, especialmente en lo que nosotros destacamos en la imagen que está al inicio.
En primer lugar hay un grosero error metodológico en comparar el Presupuesto 2012 (que es una estimación de lo que se va a recaudar y gastar el año que viene), con el ejecutado 2011, para determinar la confiabilidad o no de las proyecciones del proyecto remitido por Cristina.
En todo caso la comparación debió ser en ese sentido con las estimaciones del Presupuesto vigente, que habrá que recordar además que es el 2010 reconducido a este año, al no haberse aprobado por el Congreso el correspondiente al 2011.
Por otro lado la preocupación por el déficit (algo que después analizaremos) es contradictoria con lo señalado en el cuerpo de la nota en cuanto a la preocupación de la oposición (compartida por el medio) por la subestimación de recursos que contendría el Presupuesto, y que le permitiría al gobierno disponer por DNU de 40.000 millones de recursos excedentes: si eso es cierto, el gobierno nacional tendría recursos para solventar sus necesidades de financiamiento.
Pero además siempre que se habló en el gobierno nacional de superávit (es decir mayores ingresos que gastos), queda entendido que es el que se conoce como superávit primario; es decir antes de la amortización de la deuda pública.
Justamente una de las virtudes del modelo implementado a partir del 2003 (incluyendo la reestruturación de la deuda, que disminuyó el peso de los servicios al 2 % del PBI por año, cuando era del 6 % al iniciarse el ciclo), fue generar las condiciones para contar con un Estado solvente, que pudiera financiar sus actividades, y generar recursos excedentes para cancelar la deuda ya reducida por la reestructuración que siguió al default del 2001.
La propia columna de Hintermeister deja claro que el déficit financiero se produce cuando hay que cancelar deuda; pero por contrapartida se achica el pasivo exigible al Estado argentino: debe menos.
Pero lo más disparatado (aparte de decir que este es un año en crisis, cuando culminará con un aumento del PBI que rondará entre el 8 y el 9 %), es la comparación con el vecino común que hace el columnista: porque no dice que hace ese vecino que no puede (según el ejemplo) pagar la tarjeta de crédito y otras deudas, por ejemplo si se declara en quiebra (como deberían hacer algunos Estado europeos), o contrae nueva deuda para pagar la vieja.
Porque el Estado nacional lo que viene haciendo es echar mano a todos los recursos de los que dispone para cumplir con sus compromisos (además de seguir funcionando e invirtiendo, lo que es uno de los motores del crecimiento), sin recurrir ni a ajustes por el lado del gasto (más allá de buscar una convergencia en el mediano plazo de la curva de gastos, con la de los ingresos), ni a tomar nueva deuda que soluciona el problema hoy, pero lo agudiza mañana.
Es decir, sin aplicar ninguna de las recetas tradicionales seguidas hasta acá en la Argentina, con los resultados por todos conocidos.
Son ridículos los cuestionamientos que se hacen en la nota (reiteramos: una repetición de zonceras extendidas) a las fuentes alternativas de financiamiento de las que el gobierno echa mano; propios de alguien que no conoce el funcionamiento en la práctica del aparato estatal.
Cuando se dice que el gobierno se financia con la inflación (se entiende que es porque hay rubros de recursos como el IVA y Ganancias que suben si aumentan los precios nominales), se oculta que, si hay inflación, también aumentan los gastos que el Estado debe afrontar por los servicios que le prestan, o los bienes que adquiere o consume, y por las inversiones que realiza; como también se oculta que justamente esos ingresos (que mejoran en términos nominales por el alza de precios) se coparticipan a las provincias; de modo que todos (hasta opositores como Macri y Binner) se financian del mismo modo.
Otra pavada importante del análisis es la referencia a los recursos del BCRA: aclaremos que suponemos que no está hablando del uso de las reservas de libre disponibilidad para cancelar los vencimientos de la deuda (la discusión del affaire Redrado), sino a la utilización de las utilidades que arroja el balance anual del Central, por ejemplo por los rendimientos que producen sus reservas, tanto en moneda como en tenencias de oro, por caso.
En primer lugar hay utilidades porque se acumularon reservas (otro pilar del modelo), y a más de éstas, habrá más de aquéllas. Es como quejarse (como lo hacen) de que use parte de esas reservas para contener la suba del dólar: para eso se acumularon.
Y en segundo lugar, el Banco Central (mal que les pese a los que creen en la zoncera de la "autonomía") es una entidad del Estado argentino, que además de acuerdo al artículo 3 de la Carta Orgánica aprobada por la Ley 24.144, garantiza todas sus operaciones y responde solidariamente por las obligaciones contraídas por él; de modo que cabría preguntarse quien si no ese mismo Estado, debería usar las utilidades que arroja el balance del BCRA, ¿probablemente los bancos privados, como en la Década Infame cuando fue creado?
El tercer argumento que cuestiona el financiamiento alternativo tiene que ver con el uso de "la plata de los jubilados"; y aquí también cabe una aclaración: no se estaría refiriendo el columnista a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), es decir los activos de las ex AFJP traspasados a la ANSES, sino a los recursos corrientes u ordinarios del organismo previsional.
