LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

jueves, 8 de mayo de 2014

RELACIONES PELIGROSAS


La imagen de apertura corresponde a ésta nota de Infobae que daba cuenta del "descenso" de la Argentina en el ránking de "calidad institucional" que elabora la Fundación Libertad y Progreso.

Unos amigazos de los que en su momento nos ocupamos acá, a propósito del mismo "índice"; que no es por cierto, nada nuevo bajo el sol: pululan este tipo de "mediciones" poco serias, que se utilizan desde usinas del pensamiento neoliberal para traficar ideología, con  un aura de seudo cientificismo.

Lo de la famosa "calidad institucional" es de por sí un concepto bastante brumoso, como para que además ahora lo vinculen no ya con el funcionamiento de los poderes formales del Estado, sino con las concretas políticas económicas y sociales que toman sus gobiernos.

Porque de eso se trata todo ésto, y sin comprenderlo, se corre el riesgo de embarcarse en una discusión inútil o inconducente.

Adviértase que el teorema que nos proponen los autores del "índice" supone que a mayor "libertad económica" existente en un país, mayor será el grado de "calidad institucional" que tenga; y -a la recíproca- ésta se traduce (entre otras cosas) en un mayor grado de libertad otorgado a los agentes económicos.

Es decir, traducido al criollo: un menor grado de ingerencia del Estado en la economía, en la regulación de los mercados y de los movimientos del capital: una versión reloaded de la famosa "mano invisible" de Adam Smith.

Por esa sencilla razón los países que están en los peores lugares del "ránking" (entre ellos, nosotros) son los que en los últimos tiempos han tomado decisiones en términos de políticas públicas que significaron aumentar la presencia o la regulación estatal sobre la economía, avanzando sobre los "mercados".

Supongamos por un momento que la asociación que se pretende establecer entre "calidad institucional" y "libertad económica" como conceptos complementarios (disolviendo así mágicamente en el aire las contradicciones que existen entre democracia y capitalismo) funcione en algunos países, de los que se suelen denominar "serios"; y por eso primerean en el ránking.

Y supongamos también que en muchos de esos países, la presencia del Estado en la economía (interviniendo, regulando, asumiendo roles en forma directa) sea como nos cuentan que es; y no como verdaderamente es (por ejemplo medida en términos de recaudación tributaria sobre el PBI).

Aun así, sucede que en América Latina (ni hablemos en nuestro país) la experiencia histórica marca rotundamente que esa asociación es una completa falacia: por el contrario, la degradación de la calidad institucional fue el preludio necesario para poder aplicar políticas de mayor "libertad económica" y apertura, tan caras al neoliberalismo.

¿Qué mayor degradación de la calidad institucional que las dictaduras, y que mayor justificación de los golpes de Estado que la imposibilidad del liberalismo vernáculo de imponer sus políticas bajo formas democráticas?

El golpe del 76' y la política económica instaurada bajo el comando de Martínez de Hoz fue un ejemplo en ese sentido, de los más rotundos aunque lejos de ser el único.

Más aun: las políticas neoliberales implantadas en democracia en América Latina bajo los auspicios del Consenso de Washington (caso del menemismo acá), fueron ejecutadas por gobiernos que -medidos con la vara de la famosa "calidad institucional- dejaban bastante que desear.

Sin embargo en esos años estas mismas "fundaciones" aplaudían y reclamaban las políticas de "fast track", reclamaban Ejecutivos fuertes y con poderes especiales, y renegaban del parlamentarismo: se trataba de sustraer del debate y el control democráticos la implementación de políticas de shock; que produjeron como resultados palpables pobreza, exclusión y desigualdad.

Por eso no es casual que en los últimos años en América Latina (y contra lo que surgiría del "índice") un mayor grado de intervención del Estado en la economía, volcando recursos en favor de las desprotegidos, derivó en una mejora sustantiva de los indicadores de la pobreza y la desigualdad; como da cuenta por ejemplo la CEPAL.

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