Dado que escribe en lugar de hablar, entendemos a Bonelli en Clarín: "La Corte Suprema de Justicia no va a avalar la ley de abastecimiento que ayer aprobó el Senado y la semana próxima sancionaría el Congreso.La mayoría de los magistrados considera que –a priori– su texto actual es inconstitucional y lesiona derechos de la actividad privada.
La noticia trascendió el martes en la reunión del grupo de las seis entidades empresarias más importantes de la Argentina. Héctor Méndez lo confió en el más absoluto de los secretos. Dijo que la Unión Industrial había enviado un emisario a hablar con los magistrados y que la mayoría de los jueces de la Corte calificaban la iniciativa de Cristina Kirchner como inconstitucional. Méndez comentó que el propio Ricardo Lorenzetti admitió la dura posición del Tribunal en un mensaje que envió a la central fabril. Así lo dijo Méndez: “Fue muy cauto, porque no quiere prejuzgar, pero evalúa que el proyecto contiene aspectos fuera de la legalidad constitucional. ". (las negritas son nuestras)
¿Qué me contursi de Madzelo, operando a cielo abierto?
Y no se anda con chiquitas: nos está diciendo que la UIA envió un emisario (¿Daniel Funes De Rioja, Juan Carlos Cassagne?) a ver a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la nación, para que opinaran si las reformas de la ley de abastecimiento aprobadas por el Senado (aun pendientes de trámite en Diputados) son o no inconstitucionales.
Y ya les habrían avisado que se queden tranquilos, que si la ley sale la tumban, por inconstitucional. Eso sí: Méndez lo contó en secreto a los otros miembros del consejo directivo de la UIA para que no trascienda, pero a Bonelli se lo habría contado para que lo publique en Clarín; sin reparar mínimamente -de ser cierto- en la gravedad institucional del asunto.
Si no pensemos como hubieran reaccionado los medios si la cosa hubiera sido al revés, y trascendiera que un funcionario del gobierno visitó a los jueces de la Corte para saber a priori como opinarían en el caso que la causa llegara a sus manos.
Que estamos en presencia de una desembozada operación de prensa no quedan dudas, pero no está tan claro en qué sentido: si para mojarle la oreja al gobierno y provocar que -llegado el caso de un eventual pleito por la ley ante la Corte- recuse a algunos ministros y los corra del medio (con el consecuente costo de que lo acusen de avsallar a la justicia "independiente"); o para disciplinar de antemano a los jueces de tribunales inferiores que debieran intervenir, previniéndolos que la Corte tendrá la última palabra, y dirá que la ley es inconstitucional.
También es posible que el brulote de Bonelli tenga por objeto desacreditar de antemano (como pasó con la ley de medios) un eventual fallo favorable de la Corte a la constitucionalidad de la ley, que aparecería así como el resultado de un apriete del gobierno.
Pero no conjeturemos más para no caer en el riesgo de ingresar en la literatura de ficción, y detengámonos en cambio en la gravedad institucional del hecho, que como corresponde al lugar en que se conoció la noticia, el autor y los protagonistas de la supuesta reunión, pasó casi desapercibido para el aparato de medios hegemónicos.
O Bonelli -para variar- miente y queda descalificado más de lo que ya está como periodista, o dice la verdad y la reunión se produjo tal cual él la cuenta; y las aclaraciones por parte de los ministros de la Corte son imprescindibles.
A menos que don Lorenzetti y sus pares admitan como natural ser apretados por grupos económicos para fallar conforme a sus intereses, aunque él personalmente (un especialista además en los derechos de usuarios y consumidores) se jacte en público de lo contrario, en cuanta oportunidad tenga.
El silencio observado al respecto hasta ahora (aquí en el portal de noticias del Poder Judicial nada se dice sobre el tema, y tampoco en el propio sitio web de la Corte) es -como mínimo- sugestivo e inquietante.
El habitualmente locuaz Lorenzetti debería saber mejor que nadie que en ciertos casos cobra vigor aquélla máxima de que el que calla, otorga.
