Leemos en el diario del Loco Lindo que el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia (y ex Fiscal de Estado de Binner), Barraguirre, firmó dos resoluciones para agilizar las causas en las que se investigan las responsabilidades penales por las muertes que causó la inundación del Salado del 2003.
Una designando un nuevo fiscal para que se sume a la que ya actúa en la causa, y la otra para que se le corra simultáneamente los traslados a los defensores de todos los imputados, para acortar los plazos.
Desde la Corriente Kirchnerista de Santa Fe celebramos cualquier medida que sea útil en el sentido de lograr justicia para las víctimas de la tragedia del 2003 y sus familias, y para que los responsables de que haya sucedido, rindan cuentas en la justicia.
Incluso sería bueno que alguien allí citara a declarar a Reutemann, que ha logrado sobrevivir impune estos 10 años, sin siquiera tener que dar la más mínima explicación al respecto.
Lo que no significa que dejemos de señalar que las medidas anunciadas se parecen bastante a la venta de humo a la que Barraguirre ya nos tenía acostumbrado en sus tiempos de Fiscal de Binner, cuando siempre aparecía con algún anuncio respecto a ésta causa, en las cercanías del 29 de abril; sabedor del rebote mediático que tendría justamente por eso.
Porque recordemos que es Procurador General hace ya cinco meses, y nada le impedía haber tomado antes estas medidas, si consideraba que colaboraban con el progreso de la investigación.
Y recordemos también lo dicho en éste post de hace dos años, porque reafirma contundentemente lo dicho: siendo Fiscal de Estado de Binner Barraguirre promovió éste decreto (firmado también una semana antes del 29 de abril, pero a más de un año de haber asumido Binner el gobierno), por el cual se comprometía a ofrecerles a los damnificados que reclamaban contra el Estado, una investigación a cargo de expertos independientes sobre las causas de la inundación; que determinara si había o no responsabilidad del Estado.
También recordábamos en el post que por entonces Barraguirre presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema provincial, para que se suspendieran los juicios donde se le reclamaba a la provincia indemnizaciones civiles por las muertes y daños causados por la tragedia, hasta tanto se expidiera al respecto la justicia penal; esa que ahora (como Procurador) dice que quiere agilizar.
El mismo decreto creaba una Comisión que tenía entre sus funciones "Confeccionar un Programa Integral de Atención para los afectados de la inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003 que elevará como propuesta al Poder Ejecutivo, comprendiendo: a) la posibilidad de otorgar compensaciones colectivas y; b) en particular las políticas públicas de rehabilitación y recomposición de los barrios afectados, atendiendo la integralidad del fenómeno y al carácter colectivo de la clase afectada. "
Y en otro apartado decía "El dictamen de la COMISIÓN PERICIAL DE EXPERTOS será vinculante para las partes intervinientes en este procedimiento en los términos del artículo TERCERO y, como consecuencia de ello, el Estado provincial estará a las resultas del mismo. Así, de determinarse algún grado de relación causal o concausal entre el daño y las inundaciones, el Estado ofrecerá a modo de transacción abonar el cincuenta por ciento (50%) de los daños que efectivamente haya generado la Provincia conforme lo dictamine la COMISIÓN PERICIAL DE EXPERTOS y previa verificación sumaria de los perjuicios individuales invocados, deduciendo lo ya percibido por el reclamante y sin perjuicio de la existencia de otros responsables. A tal fin Fiscalía deberá elaborar y proponer la reglamentación de un procedimiento administrativo sumarísimo especial a fin de verificar y certificar los daños reclamados por cada demandante.
El eventual pago de la suma resultante se efectuará en cuotas anuales, iguales y consecutivas durante el plazo máximo de 10 años. La Provincia mantendrá el valor de los daños reconocidos mediante la aplicación de la tasa interés establecido por el artículo 10 del Decreto 941/91.
Por su parte, si del Dictamen Técnico surgiese la imputación causal o concausal del Estado con respecto a los daños alegados por las clases de afectados, autorízase a Fiscalía de Estado a modificar la estrategia judicial de defensa con fundamentos en el dictamen de la Comisión Pericial de Expertos. " . (los subrayados son nuestros)
Hoy, a casi 10 años de la tragedia del Salado y a cuatro del decreto de Binner, nada se sabe al respecto: si los ofrecimientos se hicieron, en su caso que porcentaje de los damnificados lo aceptaron o no, si en consecuencia se llegó o no a constituir la comisión de expertos y en tal supuesto, a que conclusiones llegó.
Como tampoco se sabe nada del famoso "Programa Integral de Atención" para los afectados por la inundación, que involucraba (según el decreto) a todas las áreas del gobierno provincial; y menos que menos, que se haya determinada algún tipo de compensación para las víctimas.
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