Leíamos en La Politica Online sobre el "plan canje" de votos en el presupuesto por obras en las provincias en el que entraron varios gobernadores del PJ, y en el mismo sitio acá sobre los intentos de ese mismo "peronismo alternativo" de esquivarle el bulto a una consecuencia necesaria del nuevo acuerdo del gobierno con el FMI, que es la reforma previsional.
Un vano intento de disociar dos cosas que van indisoliblemente unidas, o de hacerse los boludos con las consecuencias de lo que votaron y ayudaron a aprobar: el presupuesto enviado por Macri al Congreso plantea como objetivo central el déficit cero (primario, se entiende, antes de los pagos de la deuda), cosa imposible de lograr sin fuertes recortes en el gasto previsional y en las prestaciones de la seguridad social, que representan según los números de ese propio presupuesto, más del 50 % del gasto total del Estado nacional.
Menos con el antecedente cercano de la reforma previsional del año pasado que modificó la fórmula de reajuste de los haberes jubilatorios, con la misma mecánica política de canje o trueque de supuestos beneficios a las provincias, a cambio de votar medidas impopulares. Negociar obras para una provincia o el aval para endeudarse para hacerlas no equivale a la Banelco con la que De La Rúa libró la reforma laboral; pero tampoco el peronismo puede replicar la lógica de los partidos provinciale, o abstraerse de considerar que presupuesto se negocia, con que Estado nacional y conducido para ejecutar que proyecto político, económico y social.
En los años 90' bajo el menemato la nación les transfirió a las provincia los servicios sociales (escuelas, hospitales, hogares de ancianos y de menores) sin recursos, mientras el Estado nacional se retraía en una ola furiosa de privatizaciones, que incluyó la del sistema previsional con la entronización de las AFJP), medida que generó la mitad de un déficit fiscal que fue cubierto con endeudamiento; en el marco de un esquema de apreciación cambiaria que favoreció la llegada de capitales.
Las privatizaciones dejaron un esquema de tarifas dolarizadas de los servicios públicos, con una inflación reprimida por un tipo de cambio bajo (ancla cambiaria) y el control de la puja distributiva congelando las paritarias y la actualización del salario mínimo; todo sosteniendo un esquema de valorización financiera y fuga de capitales, en el que el tipo de cambio bajo hacía innecesarias las retenciones a las exportaciones.
Un modelo en el que fue muy fuerte la tentación para el Estado nacional y las provincias (y algunas municipalidades, como Rosario bajo los gobiernos del socialismo) de endeudarse, presuntamente para hacer obras que disfrutarían políticamente los gobernantes de entonces y pagarían los que los sucedieran; en lugar de desgastarse políticamente enfrentando al poder económico para captar recursos de rentas extraordinarias disponibles en sus provincias (la agropecuaria sobre todo en menor medida la minera y petrolera), con impuestos progresivos como por ejemplo el Inmobiliario Rural (cuyos avalúos fiscales fueron congelados en esa época), o el impuesto a la herencia.
Con la implosión de la convertibilidad y tras la crisis del 2001, la salida política inesperada fue el kirchnerismo, y con él llegaron (o se mantuvieron y profundizaron tras el interregno duhaldista) las retenciones, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos y la política de subsidios que constituían salario indirecto para el trabajador y abaratamiento de los costos de producción a la industria, la ampliación del piso de protección social a través del sistema previsional; con las moratorias, la ley de movilidad, la captación de los recursos de las AFJP y la mayor cobertura del PAMI, ampliada en cantidad y extensión.
Claro que eso fue posible porque Néstor primero y Cristina después encontraron el defáult de la deuda declarado, y salieron de él con los canjes y reestruturación que aceptaron el 93 % de los acreedores, pero al mismo tiempo liberaron los recursos que generaba una economía en crecimiento y se iban por la canaleta de los servicios de deuda, para destinarlos a fomentar el consumo, la demanda agregada y el nivel de actividad.
Con un Estado nacional solvente por el ciclo económico en alza y el crecimiento, aumentó en términos reales (medido contra el PBI) el flujo de la coparticipación de impuestos a las provincias, aun sin encarar la casi imposible (por las duras exigencias constitucionales en torno a los consensos necesarios reforma del regimen legal, y sin grandes cambios de fondo en la estructura impositiva, que aun así tuvo un sesgo progresivo por el aumento del peso específico de Ganancias y los derechos de exportación, en el conjunto de los ingresos del Estado nacionalu; proceso no exento de conflictos, desde la disputas con las patronales agrarias por las retenciones móviles, al enfrentamiento con sectores sindicales por Ganancias.
Lo cierto es que las provincias disfrutaron entonces de una mejoría en sus cuentas por la que sus gobiernos poco y nada habían hecho; además de lo cual recibieron financiamiento extra por otras vías: la ley de financiamiento educativo de 2005 (crucial para algunas provincias más pobres, por el programa de compensación salarial docente), el fondo sojero creado por Cristina en 2009, las transferencias de capital para obras públicas, los programas nacionales de salud y el alivio en las cuentas provinciales de que el gasto social destinado a los sectores más vulnerables descansara mayoritariamente en los hombros del Estado nacional: las pensiones no contributivas, la AUH, las jubilaciones de la moratoria, el Progresar.
