No es del agrado de éste blog hacer copy
paste, pero cuando las chantadas se reiteran (como el informe de los radicales
en la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso que da lugar a la nota de
Infobae), no nos queda más remedio que hacerlo.
El artículo da cuenta de que la última
aprobación de las Cuentas data del 2006, aunque en rigor es de diciembre del
2007, cuando la Ley 26.328 aprobó de una sóla vez las Cuentas Generales de los
ejercicios 1999 a 2004 inclusive, y no hay registros del tratamiento de las
posteriores en el Congreso.
En ese sentido, no cuadra más que reiterar
en extenso lo dicho en su momento acá:
"En la Argentina el modelo de la Auditoría fue introducido
por el menemismo en tiempos de Cavallo, a partir de la Ley de
Administración Financiera 24.156 (1992), para reemplazar al
Tribunal de Cuentas de la Nación; y cuando en 1993 el propio Menem y Alfonsín
firmaron el Pacto de Olivos, en la Ley 24.309
que aprobó el llamado Núcleo de Coincidencias Básicas, se estableció
que "El control externo del sector público nacional, en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, es una atribución
propia del Poder Legislativo", ejercida con el apoyo técnico de
los informes y auditorías de la AGN.
Esto se plasmó luego en el artículo 85 de la Constitución
Nacional, difiriendo a una ley especial determinar como quedaría conformado el
organismo, pero dejando sentado que su presidencia correspondería al partido
político opositor con mayor número de legisladores en el Congreso.
La Auditoría carece de las atribuciones que
tenía el desaparecido Tribunal de Cuentas de la Nación para efectuar el control
concomitante (preventivo) del manejo de la hacienda pública, a través del
análisis de legalidad de los actos administrativos (con la posibilidad de
observarlos y suspender su ejecución), y de la revisión de las cuentas y
movimientos de fondos que podían dar lugar a los denominados juicios de cuentas
y de responsabilidad; procedimientos ambos para hacer efectiva la responsabilidad
contable y patrimonial de los funcionarios públicos.
El control para ser eficaz debe ser oportuno, y en el caso de la
AGN el modelo de control que la Ley 24.156 y la reforma constitucional llaman
"global" es muy difícil que pueda serlo por su diseño.
Porque además los republicanos no se llevan bien con los
controles, y si no que lo diga aquí Binner, que lleva acumuladas mucho más de
100 observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas (que en Santa
Fe tiene rango constitucional y por eso no se puede reemplazar por la
Auditoría, sin reformar la Constitución) contra actos administrativos suyos, y
de los funcionarios de su gobierno; que dieron lugar a otros tantos decretos de
insistencia.
Sí, en ningún caso el reparo del órgano de control externo
provocó que el gobierno del Frente Progresista diera marcha atrás con la
decisión objetada; y la decisión de Binner de insistir en esos más de 100
casos, tampoco pudo ser analizada en la Legislatura: el socialismo y sus
socios en el Frente impiden sistemáticamente desde hacer cuatro años, la
conformación de la Comisión Bicameral de Control, que debe examinar las
observaciones del Tribunal de Cuentas (que ya rondan las 130, incluyendo las
que mereció Bonfatti, actualizamos), y las insistencias del Ejecutivo.
Y lo hacen por una sencilla razón: se oponen a darle a la
oposición mayoría en la conformación de la Comisión, como ellos reclaman en la
AGN. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Esta discusión de los "controles" viene de los 90'
fuertemente influida por un parte aguas ideológico: el malo es el Estado, los
corruptos son los políticos (nunca hay un empresario que ofrece la coima que un
funcionario cobra, por ejemplo) y deben ser vigilados todo el tiempo; partiendo
de la presunción de que son todos chorros.
Cuando de lo que se trata es de controlar al poder económico,
incluso cuando están involucrados dineros públicos (por ejemplo evitar que las
empresas contrabandeen, tengan empleados en negro o evadan impuestos), entonces
surgen los defensores de las libertades contra la arbitrariedad del Estado
Leviatán.
Y se prenden en esa divisoria las famosas "ong's pro
transparencia" como el CIPPEC, Poder Ciudadano, Conciencia y tantas otras":
que casualidad, porque justo uno de los que firman el informe es el amigo
Garrido; que pertenece al CIPPEC, y que tuvo uno que otro
contratito/currito otorgado en forma directa con dineros públicos en la gestiónBinner: entonces no le preocupaba saber que pasaba con los controles.
Tal como el propio artículo de Infoabe lo destaca, el Poder Ejecutivo (es
decir Cristina) cumplió mandando las Cuentas cada año al 30 de junio, y si el
Congreso no las trata no es su culpa: no olvidemos que tampoco lo hizo durante
el período 2009-2011 en el que el hoy disuelto “Grupo A” controló ambas Cámaras
y bien podría haber rechazado -por ejemplo- las Cuentas de los años 2005 a 2010
inclusive, y esa decisión no era vetable por Cristina
Otro tanto se puede decir del insólito planteo radical de
revivir hoy la discusión por los DNU que, en Presupuestos anteriores,
dispusieron gastos: el mecanismo para discutir en el Congreso esos decretos
está plasmado en la Ley 26122; que dicho sea de paso, era un mandato contenido en la
Constitución desde la reforma de 1994, y sólo cumplió el kirchnerismo en el
2006 con esa ley.
Para terminar
agregamos dos datos de interés para comparar, vinculados a lo que pasa en Santa
Fe donde radicales y socialistas gobiernan desde el 2007: la Ley 12510 es la equivalente
de la Ley nacional 24.156, y le permite al gobernador de la provincia gastar
todos los recursos que se recauden por encima de lo previsto en el Presupuestos
sin necesidad de que la Legislatura lo aprueba, incorporándolos por un simple
decreto.
Y en su artículo 96 dispone que aquéllas Cuentas de Inversión
(el equivalente de la Cuenta General del ejercicio en el orden nacional)
respecto de las cuáles pasen más de dos períodos legislativos de presentadas
sin ser tratadas por la Legislatura, queden aprobadas por el mero transcurso del
tiempo; que fue lo que pasó con la de los años 2008 y 299 (primeros del mandato
de Binner como gobernador), y lo que pasará con la del 2010 si antes del 30 de
septiembre no es tratada por el Poder Legislativo de la provincia.
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