POLÍTICA Y MERCADOS, LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NEGOCIOS

Una de las discusiones más interesantes de la causa por la ley de medios se dio sobre el vínculo existente entre la libertad de expresión y rentabilidad económica (sustentabilidad, en la jerga de Clarín en la audiencia pública), considerando que los conglomerados de medios son -ante todo y aun cuando pretendan ocultarlo- empresas, armadas para hacer negocios y ganar guita.

Y en esa discusión quedó demostrado (y la Corte lo dijo claramente en el fallo) que el Grupo no logró demostrar como la obligación de desinvertir que le impone la ley de medios (que le hará perder objetivamente rentabilidad) afectaba su sustentabilidad como empresa; y por esa vía, su posibilidad de ejercer la libertad de expresión.

Contra toda la evidencia recolectada en la causa (incluso patentizada en forma pública en las audiencias en la Corte), leamos al Loco Lindo (ex presidente de ADEPA en su propio diario: "La negada afectación del principio de la libertad de prensa tuvo su primera manifestación poco después de conocida la sentencia judicial con el derrumbe del valor de las acciones del grupo Clarín, situación que activó los mecanismos de respuesta de la Bolsa cuando la baja perforó el piso técnico de seguridad. Esa destrucción de patrimonio atenta sin disimulo contra una libertad de prensa que para ser efectiva y operativa necesita del respaldo de organizaciones económicamente sólidas. De modo que la primera reacción del mercado accionario echa por la borda ciertas teorizaciones del fallo. Diga lo que se diga, el daño inferido a la libertad de prensa es real y tangible, y sus efectos se transferirán con rapidez a la escena pública de nuestra imperfecta democracia.".

Es decir que según Víttori ambas cosas (libertad de expresión y negocios) no solo están vinculadas, sino que son lo mismo: si las acciones de Clarín suben hay más libertad de expresión, y si bajan, menos. Que lo tengan en cuenta quienes abrazan con pasión la defensa de los intereses del Grupo, sin tener siquiera una acción. 

Desde que trascendió que la Corte había fallado contra Clarín y aun antes de conocerse los fundamentos de la sentencia, las acciones de Clarín en las Bolsas se derrumbaron; y conforme se fueron conociendo las implicancias de lo decidido por el tribunal, la cosa siguió: acá pueden leer en El Cronista un racconto del desplome.

A pocas horas (minutos quizás) de saberse que Clarín había perdido el juicio, la Bolsa de Buenos Aires (ver imagen de apertura) decidió suspender la cotización de sus acciones, con fundamento en su propio Reglamento de Cotización, que en lo pertinente (artículo 43 inciso a) transcribimos: "La Bolsa puede suspender la cotización de los respectivos valores cuando: 

a) Se encuentre afectado el curso normal de la cotización o existan signos evidentes que permitan deducir que se verá afectado en forma inminente, y la medida sea necesaria en interés de los inversores. 

La suspensión se levantará cuando a juicio de la Bolsa exista información suficiente. Esta causal será merituada tomando en consideración, según el caso, la gravedad de los hechos, el conocimiento que de ellos se hubiera tenido en la plaza y el comportamiento inmediato de los precios; las garantías que se otorguen en las condiciones de emisión, si se tratare de obligaciones negociables, y la conveniencia de preservar la liquidez del mercado bursátil.".

La norma es un resabio subsistente del régimen de autoregulación de los mercados de capitales, que desaparecerá cuando se aplique plenamente la reforma introducida por la Ley Nº 26.831, de la que destacamos dos artículos por ser de interés para el caso:

Artículo 141: "Cuando fundadamente se advierta la existencia de situaciones de riesgo sistémico, u otras de muy grave peligro, la Comisión Nacional de Valores podrá suspender preventivamente la oferta pública o la negociación de valores negociables, otros instrumentos financieros y la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida. "

Artículo 142: "La Comisión Nacional de Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones, cuando se encuentre pendiente la difusión de información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que determinaron su adopción".

Vemos entonces que los dos sistemas son bien diferentes: en uno es el propio mercado (la Bolsa) el que decide suspender la cotización de acciones que se ofrecen públicamente, evaluando discrecionalmente los motivos,  y como se maneja la información que se considera sensible, o se les suministra a los inversores.

Al día siguiente de las PASO y como consecuencia directa de los resultados, la acción de Clarín subió un 30 %, y no se supo que la Bolsa de Comercio haya suspendido la cotización, aun cuando no se trataba de una circunstancia directamente vinculada (en términos legales) a la empresa cotizante, como un juicio en el que era parte: el riesgo propio de invertir no funciona siempre, sino cuando el propio mercado lo determina.

En el otro sistema el que decide cuando suspender la cotización pública de las acciones es el Estado, evaluando situaciones de riesgo sistémico que afectan a todos los papeles y al conjunto de la economía (por ejemplo rumores de devaluación); y el que evalúa como influyen en los precios las informaciones relevantes, para evitar maniobras especulativas.

Es decir, aun dentro de los marcos del capitalismo (y vaya si los mercados de capitales no son una institución típica de ese sistema), una regulación mínima e imprescindible, para proteger a los inversionistas y al conjunto de la economía: la comparación permite comprender como funcionan las relaciones entre la política y el mercado, aun dentro del reducido volumen del mercado de capitales argentino.

Resulta sencillo entenderlas en el caso de aquéllas empresas cuya actividad está directamente vinculada a regulaciones estatales o decisiones del gobierno (por ejemplo las concesionarias de servicios públicos, cuyas tarifas son fijadas por el Estado), pero no tanto en el caso de las empresas de medios, que la disimulan con el socorrido fantasma de la libertad de expresión.

Y ahí es donde entra la ley de medios, en tanto instrumento jurídico de la regulación estatal de un negocio que mueve millones todos los años, que obviamente se reparten en forma tanto más desigual, cuanto más concentrado sea el mercado; como en cualquier otro bien o servicio de la economía.

Invirtiendo el orden en que las cosas pasaron, las acciones bajaron cuando se supo que el fallo de la Corte era contrario a los intereses de Clarín, y subieron cuando se leyó el resultado de las elecciones en términos de fin de ciclo, y el advenimiento de un nuevo gobierno más amigable con el Grupo; que eventualmente podía suspender o derogar la ley de medios.

Es decir que el precio de la acción (y por ende la rentabilidad futura que esperan los inversores) está directamente asociado a la capacidad de presión política del grupo sobre el gobierno de turno, y acá sí podemos hacer una vinculación paralela a la de Víttori: cuando mayor capacidad de apriete tiene Clarín (las famosas "cuatro tapas), más rentables son sus negocios, y más conveniente es invertir en sus acciones.

Que en el medio de todo eso la libertad de expresión o el periodismo independiente queden un tanto desdibujados, sería pura casualidad.