En la explosión de 2001 en la Argentina, hubo una enorme expansión horizontal de la protesta popular. Una de las grandes intuiciones políticas de Néstor Kirchner fue darse cuenta de que había que complementar el desarrollo de esa protesta horizontal.
En Europa, se requirió del largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para llegar a un cierto equilibrio entre ambos conceptos, de modo que liberal-democrático se considera una entidad relativamente unificada −subrayo “relativamente”, porque siempre hay una tensión entre la idea de un “gobierno de los de abajo” con sus demandas y la organización institucional de la comunidad−.
Esa unificación que se dio en la tradición europea −y, hasta cierto punto, en la norteamericana−, no ocurrió en América Latina: democracia y liberalismo avanzaron por caminos diferentes. En la segunda mitad del siglo XIX, se organizaron los estados liberales en el continente. Pero eran expresiones de las elites oligárquicas, en general, terratenientes que tenían una estructuración clientelista del poder político, y eran incapaces de vehiculizar las demandas democráticas de las masas.
Por consiguiente, cuando, a comienzos del siglo XX, esas masas se expandieron, las demandas que plateaban respecto del sistema tendieron a manifestarse a través de formas no liberales. En muchos casos, estas formas fueron gobiernos militares nacionalistas, que eran la única vía de expresión de este nuevo tipo de demandas. Así, surgieron, combinados con las instituciones liberales, el Estado Novo en Brasil, el peronismo en la Argentina, el MNR en Bolivia o el primer Ibañismo en Chile. Se dio una bifurcación en la experiencia democrática de las masas: por un lado, la tradición democrático-liberal, y por otro, la nacional-popular.
Recién en los últimos años, luego de vivir las dictaduras más sangrientas del siglo XX, que golpearon a ambas corrientes por igual, se logró una cierta fusión. Hoy vemos movimientos progresistas en todo el continente que afirman las demandas nacional-populares, pero lo hacen a través de los mecanismos institucionales del Estado.
En este punto advertimos algunos de los problemas que llevan a la polarización de lo social entre el populismo y el institucionalismo. Si pensamos cómo se va constituyendo una voluntad nacional-popular, hay que precisar distintos elementos. Por ejemplo, supongamos que, en una cierta comunidad, los vecinos piden al municipio que cree una línea de ómnibus para llevarlos desde el barrio donde viven hasta el lugar donde la mayor parte de ellos trabaja. Si esa demanda se acepta, es absorbida por el sistema como demanda individual. Pero si es rechazada, surge allí una demanda frustrada.
Y si la gente empieza a ver que, además de estas demandas, hay otras demandas no satisfechas que conciernen a la vivienda, la escolaridad, la seguridad, entonces, entre todas ellas, se constituye una cierta solidaridad, que es lo que se denomina cadena de equivalencias. Esta cadena representa un momento prepopulista, porque el populismo −que, para mí, no es un término peyorativo− es un discurso en el que los de abajo son interpelados frente al statu quo existente. Así, cuando se genera esta lógica de equivalencias, lo popular empieza a manifestarse frente a lo institucional.
Es decir, en uno de los polos, se ubica el momento del institucionalismo extremo, que sería una tecnocracia, un gobierno en el cual lo político es sustituido por la administración; y en el extremo opuesto, un populismo puro, en el que ningún anclaje institucional consigue constituirse. Pero entre estas situaciones polares, hay una serie de puntos intermedios. Allí hay un asunto fundamental.
Por ejemplo, en los ataques al kirchnerismo, muchos de los cuales provienen de la intelectualidad liberal, hemos visto una insistencia pura sobre el momento del institucionalismo. La pregunta que cabe es: ¿las instituciones son un terreno neutral, de modo que defenderlas es defender un orden legítimo? Las instituciones son la cristalización de una relación de fuerzas entre los distintos grupos, y cualquier esfuerzo por cambiar la sociedad en un sentido más radical demandará reformar las instituciones. En el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esto ha sido evidente.
Desde esta perspectiva, también es importante entender cómo cuaja política-mente el momento de la construcción de la voluntad popular. Un punto es la formación de cadenas equivalenciales entre una pluralidad de demandas. Pero esas demandas tienen que cristalizar alrededor de un núcleo representativo total, y ese es el momento en el que un cierto discurso –en general, surgido desde la cúpula del poder− empieza a establecer una relación con las distintas demandas que se dan a nivel de la base. Estos dos niveles son centrales: para generar el cambio, se necesita la movilización popular, pero, a la vez, es necesario un punto de apoyo a nivel del poder del Estado.
En la explosión de 2001 en la Argentina, hubo una enorme expansión horizontal de la protesta popular. Una de las grandes intuiciones políticas de Néstor Kirchner fue darse cuenta de que había que complementar el desarrollo de esa protesta horizontal, a la que apoyó con canales verticales por los cuales esas protestas pudieran traducirse al ámbito político.
La experiencia del Mayo Francés fue un caso histórico de disolución de la pro-testa popular por falta de un proyecto de construcción política. Allí se dio una movilización enorme de la clase obrera y de los sectores estudiantiles; pero nadie pensó cómo traducir eso en un cambio del sistema político global. Entonces, no hubo ninguna forma de continuidad para esa movilización de masas.
El resultado fue que, a los pocos meses, De Gaulle ganó las elecciones. No porque la gente fuera gaullista −la prueba está en que De Gaulle perdió el referéndum un año después−, sino porque, cuando la gente advierte una situación de desorden radical, empieza a necesitar algún tipo de orden, con independencia de su contenido.
Hoy día, en Medio Oriente, con los indignados españoles y en toda Europa, seguimos el surgimiento de muchas formas de protesta. Habrá que ver de qué modo esos movimientos pueden cuajar en un proyecto político alternativo. Por consiguiente, debemos explorar la naturaleza del modelo democrático-popular que se está implantando en este país, y hacérselo comprender a cuanta gente sea posible en el mundo, porque las democracias latinoamericanas actuales pueden servir de modelo a las europeas. Para eso, hay que atravesar toda la parafernalia tradicional a la que están ligadas las democracias europeas, que les impiden entender los nuevos tipos de movilización y la forma en que pueden integrarse institucionalmente. América Latina está dando un ejemplo de cómo los dos teclados, el institucional y el de la movilización popular, pueden combinarse realmente.
(*) Extracto de la exposición de Ernesto Laclau en la Mesa “Hacia una teoría polí-tica democrática de la comunicación: medios, regulación y contenidos en la construcción de una Argentina democrática”, realizada el 30 de mayo de 2011 durante el ciclo de filosofía y política “Debates y combates” organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación.