Somos generosos: el uso en la nota de dos lugares comunes como "los recursos del BCRA" y "la plata de los jubilados", sin ninguna precisión, autoriza a suponer que el articulista en realidad repite la partitura escrita por otro, o toca de oído y, en realidad, no tiene mucha idea de lo que está hablando.
Pero volvamos al uso de los recursos de la ANSES: la nota omite ciertas precisiones indispensables para entender de que se habla, como por ejemplo si se estaría refiriendo a letras emitidas por la Tesorería General de la Nación, que suscriben organismos públicos (como también lo suele hacer el PAMI), aportando el dinero con el cual el Tesoro hace frente a compromisos durante el ejercicio financiero.
Esas letras tienen un vencimiento dentro del mismo ejercicio (año calendario), es decir son pasivo corriente, y devengan un interés a su vencimiento que acrecienta a su vez los recursos del organismo que la suscribió, como la ANSES, en cuyo caso "engordan" por así decirlo los fondos con los que hace frente al pago de las jubilaciones.
Hay también aportes puros y simples de los diferentes organismos al financiamiento del conjunto del gasto del Estado nacional, conocidos como Contribuciones Figurativas, porque tienen efecto neutro en la ejecución del presupuesto, ya que por un lado generan un gasto para el que aporta los recursos, y por el otro son justamente eso (un recurso) para el organismo que los recibe.
Pero además en el caso de la ANSES buena parte de los recursos corrientes u ordinarios con que se financia el sistema previsional provienen de la afectación de parte de la coparticipación de impuestos (el famoso 15 % que Binner reclama judicialmente, sin aclarar que también se afecta la parte que corresponde a la Nación), y de contribuciones lisas y llanas del Tesoro nacional a través de lo que se conoce como Obligaciones a Cargo del Tesoro; es decir que el Estado nacional contribuye a solventar el pago de los beneficios previsionales y las sentencias judiciales, porque el organismo previsional no podría hacerlo con los aportes personales de los trabajadores, y las contribuciones patronales.
Hay que aclarar además que alrededor de un 6 % de los más de 6,5 millones de jubilados nacionales son los que están llevando adelante juicios contra el Estado por reajuste de sus haberes, lo cual no es minimizar el problema; sino ponerlo en perspectiva cuando se habla (como se hace en la nota) de los que hacen cola para hacer los juicios.
Nota que, dicho sea de paso, reconoce explícitamente que la estrategia del gobierno de endeudarse intra sector público (con menores tasas de interés, y mayores posibilidades de refinanciación) es adecuada. Bueno sería que le reclamaran que volviera a tomar deuda en el mercado, como hacen todo el tiempo los gurúes de la city.
Pero para no gastar todo el tiempo analizando los números del Presupuesto nacional, veamos en
esta nota de La Capital el análisis que hace la diputada provincial del PJ Silvina Frana, de la ejecución del Presupuesto provincial 2011 que viene haciendo el gobierno de Binner.
Como se dice allí (basándose en datos oficiales), el Estado provincial acumula al 31 de agosto de este año un déficit de más de 940 millones de pesos, cifra que requiere de mínimas precisiones: arranca con un déficit primario (antes de la amortización de la deuda) de más de 872 millones de pesos (recordemos que el Estado nacional tiene superávit primario, antes de pagar la deuda); que se eleva al considerar las Contribuciones Figurativas, porque al gobierno de Binner no le alcanza con la transferencia de recursos intra sector público (como hace la Nación con los fondos de la ANSES y el BCRA) para solventar sus gastos, sino que se está comiendo ahorros: hecha mano de las llamadas disponibilidades financieras, es decir plazos fijos depositados en el sistema bancario.
Y ese déficit de más de 940 millones en ocho meses (que lleva a Frana a proyectarlo en 1500 millones para el final del ejercicio) hay que contraponerlo con el superávit previsto por Binner y su ministro Sciara en el Presupuesto 2011, del orden de los 25 millones de pesos (están diciendo que en el 2012 sería de 50 millones); es decir lo que no hizo el columnista al analizar el presupuesto nacional.
Como también dice Frana, ese déficit abultado se intenta poner en caja (a la inversa de la Nación) frenando el ritmo de la inversión en obra pública (la enorme mayoría del gasto es corriente); que se subejecuta año tras año; y -como se dice en la nota- pese a que en la provincia también se subestiman recursos y se terminan recaudando -año tras año- más que los previstos en el Presupuesto.
La diferencia es que Binner -y desde diciembre Bonfatti- los pueden gastar libremente por un decreto simple (de acuerdo a la Ley 12.510), y no un DNU que deba a posteriori ser ratificado por la Legislatura.
Esperamos ansiosos el análisis de Hintermeister del prespuesto provincial, pero si lo va a hacer como de la Nación, mejor que se dedique a hacer uno de sangre y orina.
