SEGMENTADOS

 

Ninguna duda. Es una poronga, completamente impracticable, que la sacan después de un aumento aplicado a todos por igual: https://t.co/CIBCqa3dZ6

— La Corriente K (@lacorrientek) June 17, 2022

Después de una semana marcada por la corrida especulativa  contra los bonos de deuda en pesos y con movimientos en los dólares "alternativos", el gobierno anunció una serie de medidas traducidas en decretos publicados en el Boletín Oficial; que en rigor de verdad nada tienen que ver -al menos no directamente- con esas zozobras financieras.

En medio de la escasez de gas oil y cediendo a la extorsión de las petroleras, luego de autorizar un aumento del 12 % del combustible, el presidente firmó el Decreto 329 que establece un "régimen de incentivos al abastecimiento interno de combustibles"; que como cabía esperar si se trata de "incentivar" al capital, consiste básicamente en reintegrarle vía subsidios parte de lo que pagan en concepto de impuesto a los combustibles líquidos. Otra vez y mientras se habla de bajar subsidios a las tarifas de los servicios públicos, parece que hay subsidios buenos y malos.

Y el mismo gobierno que desistió -por ejemplo- de aplicarles a las petroleras la ley de abastecimiento para garantizar que haya gasoil o no se registren abusos de precios por el combustible, dictó el Decreto 330 por el cual aumenta el corte obligatorio de biodiésel en la mezcla de las naftas, medida que por un lado puede ayudar a superar el cuello de botella actual en la provisión, pero que seguramente disparará en el futuro nuevos aumentos. 

Pero la medida más difundida y comentada ha sido la tantas veces anunciada "segmentación" de los subsidios a las tarifas de luz y gas, contenida en el Decreto 332 cuyo texto completo pueden leer acá. Algo de lo que viene hablando en el país desde hace más de 10 años, cuando allá por el 2012 y en su segundo mandato Cristina hablaba de hacer "sintonía fina" en esa materia. 

Evidentemente la cosa no era tan sencilla de resolver, y nos atrevemos a decir que está por verse si el nuevo decreto consigue resolver la cuestión, siempre que antes nos pongamos de acuerdo cual es ésta: si garantizar tarifas justas, equitativas, razonables y acordes a la capacidad de pago de los usuarios, de disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas (lo que parece ser la preocupación excluyente de Guzmán), de desalentar los consumos irresponsables que afectan la balanza de pagos por el lado de las importaciones de energía necesarias para atender la demanda, o como diría Rinconet, un mix de todo.

Así vistas las cosas, no parece que el decreto resuelva mucho, por empezar por el contexto en el que -tras largas dilaciones al interior del gobierno- termina viendo la luz: con un alza de los precios internacionales de la energía y los combustibles por la guerra en Ucrania que haría necesarios más subsidios y no menos, y con un sistema energético que sigue funcionando bajo los marcos legales diseñados por el menemismo en los 90' a través de la Ley 24065 para la electricidad, y la Ley 24076 para el gas. En ambos casos, la generación (que es lo que origina los mayores costos) es de jurisdicción nacional al igual que el transporte, y en su mayoría está en manos privadas; y la distribución es de jurisdicción compartida pero en su mayoría provincial, a través de empresas estatales (como la EPE acá en Santa Fe), pero también privadas.

De allí que en la mayor parte del territorio nacional (más allá del AMBA) y para la electricidad el decreto no sea directamente operativo, sino que requiere de convenios a firmarse por la Secretaría de Energía de la Nación (que fija los precios de la generación y el transporte) con las distribuidoras provinciales. A esto debe sumarse que, pese a sus promesas iniciales, éste gobierno no corrigió -ni con la ley de emergencia- la dolarización de los precios de generación de la energía que dejó el macrismo.

Pero el mayor problema -en nuestra modesta opinión- no está allí, sino en el enfoque de la segmentación, a partir de los ingresos de los diferentes deciles de la población: por la estructura de nuestra PEA (Población Económicamente Activa), en el decil 1 (es decir, el 10 % de la población que percibe mayores ingresos) conviven sectores con muy distinta capacidad contributiva, algunos de los cuáles podrían pagar perfectamente el precio pleno de los servicios, y otros no tanto, o con dificultad.

Eso sin considerar que el decreto tal cual está planteado será objeto de presentaciones judiciales -promovidas incluso por los que hasta ayer renegaban de los planes sociales, o pedían eliminar los subsidios "porque a las cosas hay que pagarlas lo que valen"-, para las cuales nos parece endeble.

En efecto, cuando el decreto habla de como segmentar los subsidios señala "Que dicho mecanismo debe evaluar la capacidad de pago de las personas que conforman un hogar usuario de servicio público sobre la base de su situación patrimonial, de ingresos y otras características sociodemográficas.". Por muy simpático que pueda parecer el argumento, los servicios públicos no son un impuesto, sino una prestación material que brinda el Estado por sí o un concesionario autorizado por él, a cambio de una retribución que se denomina tarifa, que refleja además el grado de uso que se hace del servicio en cuestión, es decir los niveles concretos de consumo de cada usuario.

Para discriminar de modo equitativo entre las personas o las empresas en razón de sus ingresos, patrimonio o capacidad de pago, están los impuestos; en especial los directos: inmobiliario, patente automotor, Ganancias, Bienes Personales y los que hoy se están discutiendo como el gravamen a las rentas inesperadas. Lo cual no quiere decir que, como concepto político general, el sistema de subsidios a las tarifas no se base en consideraciones de justicia social.      

Y por otro lado las expectativas desmedidas que se depositan en la segmentación de los subsidios (un acto de fe sin mayor evidencia concreta, como la que se depositaba en el 2008 en la posibilidad de "segmentar las retenciones a favor de los pequeños y medianos productores agropecuarios"), tienen que ver con otro equívoco, que se trasunta en el decreto: el peso real que tienen en las cuentas públicas y dentro del dinero que se destina a subsidiar las tarifas de los servicios públicos, los distintos sectores medidos por ingresos.

En efecto, los ricos (con más razón si son muy ricos) son pocos, y la enorme mayoría de la masa de subsidios se destina a los que realmente los necesitan, porque no podrían pagar las tarifas plenas. De allí que el decreto incurre en una falacia cuando señala que "Que si bien el esquema de subsidios energéticos del Estado Nacional debe entenderse como una política de ingresos y que su principal objetivo es proteger el poder adquisitivo de los hogares, actualmente su estructura genera profundas distorsiones concentrando una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago.". De modo que si lo que se busca es disminuir el peso de los subsidios en las cuentas públicas, eliminarlos para el primer decil de ingresos no mueve el amperímetro, aun pudiendo implementarse como está planteado en el decreto.

Eso sin contar con que los subsidios a los servicios pùblicos son también una forma de morigerar los costos de producción de los bienes y servicios, y por ende incidir en sus precios finales, lo que es clave en contextos como el actual de alta inflación. Concluyendo: si lo que preocupan son los números de las cuentas fiscales, en lugar de prestarle tanta atención al gasto en subsidios con estrategias inviables, hay que pensar en recomponer los ingresos del Estado.

Por ejemplo cobrándoles más y mejores impuestos a los sectores (allí sí) con mayor capacidad contributiva, para que el reparto social de las cargas sea más parejo. No centrando -por ejemplo- la política de ingresos, como se hizo hace poco, en rebajar la carga de Ganancias para los salarios más altos, para sectores a los que ahora se les disminuirían los subsidios.