DISCRIMINADOS Y ASFIXIADOS

Un par de oportunidades (acá y acá) nos hemos ocupado de las declaraciones de los funcionarios y referentes del socialismo intentando desmentir que en Santa Fe haya discriminación a los municipios y comunas gobernadas por el FPV, por parte del gobierno provincial.

Vemos en la imagen que encabeza el post (tomada de ésta nota) como el secretario Ghirardi pone como ejemplo de la gestión provincial en la materia, el manejo del llamado Fondo de Obras Menores; que en realidad fue creado en el año 2004 por la Ley 12.385, y reglamentado en cuanto a los criterios de distribución por la Ley 12.744 de 2007; es decir en ambos casos durante el gobierno de Obeid.

Dice el funcionario que el año pasado los recursos del Fondo fueron girados "en porcentajes similares a las localidades del Partido Justicialista y las del Frente Progresista, según lo marca la ley".

El problema es que la ley no establece la distribución de esos recursos por el color político de los gobiernos (o en proporción a los votos), sino otros indicadores:  un 25 % por partes iguales entre todos los municipios y comunas de la provincia, un 5 % destinado a constituir una reserva para casos de urgencia, y el resto (como si fuera un nuevo 100 %) repartido en un 70 % en base a la población de cada municipio y comuna (Santa Fe y Rosario no entran en el reparto), y el 30 % restante en base a población con necesidades básicas insatifechas (NBI), en base a los últimos datos oficiales publicados.

Pero además dice el funcionario (como un logro de la gestión de Bonfatti) que en el 2012 el conjunto de los municipios y comunas provinciales recibió 95 millones de pesos, del Fondo de Obras Menores.

El problema es que el presupuesto provincial del año pasado asignaba recursos del Fondo por $ 186.830.000, lo que implica que el conjunto de los municipios y comunas recibieron apenas el 50,48 % de lo que les correspondía.

Cosa que sucede por lo que decíamos en un post de hace poco más de un año, sobre el modo como el gobierno provincial hace funcionar el flujo de los recursos del Fondo, contrariando el espíritu de la ley: "Tal como quedó la ley, ese 1º % es un recurso afectado, lo que implica que no se puede usar para otros fines o gastos, ni del Estado provincial ni de los Municipios y Comunas; y por ende debería fluir automáticamente a éstos como la coparticipación federal o de los impuestos provinciales, o el Fondo Soja; máxime cuando hay coeficientes fijados por ley para distribuir los recursos.

Sin embargo, en el 2008 Binner modificó la reglamentación (posterior a la reforma de la ley en el 2007) con este decreto; que creó un sistema más engorroso aún que el anterior, cuando ya no tenía sentido por lo dicho respecto a la reforma de la ley en el 2007: ahora las municipalidades y comunas tienen que presentar proyectos, Ordenanzas de los Concejos municipales autorizando el pedido de plata (cuando son recursos asignados por ley a cada una), esperar que se losaprueben para girarles la plata, etc.

Pero en realidad lo que el gobierno provincial perseguía (y persigue) es "pedalear" el uso de los recursos para fumárselos, por eso igual exige que los pedidos de M y C sean aprobados en todos los casos por la Secretaría de Hacienda de la provincia (cosa que por supuesto no pasa con la coparticipación o el Fondo Soja en la parte que corresponde a Municipios y Comunas); y mientras tanto los usa para tapar los agujeros que deja su propio descontrol a la hora del gasto."

Esos casi 92 millones de pesos recaudados por la provincia y sustraídos a los municipios y comunas le permitieron (junto con otros enjuagues, como el pedaleo de deudas con proveedores) al gobierno de Bonfatti cerrar el 2012 con un déficit menor a los impactantes 1665 millones de pesos que dejara Binner en el 2011, al terminar su mandato.