LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

jueves, 12 de diciembre de 2013

TIENE RAZÓN, PERO NO MARCHAN PRESOS


O por lo menos no los piensan rajar.

Sobre las secuelas de la protesta policial en Santa Fe, leemos en La Capital: "Fue lo más duro que nos tocó vivir en democracia, fue un acto de sedición", aseguró ayer el Jefe de la Casa Gris, que agregó: "Que expliquen cómo estaban encapuchados. Si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir". El ministro de Seguridad santafesino, Raúl Lamberto, advirtió que "una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros".

Si bien no habrá sanciones administrativas y ya fue ratificada a la conducción de la fuerza de seguridad, la denuncia penal realizada el martes por la Fiscalía de Estado provincial les endilga "a aquellos que, en su carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares hayan participado criminalmente en su perpetración, los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal".

El fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, explicó que la denuncia presentada ante Walter Rodríguez (fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, que ya activó las primeras medidas) dio cuenta de la presencia de policías "armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales y exigiendo con dicha exhibición de fuerza al gobierno una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento de que esas omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas".

Bonfatti, en tanto, cargó contra los agentes rebeldes: "Fue lo más duro que nos tocó vivir en democracia, fue un acto de sedición. Se puede dialogar, pero nunca con un arma en las manos y destruyendo patrulleros".

Es que los policías no ocultaron armas de fuego, complicaron los patrullajes con bloqueos, interfirieron radios y dañaron neumáticos de los móviles, intimidaron al gobernador vía mensajes de texto o a periodistas a través de las redes sociales o cara a cara y hasta atentaron contra la infraestructura de la Jefatura de la Unidad Regional II.

"Una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros", se sumó Lamberto, quien resaltó que "el 90 por ciento de la policía no se plegó" al paro.

Bonfatti aludió a la existencia de "las filmaciones hechas por la prensa de las personas que estaban en las jefaturas de Rosario y de Santa Fe y frente a la Casa de Gobierno", pero aclaró que no aplicará sanciones por lo acordado en la negociación.

No obstante, les dejó un mensaje a los uniformados: "Que expliquen cómo estaban encapuchados. Si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir"." (las negritas son  nuestras)

Nos parece saludable que el gobierno provincial haya denunciado en la justicia a los policías sediciosos que lo extorsionaron (con éxito, habrá que decir).

Lo que es absolutamente incomprensible es que (bajo el auspicio de los dos arzobispos) haya decidido también brindarles total impunidad administrativa, para que sigan en sus puestos (desde los que tienen que garantizar nuestra seguridad, nada menos) hasta tanto la justicia se expida.

No hace falta ser muy ducho en la legislación policial (acá pueden ver los artículos pertinentes de la ley 12.521) para advertir que cualquiera que haya incurrido en las faltas denunciadas por el propio Bonfatti y sus funcionarios, se hace ampliamente acreedor a ser cesanteado de la fuerza policial.

La propia ley dice en su artículo 43: "Son faltas graves aquellos hechos que atenten gravemente contra el orden constitucional, los poderes públicos o las instituciones constituidas o los derechos humanos establecidos o contra la Repartición o la Administración."; y en otros casos particulares: "especialmente, se consideran faltas graves:

c) No intervenir debidamente, cuando está obligado a hacerlo, sin causa que lo justifique y sin dar conocimiento inmediato al Funcionario policial o al magistrado judicial competente de la jurisdicción donde ocurre el hecho o acto.

d) Utilizar o blandir el arma de fuego provista o que utiliza para el servicio en situaciones que no correspondan por razones de seguridad para la integridad de las personas. 

e)   No intervenir haciendo cesar y adoptando las medidas de responsabilidad para con los infractores de faltas leves o graves o denunciando formalmente los hechos que lleguen a su conocimiento sean o no personal subalterno del que constata.

g)  Las faltas de respeto graves cometidas contra el superior o personal policial de cualquier jerarquía a cargo y los actos de insubordinación que de cualquier modo afecten el orden interno de la Repartición o los servicios que debe prestar la misma o sus dependientes.

k)  Los incumplimientos a los deberes y atribuciones policiales y a las competencias que determina el Código Procesal Penal de la Provincia.

m) Impedir u obstaculizar a otro policía o fuerzas de seguridad la normal prestación de servicios, internos o externos." .

De todas esas faltas graves estaría "indultando" el gobernador a los policías sublevados, con bendición arzobispal.

El modo más seguro de asegurarse que las vuelvan a cometer, cuando lo crean necesario; con los perjuicios ya conocidos para todos los santafesinos.

1 comentario:

Anónimo dijo...

El miedo de Bonfatti y Cia., es que si aplican las cesantìas a los sublevados, los exhonerados hablen.
Y si hablan, denuncien los negocios entre la policìa y el gobierno provincial. Negocios entre sus Jefes y la Gobernaciòn, en cuestiones que acà todos conocemos: droga, putas y robo de autos.
Por eso, en preservaciòn de intereses comunes,el obispo Arancedo se apurò a presentarse como garante "espiritual" del acuerdo de impunidad.
Conservadores, lumpenes armados y jerarquìa eclesiàstica.Una mezcla extraordinaria, que es la concepciòn "progresista" de la seguridad. Herencia del abuelo Binner. Cualquier similitud con èpocas de facto,es pura causalidad.
El Colo.