El tórrido verano santafesino trajo aparejado -una vez más, en versión corregida y aumentada- el colapso de la prestación del servicio de electricidad a cargo de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en especial en la ciudad de Rosario y su conurbano: cortes prolongados de luz que afectaron a vastas zonas, quejas, piquetes y cacerolazos de los vecinos y excusas de los funcionarios provinciales: que la obsolecencia del sistema, que las inversiones que no se hicieron, que las que supuestamente hizo el socialismo, etc.
Pero en una inesperada vuelta de tuerca el gobierno del Frente Progresista (incluyendo a los legisladores oficialistas) eligió salir del atolladero haciendo como el tero: pegando el grito en un lado, mientras en el otro pone los huevos; en este caso con las denuncias de supuestos intentos por privatizar la empresa fogoneadas por algunos medios de comunicación.
Denuncias a las que no le pusieron nombre y apellido en los medios santafesinos, pero si tiraron pistas a los medios porteños, como podemos ver acá en esta nota de "La Política On Line":
La jugada no está exenta de astucia: en el portal de uno de los accionistas controlantes de Papel Prensa, el gobierno provincial deja traslucir que detrás de la movida privatizadora estaría el Grupo Vila-Manzano (que tiene intereses en empresas de energía), enfrentado a los socios de Expoagro en la cuestión del papel para diarios, y puntualmente a Clarín en el caso Cablevisión.
Sin embargo es poco seria, y no se trata de defender a dos indefendibles como Vila y Manzano: las inversiones privadas en servicios públicos computan como un elemento del que no pueden prescindir, que los precios de su producto (en este caso la luz) son administrados y fijados por el Estado.
Por esa razón por ejemplo en el orden nacional (donde el servicio es prestado en el AMGBA por concesionarios como Edenor y Edesur) no hay interés en invertir en el sector, hasta tanto no haya señales claras de que el gobierno va a modificar su política de tarifas; por ejemplo eliminando totalmente los subsidios y liberándolas.
Por no decir que en Santa Fe un proceso de privatización de la EPE no depende solamente de un repentino cambio de humor social atizado por algún que otro medio de comunicación: debe ser autorizado por la Legislatura, lo que derivaría (si se planteara) en un obvio debate político y ciudadano, donde todos podrían expresarse.
Pero además y más allá de los intentos privatizadores de la EPE que hubo en el pasado (en el segundo gobierno de Reutemann, no así en el de Obeid que decidió mantener a la distribuidora en la órbita estatal), lo cierto es que el Frente Progresista Cívico y Social recibió en diciembre del 2007 a la empresa en la órbita del Estado; y rectificó la política seguida por el gobierno anterior en un punto central: descongeló las tarifas, y las aumentó ocho veces (diez si se agregan los aumentos al "peaje" que se cobra a las grandes empresas).
Sin embargo eso no se tradujo -ni mucho menos- en un mejor servicio, como lo pueden corroborar todos los santafesinos; así como tampoco se tradujo en mayores inversiones, para lo cual pueden corroborar las cifras oficiales disponibles en esta entrada anterior del blog.
Allí surge que, lejos de los 1023 millones de pesos de inversiones de la EPE en los cuatro años del gobierno de Binner, de los que se habla en la nota de LPO (y que repiten como loritos los funcionarios en los medios de acá), en los tres primeros años de esa gestión la inversión de la distribuidora estatal apenas superó -en el mejor de los casos- los 426 millones (menos de la mitad de lo dicho por el socialismo).
Es decir que la empresa en manos estatales se comportó con la lógica de los concesionarios privados: embolsó jugosos ingresos por tarifas varias veces aumentadas (sin que bajaran un peso los subsidios nacionales a la compra de electricidad), e invirtió apenas una ínfima parte en mejorar el servicio. Sobre el particular recomendamos especialmente este post.
Pero el punto es que en el caso de la EPE el socialismo en el gobierno no se encontró ante la decisión de privatizar un servicio público, o reestatizarlo si estaba en manos privadas, dilema ante el que sí se vio en otras oportunidades; como por ejemplo al vencerse el contrato con el agente financiero del gobierno provincial, y la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario.
Y en ambas oportunidades optó decididamente por volver a privatizar los servicios: en el caso del agente financiero armando una licitación a medida del Grupo Eskenazy (que ya venía siendo el agente financiero desde los tiempos del gobierno de Reutemann) que terminó ganando éste como único oferente de acuerdo a este decreto de Binner; y en el de la autopista entregándola primero en una controvertida contratatación directa a un consorcio que ni siquiera existía (por este otro decreto de Hermes), y luego por otra licitación que terminó beneficiando a un grupo de empresas muy vinculadas al socialismo; otra vez mediante la pluma de Binner como vemos acá.
De modo que la hoy sobreactuada defensa de lo estatal que ahora ensayan los referentes del Frente Progresista (además de una cortina de humo para encubrir el verdadero problema: su gestión de los servicios públicos es un completo desastre) se da de patadas con sus propios antecedentes en la gestión pública del Estado provincial.
Y -reiteramos- se parece bastante a la estrategia del tero, porque mientras pegan el grito por el lado de la EPE y los supuestos intentos privatizadores, lo que en realidad no quieren que veamos es que están poniendo los huevos en otro lado, como por ejemplo desacargando el tarifazo en el agua, pasándose ya saben por donde las recomendaciones del ENRESS y las audiencias públicas:
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