La reglamentación de la ley bases en el capítulo de concesiones e iniciativas privadas que salió hoy en el Boletín Oficial dispone que en esos casos no rigen ni la ley de expropiaciones ni la de cautelares contra el Estado. La consagración legal de la indefensión del Estado bobo.
— La Corriente K (@lacorrientek) August 12, 2024
El viernes de la semana pasada salió en el Boletín Oficial el llamado a licitación para volver a privatizar la hidrovía. Hoy, el de las represas del Comahue. En el medio todos boludeando con los videos de Alberto. Así funciona.
— La Corriente K (@lacorrientek) August 12, 2024
Solo siendo Macri (es decir, mirándose el ombligo de los negocios propios) se podría entender que en el marco de la ley bases y la reglamentación parcial que se publicó hoy se podría arreglar el chanchullo de la deuda del Correo. Y mirá que la ley bases es una completa poronga.
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Seguro que se juntan los vecinos de la obra y lo arreglan. https://t.co/tWdQr7hEYq
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Mientras nos entretienen con los escándalos conyugales de Alberto, y nos prometen nuevos videos en los que se hace el pito duro, pasaron cosas. Como por ejemplo:
* El martes pasado se publicaba en el Boletín Oficial el Decreto 699, por el cual se declaraba servicio público "las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional.", para acto seguido disolver el órgano de control de la llamada hidrovía, creado por el Decreto 556/21 (en el que tenían participación las provincias ribereñas) y abrir un nuevo proceso de privatización; lo que se concretó luego mediante el Decreto 709, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial.
El decreto descarta la alternativa del canal Magdalena en perjuicio de la provincia de Buenos Aires y en beneficio de los intereses del puerto de Montevideo, y el único que protestó -al menos en público- fue Axel Kicillof, porque advirtió que la iniciativa va en contra de los intereses estratégicos de la nación, y además es parte de la política de asfixia en todos los frente de la provincia que gobierna, como ya se vio con la decisión de no localizar la planta de GNL de YPF en Bahía Blanca.
* Se siguen sumando envíos al exterior de remesas de las divisas en oro del Banco Central, y pedidos de informes de Sergio Palazzo y la Asociación Bancaria al BCRA, sin respuesta. Todo indica que las operaciones han violado la carta orgánica del banco, y que Caputo no puede dar cuenta de ellas serían parte de una negociación ruinosa con bancos y fondos de inversión para obtener un "repo" que recomponga las reservas.
* El gobernador de Santa Cruz -uno de los "dialoguistas" que apoyó la ley bases- reclama por el virtual abandono por parte de YPF de la explotación petrolera en su provincia, con la consecuente merma de ingresos por regalías. Al mismo tiempo el derretimiento de la nieve inunda la sala de máquinas de la represa Cepernic (una de las que se estaban construyendo con financiamiento chino), y el abandono de la obra por el gobierno nacional tras su paralización total provocaría que los destrozos sean imposibles de reparar, frustrando así la concreción de una obra clave para el desarrollo del país.
La estrategia de YPF es consistente además con lo que está haciendo en Neuquén, malvendiendo concesiones a precios viles en distintos yacimientos, para que lo aprovechen algunos vivillos como Javier Iguacel (el ex director de Vialidad Nacional y luego secretario de Energía de Macri), que se quedó con algunos a través de una empresa fantasma (acaso del propio Macri), creada después de que se abriera la licitación.
* Este lunes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 718, por el cual se prorrogan por un año a título precario las concesiones para operar las represas del Comahue (Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila) a las empresas privadas que actualmente las operan, y se vuelve a llamar a licitación para transferir su operación a manos privadas, por 30 años. Una de las beneficiarias es Central Puerto SA, de la familia Caputo y en la que el Toto de la Champions conserva acciones.
* El mismo día se publicó el Decreto 713, por el cual se reglamentan diferentes aspectos de la ley bases, como el régimen de concesiones de obra pública y servicios públicos (lo que incluye el peaje en las rutas nacionales), la renegociación y rescisión de los contratos públicos en ejecución (con excepción, casualmente, de los de concesión de servicios públicos) y los acuerdos transaccionales para poner fin a litigios administrativos o judiciales en los que el Estado nacional sea parte.
Precisamente éste último punto es el que le interesó personalmente a Mauricio Macri (al punto de conversarlo personalmente con Milei en una charla que tuvieron en Olivos) para poder finalmente zafar de pagarle al Estado la deuda que mantiene desde hace años por la fallida concesión del Correo, y evitar así la quiebra de SOCMA. Claro que solo con malicia propia de un delincuente como él se puede interpretar que las nuevas normas aplican al caso, que se trata de un concurso de acreedores, y que su propuesta (consistente en auto-condonarse el 98,8 % de la deuda) sería beneficiosa para los intereses del Estado nacional.
* El mismo Decreto 713 reglamenta un régimen de "iniciativa privada", reflota los nefastos -y fallidos- contratos de "participación pública-privada" creados por la Ley 27328 aprobada durante el gobierno de Macri, y declara expresamente que en todos esos casos -incluyendo los procesos de privatización para conceder la explotación de obras o servicios públicos- no rigen ni la Ley 21499 de expropiaciones, ni la Ley 269944 de medidas cautelares judiciales contra el Estado; además de contemplar la posibilidad de que -por acuerdo de partes- se prorrogue la jurisdicción en tribunales extranjeros, para resolver eventuales litigios.
Es decir, se ha legislado la absoluta indefensión del Estado nacional frente a los intereses privados, desconociendo además una herramienta contemplada en la Constitución Nacional como la expropiación. Pensemos además que aun falta reglamentar el oprobioso RIGI.
* Mientras tanto el Congreso nacional -que permanece en Narnia, ajeno a todas éstas cuestiones- se apresta a discutir en Diputados la declaración de la educación como servicio esencial, en lo que constituye una burda reglamentación del derecho de huelga de los docentes hasta suprimirlo, que se da de patadas con los convenios de la OIT firmados por la Argentina. Eso, mientras los docentes universitarios e investigadores comienzan un plan de lucha en defensa de sus licuados (o tronchados por la motosierra de Milei) salarios.
Todo esto ocurre mientras se siguen conociendo indicadores tenebrosos de la recesión económica (la industria en todos sus bloques profundiza la caída) y de su impacto en el empleo y los salarios; y no hay el meno indicio de la anunciada "recuperación en V". Si no es un plan sistemática de saqueo, entrega, hambre y empobrecimiento, se le parece bastante.
1 comentario:
Coincido 200 %. Y quisiera compartir con ustedes la enorme preocupación (diría el mismo asco y desprecio que me produce Scioli) de la designación de Brilloni, ex ministro de Seguridad de Perotti al frente de Gendarmería Nacional y a órdenes de, nada menos, que Patricia Bullrich..
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