LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

lunes, 11 de marzo de 2024

NO LA VEN

 

* Lo que está pasando en Rosario demuestra los límites de hacer política en clave de show, y pendiente de los focus group: a Pullaro y su ministro Cococcioni les estalló en la cara el intento de utilización del modelo Bukele para ocultar que en rigor no hay política seria de seguridad, y sí muchos vínculos turbios con las mafias del crimen organizado, algo que por cierto no fue denunciado por la oposición provincial, sino por quien fuera su rival en la interna del actual oficialismo provincial, Carolina Losada; aunque luego se desdijera de todo a cambio de un cargo para su hermana en el gobierno provincial.

* Al inicio de su gestión Pullaro pidió -y obtuvo en tiempo récord- de la Legislatura las leyes que él entendía que necesitaba para enfrentar el problema: la emergencia en seguridad (que demostramos acá que solo sirve para currar haciendo contratos sin licitación pública) y la ley de narcomenudeo, para darle injerencia a la justicia y la policía provinciales en ciertas causas de narcotráfico: un medio seguro de habilitarles otra caja ilegal, y derivar recursos que son escasos, en la persecución de los perejiles y no de los dueños del negocio de la droga.  

* En campaña y en el gobierno Pullaro cuestionó a la justicia por su elevado costo de mantenimiento, en contraste con sus escasos avances en el combate al delito, en especial el vinculado al narcotráfico. Pues bien, esa justicia (que incluye al Ministerio Público de la Acusación) fue diseñada y fundamentalmente armada por los gobiernos del Frente Progresista de los que Pullaro y la UCR fueron parte entre 2007 y 2019, e incluso durante el de Perotti. 

Tanto así que el anterior gobernador vio rechazados varios pliegos que remitió a la Legislatura, y para poder superar la acefalía del MPA debió transar proponiendo a varios candidatos que ya habían ocupado esas mismas funciones en los gobiernos anteriores. Y por estos días la Legislatura tiene casi como única actividad evaluar la conducta de algunos de los fiscales estrellas designados en ese contexto, por sus vínculos con el delito organizado. 

* Otro tanto cabe decir de la Policía: si los últimos crímenes de Rosario dejan clara la huella de la complicidad policial (la trazabilidad de las balas reglamentarias instaurada en la gestión anterior permitió determinarlo), no está de más recordar que a propósito de la absolución judicial de algunos de los implicados en la desaparición seguida de muerte de Franco Casco, el hoy gobernador dijo que muchos le iban a tener que pedir disculpas a la Policía, así, como institución: son mensajes muy fuertes que hacia el interior de la fuerza no pueden sino ser leídos como un aval del poder político para cometer delitos, sin ser molestados. 

En esto -como en muchas otras cosas- la mirada de Pullaro no difiere de la de Patricia Bullrich.; y se traduce en la práctica en reincidir en las viejas políticas de administración del delito en el territorio, pactando con las organizaciones criminales hasta que los límites se vuelven borrosos, y la lucha de estas por su control se lleva puestos al Estado, a la sociedad y a los ciudadanos. Que es lo que está pasando dramáticamente en Rosario.      

* Si los gobiernos provincial y nacional creen que las requisas carcelarias a lo Bukele sirven para combatir el delito, lo menos que pueden hacer es dar a conocer los avances y resultados. Porque hasta acá nada sabemos, ni de las presuntas amenazas al gobernador, ni de los hilos que conducen desde las celdas a las cárceles y a cada asesinato de inocentes le siguen detenciones al voleo, de presuntos sospechosos o autores materiales que a las pocas horas son liberados, por falta de pruebas. Suena más a solución de apuro urdida por la policía para descomprimir la presión social, que a otra cosa.

* Durante años la derecha en todas sus variantes -tanto en la nación como en la provincia- nos bombardeó con que el problema del delito era la blandura de las leyes, y es así que destrozaron el Código Penal con reformas para aumentar las penas, y los códigos de procedimientos haciendo más rigurosa la prisión preventiva, o aplicándola en cualquier circunstancia y para cualquier delito. El senador Enrico (que coexiste como tal mientras funge como ministro de Obras Públicas de Pullaro) fue especialista en la materia por años.

