UNA IDEA

País raro éste: te dicen que la inflación pulveriza la capacidad de ahorro de la población, como consecuencia de lo cual a la gente apenas le alcanzaría para llegar a fin de mes; y al mismo tiempo te piden que los dejés comprar dólares para proteger sus ahorros de la inflación.

Ojo: a lo mejor es que no se explican bien, y los que tienen un problema no son los mismos que tienen el otro (puede pasar), aunque ¿quién no conoce alguien que protesta por las escalas del Monotributo, y porque no puede comprar dólares, todo junto?

Igual que hace dos años largos que nos vienen diciendo que el tipo de cambio estaba bajo y el dólar no era competitivo por la inflación (decían que el gobierno lo usaba como "ancla inflacionaria"), y ahora nos dicen que el impacto de la devaluación será trasladado automáticamente a los precios; por lo que los que hasta la semana pasada la pedían, hoy la critican porque alimentará la inflación; en fin: son los riesgos de perder la iniciativa e ir detrás de los acontecimientos.

Hoy se conoció la "letra chica" (como diría Pino) del levantamiento del "cepo" para la compra de dólares para ahorro: acreditar ingresos formales como mínimo iguales a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (hoy serían $ 7200), con una fórmula de la AFIP que calcula la porción de los ingresos mensuales, normales y habituales por los que se puede comprar y con un tope mensual máximo de hasta 2000 billetes verdes.

Pagando un 20 % por encima de la cotización en concepto de anticipo a cuenta de Ganancias o Bienes Personales (se mantiene el 35 % para las compras para turismo y las compras con tarjeta en el exterior); salvo que la persona física (las empresas no podrán comprar dólares para atesoramiento) deposite los dólares en un plazo fijo bancario, para lo cual a su vez el BCRA subió la tasa de interés de los depósitos en moneda extranjera. 

Con esto ya no deberían hablar de "falta de previsibilidad" o "discrecionalidad" del gobierno para autorizar la compra de dólares, pero que nadie se ilusione esperando aprobación a las medidas: todo lo que no implique la total y absoluta liberalización del mercado cambiario será rechazado de plano.

Es prematuro saber si las medidas lograrán el propósito de reducir el mercado legal de divisas, controlar el alza del dólar y recomponer las reservas del BCRA; y cuestión aparte (la más trascendente sin dudas) es como evitar que la devaluación incida en los niveles de precios.

Lo que sí se puede señalar es que el sistema está estructurado sobre la base de los ingresos formales declarados al fisco por quien quiera comprar dólares (un resguardo mínimo y elemental, que nadie discutiría en los países que nos ponen como modelos por lo "serios"), y la acreditación de cierta capacidad de ahorro.

Y éste es el punto en el que nos interesa detenernos, para hacer nuestro modesto aporte.

Desde la ortodoxia económica, los medios hegemónicos y prácticamente la totalidad de la dirigencia opositora (falta poco para que la propia izquierda suscriba el diagnóstico, por lo pronto ya adscribe a la teoría del "Rodrigazo", como lo apunta acá el Pibe) se señala al gasto público como la principal (si no única) causa de la inflación.

Y dentro de ese gasto público, se señala a los subsidios a las tarifas de los servicios públicos (luz, gas, agua, transporte) como una de las principales distorsiones, que dispararían el gasto y acrecentarían el déficit; junto (y paralelo a) las importaciones de combustibles; que son necesarias (según dicen) porque hay una demanda subsidiada.

El hecho de que para poder comprar dólares para ahorro se exija acreditar la situación de ingresos ante el fisco permitirá a la AFIP cruzar información para determinar si hay inconsistencias, y eventualmente atacar nichos de evasión (de hecho ya vino funcionando algo así con la versión anterior del "cepo"); pero también para determinar en qué sectores existe capacidad de ahorro, el presupuesto para autorizar la compra.

Y acá viene la idea: ¿no sería adecuado aprovechar esa información para instrumentar la baja o quita de los subsidios a las tarifas a aquéllos usuarios que le están diciendo al mismo Estado que tienen capacidad de ahorro, para que los dejen de comprar dólares? 

Además de la equidad de la medida, alguna de las dos finalidades se lograría: o se quita presión a la demanda de dólares, o se pueden rediseñar los subsidios para que les lleguen a los que verdaderamente los necesitan, además de poder destinar esos recursos del Estado a otros gastos más prioritarios.

La renuncia voluntaria que se instrumentó en su momento fue un completo fracaso, porque -como diría Pugliese- les hablamos con el corazón y nos contestaron con el bolsillo.

Dejando de lado las complejidades técnicas que pueda tener la instrumentación de la medida (se prometió en su momento algo así con la tarjeta SUBE, y aun no se ha instrumentado), no se nos escapa que alguno cuestione la legalidad sobre la base de que los servicios públicos se facturan por unidad de medida, o en proporción a su uso; y no por la capacidad contributiva o el nivel de ingresos de los usuarios.

En tal caso podría analizarse hacer cargar la baja de los subsidios (o el aumento de las tarifas, como se lo quiera ver) sobre los cargos o conceptos generales por conexión al servicio, y no sobre los niveles de consumo (lo que no podría aplicarse al transporte público por supuesto); o alguna alternativa parecida.   

Desde ya que si le medida reportara mayores ingresos por tarifas a las empresas concesionarias (sean públicas o privadas) deberían estar afectados en todo o en parte, a obras e inversiones para el mejoramiento de los servicios.