Los inverosímiles informes de la Bolsa de Comercio de Santa Fe sobre la relación fiscal nación-provincia son ya un clásico; retroalimentado en épocas electorales; acá en el diario del Loco Lindo vuelven a la carga.
Hace poquito era (ver acá) "La Casa Rosada se come la porción más grande de la soja santafesina".
Lo de la diferencia entre lo que la Nación "sacó" de Santa Fe y lo que "puso" (los famosos 55 mil millones) tuvo ya una primera edición en septiembre del año pasado (ver acá), y curiosamente la "diferencia a favor de la Casa Rosada" (porque cuidado: la guita se la lleva Cristina, para comprarse carteras) era la misma: 55 mil millones:
Lo que implica por ejemplo que, si uno fuera igual de chanta que ellos, podría decir que en los últimos 10 meses las cuentas entre lo que la Nación "saca" de Santa Fe y lo que "pone", estaría saldada.
Otro tópico reiterado en esta saga de disparates es el cuestionamiento de la financiación de la seguridad social, con parte de los impuestos coparticipables; con el argumento (falso) de que las provincias cedieron parte de sus recursos (la nación también, aunque ésto no se dice) para financiar el sistema nacional de jubilaciones y pensiones, porque la creación de las AFJP (sistema del cual la BCSF fue entusiasta adherente, como que abreva intelectualmente en la Fundación Mediterránea) lo desfinanciaba.
Y por ende como ahora ya no existe la jubilación privada, esos fondos deberían volver a las provincias.
Lo que no explica éste discurso (berreta, derechoso, separatista) es como se pagarían entonces las jubilaciones nacionales, incluyendo las de los jubilados y pensionados nacionales que viven en Santa Fe.
Porque con la misma orfandad metodológica habitual en éste gente, omiten explicarnos como sacan sus cuentas, y como contabilizan el gasto nacional en Santa Fe; es decir la parte del Presupuesto nacional que el Estado nacional ejecuta directamente en el territorio de la provincia.
Que de acuerdo a ese mismo presupuesto nacional, serán éste año unos 27.092 millones de pesos, sin contar los subsidios a la electricidad, el gas y el transporte público de pasajeros (pese a lo cual en el primer caso, el socialismo sigue aumentando las tarifas de la EPE); y sin contar tampoco los últimos aumentos jubilatorios y de las asignaciones familiares (incluyendo la AUH), porque la ANSES representa más o menos el 71,16 % del gasto nacional en Santa Fe, sin contar los rubros señalados más arriba.
A eso súmenle que, en un presupuesto provincial de 40.209 millones de pesos de recursos, 20.138 (el 50,08%) tienen origen nacional.
Ni hablar que tampoco la pintura de brocha gorda del informe no analiza la composición del gasto público nacional en las provincias (entre ellas, en Santa Fe) y los sectores sociales que son sus destinatarios, en espejo con el modo en el que las provincias (entre ellas, la nuestra) gastan su propio presupuesto; más allá de la queja por la transferencia de servicios nacionales en los 90'.
Hace poco mostrábamos acá con cifras lo que ocurre con el gasto en Desarrollo Social y las transferencias directas a los sectores más vulnerables: la conclusión a que permiten arribar las propias cifras oficiales es que, por cada peso que reciben esos sectores del Estado provincial, reciben $ 3,85 de la Nación.
Para que se vea que el tema no es nuevo, hace casi dos años atrás se explicaba acá como se llegaba a conclusiones falsas, partiendo de la clasificación geográfica del gasto nacional; que es el más relativo de los criterios de clasificación presupuestaria: los subsidios a las tarifas eléctrica, por ejemplo, están nomenclados para todo el país como gasto hecho en la ciudad de Buenos Aires, porque allí tienen su sede CAMMESA y el Despacho Nacional de Cargas.
El discurso que subyace en éstos informes es berreta que llega al extremo (ver acá) de cuestionar que, con el transcurso de los años, hayan ido perdiendo peso en las provincias los ingresos por recursos tributarios propios, introduciendo en el análisis los mayores ingresos nacionales por derechos de exportación (retenciones) y por contribuciones a la seguridad social (aportes personales de los trabajadores y contribución patronal).
Decimos que es berreta porque esa subestimación de los ingresos tributarios propios de los fiscos provinciales (impuestos provinciales, como el Inmobiliario) ha sido consecuencia del poder de lobby de los grupos económicos más concentrados de las provincias (de los que la Bolsa de Comercio es vocera calificadísima); en sinergia con la decisión política de los propios gobiernos provinciales (de todos los signos) de no aumentar la presión impositiva provincial, descargando en los reclamos a la Nación el costo de cobrar impuestos, a los que pueden pagarlos.
Por eso hemos dicho reiteradas veces aquí (por ejemplo acá) que en el discurso de ciertos sectores, el federalismo termina siendo la coartada perfecta de la derecha política y económica, para no pagar impuestos.
A punto tal que se cuestiona el creciente peso que tienen en la financiación del Estado nacional los derechos de exportación, y las contribuciones a la seguridad social: los primeros (el verdadero objeto de la preocupación de los informes de la BCSF) son la forma de captación por el fisco de la renta extraordinaria del modelo de agronegocios, con epicentro en el complejo sojero; que tiene en Santa Fe una gran importancia.
Y los segundos, son un componente de financiación genuina de la seguridad social (pese a que los aportes patronales siguen en los niveles de los 90'), como resultante de la creación de nuevos puestos de trabajo registrado (cinco millones de nuevos empleos, en diez años, más del 80% en blanco), y del crecimiento de la masa salarial por los aumentos por paritarias y el alza del salario mínimo, vital y móvil.
Es decir dos componentes que reducen el sesgo regresivo de la estructura tributaria vigente en el orden nacional.
Pero la Bolsa de Comercio no expresa solamente a los sectores de la derecha más recalcitrante, y a las patronales del campo: si se repasan las líneas fundamentales del discurso político que subyace en sus informes se verá la absoluta similitud (como dos gotas de agua) con el discurso de campaña de Binner y Barletta acá; y del grueso de la oposición en el orden nacional.
Para la cual la bandera del federalismo es una coartada para desfinanciar al Estado nacional (el caso del sistema previsional es el más emblemático: reclaman sacarle a la ANSES el 15 % de la coparticipación, o rebajar Ganancias, e impulsan el 82 % móvil), como un modo de quitarle capacidad de arbitrio, oxígeno financiero y poder político para impulsar transformaciones.