Y ahora nos venimos a enterar que el problema de la inseguridad está dentro de las cárceles y no afuera, y no serían ni los menores, ni los extranjeros, ni los piqueteros ni ninguno de los blancos sobre los que habitualmente disparan. O por lo menos hasta ahora no les han echado la culpa de los crímenes que azotan Rosario. Lo que sí están haciendo -contra toda evidencia en contrario- es volver a pedir leyes más duras, y facultades excepcionales sin que sepamos bien para que.

* Alguien podría preguntarse por qué Rosario, por qué el narcotráfico y la narcocriminalidad se han enseñoreado allí con índices de violencia que multiplican por varias veces los que exhiben los peores lugares del conurbano bonaerense, por comparar. Quizás la respuesta haya que buscarla no tanto por los ciclos de prosperidad o crisis económica; porque el narcotráfico los atraviesa indemne, en todos lados, y puede prosperar en ambos, acá y en todo el mundo. 

Tal vez algo tengan que ver -es una hipótesis a desarrollar- estar ubicada en medio del hinterland de uno de los complejos portuarios más grandes del mundo, en manos privadas hace más de 30 años y con débiles controles estatales; y cuenta con la experticia de toda una infraestructura de estudios jurídicos, contables, fideicomisos, fondos de inversión, bolsas y esas cosas, duchos en reciclar por décadas el dinero negro fruto de la evasión y el contrabando del principal polo exportador del país.   

* En ese contexto, por más que los gobiernos hablen de ir a fondo en la guerra contra los narcos, propuestas -que se reiteran y sostienen- como la dolarización, los blanqueos de capitales, las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS), la eliminación de la financiación pública estatal a los partidos políticos (como propiciaba la ley ómnibus) o el boom inmobiliario con regulaciones a medida del capital inversor (algo en lo que el socialismo fue muy ducho en los 30 años que gobernó Rosario, y lo es hoy su segunda marca) no parecen medidas enderezadas a combatir el narcotráfico, sino más bien a favorecerlo y que prospere.

Más allá de lo que se opine sobre su histrionismo, cuando en el gobierno de Perotti en su paso por el Ministerio de Seguridad Marcelo Saín señaló algunas de estas cuestiones, la reacción corporativa en su contra de la política, los medios y la justicia fue casi unánime, inmediata y sin fisuras. Los narcos, en cambio, fueron más cautos, como si otros hablaran por ellos y no hiciera falta que se expresaran.

* En el mismo sentido y yendo a las causas sociales profundas en las que el tráfico de drogas prospera, el recorte de los fondos destinados a la urbanización de los barrios populares comprendidos en el RENABAP, la suspensión de la financiación nacional a la hora adicional de clases en las escuelas y el drástico corte de la asistencia del gobierno nacional a los comedores y merenderos comunitarios pusieron a vasta barriadas populares de Rosario y su conurbano más a merced delos narcos, que frente al retiro del Estado se afianzan como la financiera de los pobres-en un contexto en el que la pobreza crece exponencialmente-, a cambio de incorporarlos a la economía del delito.

El gobernador Pullaro, presto a reclamar en cuanta instancia pudo para que no se aumentaran las retenciones a las exportaciones que salen por los mismos puertos por los que entra la droga, nada dijo ni reclamó sobre estos recortes; y por el contrario se manifestó dispuesto a darle a Milei las facultades extraordinarias que reclama, y dijo compartir su mirada sobre el ajuste en las cuentas públicas.

* Mientras en Rosario crecían los asesinatos por sicariato narco, Patricia Bullrich retraía fuerzas federales afectadas a la ciudad para destinarlas a garantizar el cumplimiento de su absurdo e ilegal protocolo contra la protesta social, dejando en claro cuáles son las prioridades reales del gobierno nacional. 

Y cuando se le quema el rancho y se demuestra -una vez más- su fracaso, quiere comprometer en la caída a las Fuerzas Armadas, única agencia estatal con atribución para usar armas y emplear fuerza  letal no inficcionada aún por el narcotráfico; violando además las leyes de Defensa y Seguridad Interior, e intentando replicar experiencias que fracasaron en Brasil, México, Perú, Colombia y en cuanto país se intentaron. 

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1 comentario:

Anónimo dijo...

Bullrich y Pullaro lo tienen que convocar a Espert, que hace más de 20 años asesora clientes rosarinos blanqueando dinero vía negocio inmobliario. Las torres blancas son mérito de Espert. El los conoce bien. LLame Ya.
El Colo.

12 de marzo de 2024, 21:53

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