Que la inseguridad en general y el delito violento en particular son problemas graves para las sociedades contemporáneas, y que en la provincia y en especial en Rosario ha alcanzado niveles preocupantes son verdades que no admiten discusión. Lo que tampoco parece admitir discusión es que la política -salvo honrosas excepciones- no está a la altura del desafío.
El presidente en su discurso en el Congreso el miércoles pasado apenas mencionó el tema (si lo hizo) al pasar, y al día siguiente luego de la balacera al supermercado de la familia de la esposa de Messi agregó que "algo más habría que hacer"; mientras su ministro de Seguridad (que días antes le había dicho al gobernador Perotti que el problema lo debería resolver él con su policía) sentenció que los narcos habían ganado, es decir que daba la pelea por perdida.
Hay legisladores nacionales por Santa Fe -del oficialismo y de la oposición- que no se dieron por enterados de la capitulación, porque están pidiendo "sitiar Rosario" con fuerzas federales, o una intervención federal "a las fuerzas de seguridad de la provincia", como si eso estuviera contemplado en la Constitución, o fuera compatible con la subsistencia de un gobierno provincial electo por los santafesinos.
Eso, por no mencionar a los Pato Bullrich y Pullaros de la vida que caranchean con la muerte, como si cuando les tocó gestionar la seguridad, hubieran tenido un desempeño brillante; o Amalia Granata, que sin haber gestionado nada más que su propia bombacha se paseó por barrios calientes de Rosario con un chaleco antibalas. O el intendente Javkin, que vino haciendo un show con su pedido de que le pasen la conducción de las fuerzas policiales, pero que no puede explicar los vínculos de su administración con la banda de "Los Monos" en el reparto de la ayuda social.
El gobierno nacional no insistió -hasta el hecho que cobró notoriedad internacional porque afectó a la familia de Messi- con su propia reforma judicial en la parte que reforzaba la administración de la justicia federal en la provincia y sobre todo en Rosario, a punto tal que el tema ni siquiera fue incluido en su momento en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, y ahora lo van a tratar a tambor batiente, presionados por los acontecimientos.
Que decir de los opositores, que en su táctica de extorsionar al gobierno para que desista del juicio a la Corte ni siquiera propusieron dar quórum para tratar algo que ellos mismos pidieron en su momento, cuando firmaron la presentación conjunta de todos los legisladores nacionales por Santa Fe. O la propia Corte, que en la persona de Rosatti (presidente del tribunal y del Consejo de la Magistratura) montó hace unos meses un show en Rosario para apoyar a los jueces y fiscales federales, mientras traba los concursos que servirían para cubrir algunas vacantes.
En fin, todos hacen como que les preocupa el tema -porque saben que tiene impacto social y electoral-, pero en el fondo nadie parece estar muy dispuesto a hacer la parte que le toca, y menos aun, a colaborar con los demás en busca de una solución. Alguien (en su momento el ahora Jefe de Gabinete Agustín Rossi, hace poco el diputado Busatto) dijo por ahí que la magnitud del problema requiere de un amplio consenso entre las fuerzas políticas más allá de especulaciones electorales, y no podríamos estar más de acuerdo.
Pero tampoco somos ingenuos: no se trata simplemente de sentarse en una mesa -aunque haya que hacerlo- y el problema está resuelto, porque cuando hablamos de seguridad (como pasa con la economía, la educación, el trabajo o la salud) no todos pensamos y decimos lo mismo, ni proponemos solucionar del mismo modo, los mismos problemas. De hecho, hace algunos años, allá por 2009 durante el primer mandato de Cristina distintas fuerzas políticas sucribieron el "Acuerdo de Seguridad Democrática" cuyos puntos constituían un buen punto de partida para una política de seguridad democrática y efectiva.
Ese marco incluía -por ejemplo- una democratización de las fuerzas de seguridad para asegurar un efectivo control de su funcionamiento por el poder civil de elección popular; conceptos sobre los cuales la política -en Santa Fe y en todo el país- fue y vino varias veces, con sentidos contradictorios: baste repasar los barandazos en la materia de la gestión de Perotti desde Saín hasta Brilloni, o las propuestas de la derecha que proponen replicar acá las políticas efectistas de Bukele en El Salvador, como si la cosa se solucionará montando uno o varios Guantánamos, y listo.
Lo mismo vale para los vínculos entre el crimen organizado (en especial el narcotráfico), el lavado del dinero de origen ilícito, y los sectores de la economía formal (bancos, financieras, fondos de inversión, puertos, estudios jurídicos y contables, medios de comunicación) dispuestos a reciclarlo: cuando alguien (por ejemplo el ex ministro Saín) se animó a poner el tema en discusión, le tiraron encima con todo el aparato institucional y mediático, hasta sepultarlo. Y recién hace poco se animaron -otra vez, presos de las circunstancias apremiantes- a tomar una decisión burocrática como instalar una delegación de la UIF en Rosario.
¿Habrá que esperar a que lo tiroteen en persona al propio Messi para que la política se ponga, de una buena vez, a la altura del desafío? Tuits relacionados:
Todos sobreactuando indignación por lo del supermercado de los suegros de Messi para conseguir una camiseta de la selección autografiada. No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas.
— La Corriente K (@lacorrientek) March 2, 2023
O los narcos hacen "home office" del delito desde las cárceles, o hay que ir a buscarlos con escuadrones especiales. Las dos cosas juntas imposible, chicos: https://t.co/KidqFftfIF
— La Corriente K (@lacorrientek) February 28, 2023
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