UN NUEVO COSTO PARA LOS SANTAFESINOS POR LA INEFICIENCIA SOCIALISTA

Por A. C.

Hace un año atrás, la Cámara Argentina de la Construcción, expresaba publicamente que la deuda del gobierno de Antonio Bonfatti con las constructoras de obras públicas en toda la provincia superaba los 250 millones de pesos. La situación no tiene grandes modificaciones actualmente, y por eso la obra pública provincial se encuentra  directamente paralizada en muchos casos, y en otros, con niveles de atraso inexplicables; como los famosos y publicitados hospitales santafesinos, que muestran un grado de avance de obra paupérrimo. Esto siempre en un contexto de haber dispuesto la provincia desde el 2008 a la fecha, de presupuestos holgados y por lo tanto de los recursos previstos para afectar a la obra pública.

Ante el atraso del Estado Provincial en el pago de los certificados de obra, el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas de la provincia (Ley N° 5.188), establece un mecanismo para el reconocimiento de intereses por mora para el pago de certificados de obra fuera de los plazos previstos. 

El artículo 71 fue reglamentado por Decreto 5.755/91, y se establece que “el pago del certificado deberá hacerse dentro de los sesenta días, contados a partir del último día del mes de realizado el trabajo. La mora en el pago dará derecho al contratista a percibir, hasta el efectivo pago, accesorios por mora calculados en base al Índice de Ajuste Financiero Corregido por Exigencia de Efectivo Mínimo (comunicación “A” 1647) que elabora el Banco Central de la República Argentina”.

Este índice, que arroja un interés anual bajo, de entre el 1 y 2%, tiene que tomarse en el contexto y en las características del contrato de obra pública, donde el contratista ante el incumplimiento del Estado, tiene otras herramientas para reclamar ante el atraso de la Administración.

Así, puede reclamar gastos improductivos, por el incremento de costos que tiene que afrontar a consecuencia de las demoras o paralizaciones en la ejecución de los trabajos, generados en la falta de pago en término del Estado, y que se traducen por ejemplo en mayores gastos financieros o de mantenimiento ante la paralización de la obra. Y si por la extensión del plazo de la obra, se producen variaciones en los precios de los distintos rubros o componentes que el contratista cotizó, puede solicitar la redeterminación de precios del contrato para recuperar esa diferencia. 

Y a esto hay que agregarle los adicionales de obra, es decir ampliaciones no previstas en el contrato original, que generan nuevos pagos a favor de la empresa contratista, adicionales permanentemente utilizados por la gestión provincial durante estos años, quizás para compensar atrasos en los pagos de las certificaciones ordinarias; o quizás para incluir montos que no se previeron en el precio de la licitación originaria, permitiendo la adjudicación de la obra a determinada empresa, la que no hubiera ofrecido realizar la obra al precio que ofertó, si no tuviera ya prevista la autorización para hacer importantes adicionales durante la obra.  

Como el gobierno santafesino comenzó a demorar el pago de los certificados, y ya en el año 2012 se efectuaban los pagos más de 120 días después de su vencimiento (más del doble del término legal), la solución mágica a la que recurre el gobierno socialista (en lugar de corregir las graves deficiencias de su administración y pagar las certificaciones en término), es aumentar notablemente el interés que se le abonará a las empresas contratistas por el atraso en el pago de la certificaciones.

Por Decreto 1656 /2013 (ver acá), en ésta Provincia y frente a los atrasos del gobierno en los pagos de las certificaciones de obra, se aplicará en lo sucesivo la Tasa BADLAR en Pesos, tasa que actualmente asciende al 16% anual.

Una nueva ventaja y otra herramienta para las contratistas, y un perjuicio para todos los habitantes de la Provincia, que les pagaremos tasas muchos más elevadas, a causa de la ineficiencia de la gestión socialista.