LO HICIERON SIN QUERER

Nos dice éste funcionario del gobierno provincial que ellos, desde que están en el gobierno, jamás (pero jamás de los jamases) han tenido la idea de discriminar a los intendentes y presidentes comunales del PJ.

Y elogia como de avanzada, el marco legal con el que cuenta la provincia para establecer como se distribuyen los recursos en Santa Fe entre el Estado provincial, los municipios y las comunas; con fórmulas muy objetivas.

Deben serlo, porque el socialismo (que llegó al poder en la provincia en diciembre del 2007) jamás les modificó ni una coma, y se trata en todos los casos de normas que existían desde mucho antes de su llegada al gobierno provincial; como lo explicábamos acá ante otro planteo similar de la diputada del FAP Alicia Ciciliani (como ven, los muchachos son disciplinados y aplicados a la hora de repetir un determinado libreto).  

Algunas de esas normas (como la que dice que los municipios y comunas deben recibir por lo menos el 50 % de la recaudación del Impuesto Inmobiliario) están en la Constitución provincial, que es de 1962.

Sin embargo, algo sí hizo el socialismo en cuanto a criterios de reparto de recursos entre la provincia, y sus municipios y comunas: cuando Cristina creó el llamado Fondo Soja (Fondo Federal Solidario), coparticipando a las provincias el 30 % de las retenciones a las exportaciones de soja, Binner decidió por éste decreto distribuir la parte que les toca a los municipios y comunas, en base a los mismos índices de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales.   

El problema es que el DNU de Cristina que creó el llamado Fondo Soja decía que las provincias (para recibir los recursos) tenían que repartir entre sus municipios y comunas, por lo menos el 30 % de lo que recibían; o sea que si quería, podía darles el 50 %, el 70 % o todo.

Y Binner por éste otro decreto decidió ser amarrete, y transferirles el mínimo, o sea el 30 %.

Quiere decir que, cuando les tocó fijar una pauta para distribuir recursos, no fueron precisamente generosos con los municipios y comunas.

Incluso en la Legislatura provincial tuvo media sanción en Diputados hace cuatro meses (por unanimidad, incluyendo los votos de los diputados del oficialista Frente Progresista Cívico y Social) para aumentar la participación de los municipios y comunas en el Fondo Soja al 50 %, y del 60 % sobre el excedente de lo previsto en el Presupuesto; y Bonfatti logró freezzarlo en el Senado merced al pacto con los senadores del PJ, Fapnelco mediante. 

Las normas de coparticipación provincial les parecen a los socialistas "de avanzada" (debe ser por eso que nos las modificaron), pese a que por ejemplo, en el caso de los impuestos nacionales coparticipables, Santa Fe les transfiere a los municipios apenas el 8 % de lo que recibe de la Nación, y a las comunas el 3 %; mientras desde el socialismo reclaman por ejemplo que se cumpla la Ley 23.548 (que ya no rige en éste aspecto, pero igual la invocan), y la Nación transfiera a las provincias por lo menos el 34 % de todo lo que recauda.

O sea, más del triple de lo que Santa Fe transfiere "para abajo" a sus propios municipios y comunas.

Y no sólo sucede con los impuestos nacionales: la Ley 9595 dispuso establecer el reparto del impuesto a los Ingresos Brutos (que explica casi el 80 % de los recursos tributarios propios de la provincia) a municipios y comunas igual que los nacionales, con lo que éstas reciben poco más del 13 % de lo que el Estado provincial recauda por ese impuesto.

O quizás menos: de acuerdo con los números del Presupuesto provincial 2013 (que tiene aprobación del Senado), la provincia de Santa Fe recibiría $ 40.209.307.000 (poco más de cuarenta mil palitos) de ingresos, por todo concepto; y coparticiparía al conjunto de los municipios y las comunas unos $ 3.305.010.000, es decir apenas el 8,21 % del total de sus recursos.

Porcentaje que fue disminuyendo en el transcurso de los cinco años de gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, por el aumento de los recursos no tributarios, que no se coparticipan, como las tarifas de la EPE (aumentadas más de diez veces en ese lapso) y de Aguas Santafesinas (retocadas en seis o siete oportunidades).

Y eso le parece a Ghirardi objetivo y de avanzada.

Pero lo que es definitivamente insostenible es que se diga que no discriminaron a los municipios y comunas del PJ por su color político, al menos en el caso de los subsidios ("aportes no reintegrables") que otorga el Ejecutivo provincial y que dependen de su discrecionalidad.

Acá están los números actualizados de la gestión de Binner al respecto; y acá pueden ver algunos de los decretos, si interesan.

Lo deben haber hecho sin querer.