¿Qué me contursi de Madzelo, operando a cielo abierto?
Y no se anda con chiquitas: nos está diciendo que la UIA envió un emisario (¿Daniel Funes De Rioja, Juan Carlos Cassagne?) a ver a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la nación, para que opinaran si las reformas de la ley de abastecimiento aprobadas por el Senado (aun pendientes de trámite en Diputados) son o no inconstitucionales.
Y ya les habrían avisado que se queden tranquilos, que si la ley sale la tumban, por inconstitucional. Eso sí: Méndez lo contó en secreto a los otros miembros del consejo directivo de la UIA para que no trascienda, pero a Bonelli se lo habría contado para que lo publique en Clarín; sin reparar mínimamente -de ser cierto- en la gravedad institucional del asunto.
Si no pensemos como hubieran reaccionado los medios si la cosa hubiera sido al revés, y trascendiera que un funcionario del gobierno visitó a los jueces de la Corte para saber a priori como opinarían en el caso que la causa llegara a sus manos.
Que estamos en presencia de una desembozada operación de prensa no quedan dudas, pero no está tan claro en qué sentido: si para mojarle la oreja al gobierno y provocar que -llegado el caso de un eventual pleito por la ley ante la Corte- recuse a algunos ministros y los corra del medio (con el consecuente costo de que lo acusen de avsallar a la justicia "independiente"); o para disciplinar de antemano a los jueces de tribunales inferiores que debieran intervenir, previniéndolos que la Corte tendrá la última palabra, y dirá que la ley es inconstitucional.
También es posible que el brulote de Bonelli tenga por objeto desacreditar de antemano (como pasó con la ley de medios) un eventual fallo favorable de la Corte a la constitucionalidad de la ley, que aparecería así como el resultado de un apriete del gobierno.
Pero no conjeturemos más para no caer en el riesgo de ingresar en la literatura de ficción, y detengámonos en cambio en la gravedad institucional del hecho, que como corresponde al lugar en que se conoció la noticia, el autor y los protagonistas de la supuesta reunión, pasó casi desapercibido para el aparato de medios hegemónicos.
O Bonelli -para variar- miente y queda descalificado más de lo que ya está como periodista, o dice la verdad y la reunión se produjo tal cual él la cuenta; y las aclaraciones por parte de los ministros de la Corte son imprescindibles.
A menos que don Lorenzetti y sus pares admitan como natural ser apretados por grupos económicos para fallar conforme a sus intereses, aunque él personalmente (un especialista además en los derechos de usuarios y consumidores) se jacte en público de lo contrario, en cuanta oportunidad tenga.
El silencio observado al respecto hasta ahora (aquí en el portal de noticias del Poder Judicial nada se dice sobre el tema, y tampoco en el propio sitio web de la Corte) es -como mínimo- sugestivo e inquietante.
El habitualmente locuaz Lorenzetti debería saber mejor que nadie que en ciertos casos cobra vigor aquélla máxima de que el que calla, otorga.
2 comentarios:
Hay un argumento dando vueltas por la web, que dice que el art. 17 de la CN explicita que todo bien expropiado debe ser previamente indemnizado, y por lo tanto la ley sería inconstitucional.
¿Qué hay de cierto en eso?
Que la ley no dice nada respecto a expropiaciones de bienes, y cuando habla de decomiso (secuestro) es de los productos o artículos detectados en infracción (por ejemplo acaparando mercadería), se los vende y se consigna el precio al propietario "aplicando los principios de la expropiación". Incluso en los cambios introducidos en el Senado se permite a las empresas pedir una compensación en dinero cuando aducen que se los obliga a producir a pérdida un determinado producto, o prestar en esas condiciones un determinado servicio. Claro que tienen que demostrar el perjuicio para reclamar. Pero aun así se trata de un problema de daño/indemnización, no de privación de la propiedad. Incluso en el texto propuesto se elimina una declaración genérica de utilidad pública (presupuesto imprescindible para expropiar) de todo bien necesario para garantizar el normal abastecimiento a la población.
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