En ese proceso y por regla general, las provincia y sus gobernadores no buscaron autonomía fiscal incrementando sus recursos propios captando rentas extraordinarias disponibles, aleccionadas como estaban por lo que le ocurrió al kirchnerismo con la 125. Sin embargo, todos los gobernadores, sin distinción de signos políticos y aun aquellos (como los del socialismo acá) que acompañaron el reclamo de las patronales agrarias recibieron y utilizaron sin chistar los recursos del fondo sojero; y algunos hasta se dieron el lujo de quejarse por presuntas asimetrías o discriminaciones al interior en los subsidios a las tarifas.
Con cuentas provinciales solventes (se habían rescatado las cuasimonedas, desaparecieron los pagos fraccionados a los estatales provinciales), no necesitaban endeudarse y tampoco pudieron verse tentados a hacerlo, porque los mercados de deuda estaban cerrados al país por el default, los canjes y el conflicto con los fondos buitres. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora, cuando retornamos al ciclo del endeudamiento público de la nación, las provincias y hasta los municipios, que presiona a su vez sobre la demanda de divisas y agudiza así el déficit de la cuenta corriente del balance de pagos; haciéndoles pagar a todos los contribuyentes el giro, en un doble sentido: para financiar con sus impuestos el endeudamiejnto y la fuga de capitales, y en el recorte de servicios críticos y bienes públicos que el Estado les debería proveer, pero a los cuales empieza a retacearles recursos para pagar deudas. Y una vez más, sin afectar las rentas extraordinarias que el propio modelo productivo genera.
No es necesario explayarse demasiado para explicar como se revirtió todo el proceso descripto más arriba con el macrismo: dolarización de las tarifas de los servicios públicos con drástica poda en los subsidios, baja o eliminación de las retenciones, merma en las transferencias de capital para hacer obras (con el placebo de los contratos PPP, que nunca arrancan ni lo harán, por el crítico contexto financiero internacional), eliminación de la paritaria nacional docente y junto con ella de los programas de compensación salarial; y una baja en términos reales de la coparticipación (por dos de tres años con economía en recesión y caída del PBI, en contextos de inflación alta), que no es mayor debido al recupero del 15 % de la masa precoparticipable que se destinaba a la ANSES; a cambio de la cual se desfinanció al sistema nacional de seguridad social, lo que resulta funcional al objetivo de volver al sistema de capitalización y jubilación privada.
Un objetivo que estuvo planteado por el gobierno y el propio FMI desde el principio, que fue sondeado cuando se aprobó la "reparación histórica" primero, y se modificó la fórmula de movilidad después, en ambos casos con apoyo de la "oposición responsables; y un pedido obviamente reinstalado ahora como prioritario, a partir del nuevo acuerdo con el FMI: el "déficit cero" y el anticipo de mayores desembolsos destinados a garantizar el pago de la deuda supone que crezca el torniquete del ajuste, y si crece el ajuste, crecerá por ahí, recortando los beneficios de la seguridad social.
Y si eso sucede, aumentará el conflicto social que repercutirá sobre las provincias, incrementando (ya lo está haciendo, de hecho) las demandas para contener a los que van cayendo del empleo, el circuito productivo o los beneficios de la seguridad social, sin tener la certeza de políticas nacionales compensatorias, incompatibles con las metas de drástico ajuste fiscal comprometidas. Demás está decir que una política de ajuste agudiza la recesión y la caída de la actividad, y esto repercute a su vez en los ingresos de los fiscos provinciales, sea por las transferencias nacionales de coparticipación, o por los menores ingresos de recursos propios. Esto no es predicción, ya está pasando.
De modo que el apoyo del "peronismo alternativo al presupuesto del ajuste, como antes lo dio a la reforma previsional, son bastante más que un club del trueque por un puente más, o unos kilómetros de ruta menos: se trata de claros guiños al FMI y a los sectores beneficiarios del modelo económico que gestiona Macri, bajo la lógica de gobernabilidad que cambió Néstor Kirchner,. y que voló por los aires en la crisis del 2001; guiño por cierto ya correspondido: el informe al board del FMI previo a la aprobación del nuevo stand by destaca la "colaboración" de parte del peronismo en la aprobación del presupuesto, en especial el compromiso de Pichetto para que salga.
Un peronismo que, en su intento de diferenciarse del kirchnerismo, lo hace atacando la que acaso sea la más peronista de todas sus políticas, junto con la reactivación de las paritarias y la recuperación de derechos laborales: la ampliación de la protección social a través de la seguridad social; pensada para reparar en parte los estragos causados en los 90' por el desempleo, el empleo informal, la precarización y la suba de la pobreza. Tuis relacionados:
