COMPARACIONES

Analizando la crisis que está viviendo la administración Scioli en la provincia de Buenos Aires, tirábamos acá algunos números comparativos con Santa Fe en lo que son rubros de gastos que se le pide reajustar al motonauta, tal el caso de la publicidad oficial y los subsidios a la educación privada.

En la misma línea y a propósito de éste post de Artemio, en el que señala (e intenta distinguir, apoyado en cifras) los componentes estructurales que afectan a las finanzas bonaerenses, de aquéllos propiamente derivados de la impronta de gestión de Scioli, tiramos algunas reflexiones también comparativas con el caso santafesino.

Al que tomamos en cuenta por tratarse de una provincia perteneciente a la misma región del país (la pampa húmeda), con similar estructura productiva (economía con base agropecuaria y desarrollo industrial); hoy administrada por un signo político distinto al del gobierno nacional; y cuyas autoridades (las actuales y las anteriores, de la gestión de Hermes Binner) han hecho de la victimización por presuntas discrminaciones que sufrirían por parte del gobierno nacional, un discurso político permanente; aunque no consistente claro está.

De acuerdo a las cifras del último Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) la provincia de Buenos Aires cuenta con 15.625.084 habitantes, mientras que Santa Fe reunía (al menos a la fecha del relevamiento) 3.194.537 pobladores; lo que la implica que la provincia más grande de la Argentina "cabe" (en términos estrictamente poblacionales) 4,89 veces en la bota santafesina.

De acuerdo a los respectivos Presupuestos para éste año votados por las correspondientes Legislaturas, Scioli debería gastar $ 113.852.514.288; y Bonfatti $ 33.789.368.000; lo que implica que el Presupuesto bonaerense es "apenas" 3,37 veces el santafesino.

Y decimos "apenas" porque se aleja de la "ratio" poblacional (que era de 4,89 a 1 entre una y otra provincia); lo que implica que el gasto público provincial per cápita anual es menor en Buenos Aires, que en Santa Fe: exactamente $ 7.286,52 en la PBA, contra $ 10.577,23, en nuestra provincia.

Sobre estas cifras se pueden hacer otras valoraciones como la distribución y calidad de ese gasto, o el porcentaje por ejemplo de población con NBI en una y otra provincia sobre el total de la población, pero tómese nota del dato: con recursos de su Presupuesto (lo que no quiere decir que todos sean propios según se verá), Santa Fe gasta por año por habitante un 45,16 % más que Buenos Aires.

Decíamos que no todo el gasto provincial (expresado en los Presupuestos respectivos) se financia con recursos propios, porque allí se contabilizan las transferencias del Estado nacional, y los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal establecido por la Ley 23.548, y sus modificaciones: aunque estos son -en términos constitucionales- propiedad de las provincias, dependen del esquema de distribución secundaria (cuanto le toca a cada provincia, de lo girado al conjunto de las provincias).

Tomando como base el régimen transitorio aprobado durante el gobierno de Alfonsín y modificado en múltiples ocasiones desde entonces (reiteramos: nos manejaremos con el original, para que se entienda mejor), la provincia de Buenos Aires se queda con un 21,50 % de la masa coparticipada a las provincias, resultante del 19,93 % más el 1,57 % para el recupero del nivel relativo, que también tienen (en menor medida) otros provincias como Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

En ese marco (modificado además por el ingreso al reparto de Tierra del Fuego cuando se convirtió en provincia, y de la CABA luego de la reforma constitucional del 94' que luego le reconoció la autonomía), a Santa Fe le corresponde el 9,28 % del total "provincias"; lo que implica que la provincia de Buenos Aires recibe en términos nominales 2,31 el dinero que recibe Santa Fe, por coparticipación federal de impuestos.

Pero volvamos al factor poblacional que arrojaba el Censo, según el cual la PBA es 4,89 veces Santa Fe: cruzando ambos datos (coparticipación y población) tenemos que cada santafesino recibe anualmente 2,11 veces de coparticipación de impuestos nacionales, lo que recibe un bonaerense; es decir, más del doble, dato a tener en cuenta por ejemplo cuando el socialismo aduce discriminación por parte del gobierno nacional.

Ahora bien, además del gasto público específicamente provincial, en cada una de las provincias (y Buenos Aires y Santa Fe no son la excepción) se despliega territorialmente el gasto público del Estado nacional, que podemos graficar con éste cuadro, extraído del Presupuesto nacional 2012:

              

El gráfico refleja entonces el gasto que ejecuta directamente por sí el Estado nacional en cada provincia; por ejemplo pagando las jubilaciones y pensiones nacionales o la AUH, o las pensiones contributivas, a los beneficiarios que residen en el mismo, los gastos de las Universidades o las obras públicas ejecutadas por organismos nacionales, entre muchas otras cosas. (*)

Y si tomamos los casi 103 mil millones de pesos que la Nación gastará este año en la provincia de Buenos Aires, y los dividimos por los pocos más de 23 mil millones que gastará en Santa Fe, nos da exactamente un coeficiente de 4,40, o lo que es lo mismo: por cada peso que gasta la Nación en Santa Fe, invierte 4,40 en la provincia de Buenos Aires.

Vemos entonces que la "ratio" geográfica del gasto público nacional  se aproxima mucho más a la poblacional derivada del Censo entre una y otra provincia (el ya citado 4,89 a 1), que la emergente del gasto provincial de ambos distritos.

Y eso se refleja en la cantidad de dinero anual invertida por el Estado nacional por habitante, en cada una de las dos provincias: $ 6.589,53 en el caso de Buenos Aires, y $ 7.320,54 en el de Santa Fe; o lo que es lo mismo, una diferencia (siempre a favor de nuestra provincia, dato no menor para el análisis político) del 11,09 %: vimos que en el caso del gasto estrictamente provincial era más del cuádruple: 45,16 %; pero si se considera a éste en conjunto con el gasto nacional en ambas provincias, la diferencia se reduce al 28,98 %, de donde la conclusión es clara: la inversión de los recursos públicos nacionales en la PBA es importante para achicar la brecha que genera el régimen de coparticipación.

Lo mismo se puede ver de otro modo, o con otro indicador construido con los mismos datos: el porcentaje de incidencia del gasto nacional en cada provincia, entendido como complemento de la intervención pública desplegando recursos dirigidos a los diferentes sectores poblacionales, y para suplir las restricciones que tienen ambas provincias para ejecutar determinadas acciones de políticas públicas, con sus propios recursos.

Ese indicador (que mide cuanto representa el gasto nacional en una provincia comparado con el propio presupuesto de ésta, en términos porcentuales), nos dice que en Santa Fe la Nación gasta por sí fondos por un equivalente al 69,21 % del presupuesto provincial; mientras que en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje sube al 90,43 %. 

Es decir entonces que la Nación gasta en la provincia más grande y poblada de la Argentina casi un presupuesto "mellizo" del de la propia gestión de Scioli, y viene siendo así todos estos años: vaya el dato para los que ven desde La Plata fantasmas golpistas, alentados por la prensa opositora.  

Y hablando de opositores: visto de otro lado, las cifras del gasto nacional en las dos provincias (otra es la discusión sobre la calidad, como también vale para los gastos financiados por los Estados provinciales) revelan no una discriminación política en perjuicio de las administraciones no oficialistas como la de Santa Fe, sino una intervención pública decidida y con recursos, tendiente a superar restricciones estructurales (como la distribución que surge del régimen de coparticipación federal de impuestos, en perjuicio de la PBA), que inciden directamente en los niveles de desarrollo y -sobre todo- en la mejora de los indicadores sociales en uno y otro caso; ni más ni menos que lo que Cristina explicó en detalle ayer en General Rodríguez.

Restricciones estructurales cuya superación -como se dijo acá- no resulta nada sencilla, desde que requiere del consenso entre las 24 jurisdicciones políticas del país y el Estado nacional, por imperativo constitucional. 

De allí el absurdo de la discusión que -por ejemplo- se planteada desde el gobierno santafesino respecto a los niveles de asignación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos esenciales como la electricidad o el transporte de pasajeros en cada provincia, o con la forma como Cristina dispuso en su momento que se repartiera entre las provincias el 30 % del producido de las retenciones a las exportaciones de soja (aunque sea por las normas de la Ley 23.548, y por ende, con el mismo perjuicio para la PBA).

(*) En la clasificación geográfica del gasto hay que hacer algunas salvedades en el caso de la CABA y tomar con pinzas las cifras globales que el cuadro arroja para el distrito, porque se contabilizan allí erogaciones que son del conjunto del territorio, como los subsidios que se pagan por la compra de electricidad a través de CAMESSA, o las importaciones de combustible.