EL PODER JUDICIAL, O LOS QUE TIENEN LA VACA ATADA

La imagen de apertura corresponde a esta nota de Tiempo Argentino de ayer, que hacía la crónica de la interna a cielo abierto que se disputa en el Poder Judicial de la nación (llamarlo justicia es claramente un exceso del lenguaje), en la que jueces y fiscales se revolean con causas por la cabeza de un modo muy poco republicano.

Que Justicia Legítima (un saludable pero minoritario intento de insuflar aire fresco en la "familia" judicial), que la Asociación de Magistrados (el mejor gremio del país: consigue que sus afiliados no paguen Ganancias sin hacer una hora de paro), que los jueces que se defienden con uñas y dientes ante el avance de los fiscales por el nuevo Código Procesal Penal: no son más que los capítulos actuales del penoso culebrón del más oscuro, corporativo, elitista y antidemocrático de los poderes de la democracia.

Una institución que como tal, está enferma, y sin cura posible a la vista; y a la que realmente -y salvo honrosas excepciones- le importa bastante poco el valor "justicia", o lo que de ella esperan (esperamos) lo que en su jerga denominan "justiciables": los ciudadanos de a pie, que reclaman cobrar una indemnización por despido, que les fijen una cuota de alimentos, cobrar una deuda o evitar un desalojo.

Sus señorías nos hacen saber con sus trapisondas que no tienen tiempo para ocuparse de esos asuntos; porque ellos están para cosas más importantes, como salvar a las instituciones de la república de las garras de la democracia, ese curioso abuso de las estadísticas del que hablaba Borges.

Porque recordemos que ellos están investidos (¿o autoinvestidos?) de la atribución de decidir que es lo que realmente dicen y hasta donde llegan o pueden llegar la Constitución y las leyes; por lo que lo que al respecto establezcan en el Congreso los representantes del pueblo tiene un valor provisorio y relativo, supeditado al "nihil obstat" de sus señorías para regir o no; como hemos podido comprobar con la ley de medios, o con la reciente reforma al Código Procesal Penal y la designación de los fiscales que hizo Gils Carbó, entre otras tantas veces.

Ellos tienen la llave de la justicia, a punto tal que determinan quien puede o no acceder a ella (la famosa cuestión de la "legitimación activa procesal"); y puede ser que un ignoto diputado provincial que parodiaba a la propia justicia en un programa televisivo, frene designaciones en el Ministerio Público (órgano constitucional), basadas en una ley del Congreso. Incluso hasta deciden cuando trabajan o no, para quiénes la justicia en enero se suspende por vacaciones, y para quienes continúa vigente durante el verano. 

También deciden por sí y ante sí quien es "el más débil" en un litigio, y en consecuencia merece la protección inmediata y perenne de precautelares y cautelares ad hoc; aunque sea un grupo mediático o una oscura ONG dedicada "a la defensa de los derechos ciudadanos", de esas que están siempre a la mano cuando hace falta.

Como flaco consuelo para el gobierno, la realidad ha saldado a su favor el debate que se dio en su momento cuando algunos bienintenciados (como el CELS) objetaban la reglamentación de las cautelares contra el Estado; con el argumento de que de ese modo se corría el riesgo de proteger a los más débiles.

La "división de poderes", la "independencia de la justicia" (siempre y cuando entre todos los banquemos económicamente, empezando por pagarles los sueldos), la "autonomía funcional del Ministerio Público como órgano extrapoderes" o el Consejo de la Magistratura aparecen así desnudos en la disputa cruda de poder; como exquisiteces institucionales funcionales a fines bien concretos (que pocas veces son los que los inspiraron), o aguantaderos de lujo desde los que atrincherarse para defender las poltronas conquistadas, y sus privilegios anexos

El Ministerio Público -como decíamos- fue elevado a órgano constitucional con autonomía funcional en la reforma de 1994, y Gils Carbó fue designada con acuerdo del Senado por 63 votos a favor (la Cámara tiene 72 miembros) y ninguno en contra para ponerse a su frente; luego de haber tenido una trayectoria indiscutida; que incluyó por ejemplo haber objetado en la justicia la fusión de Cablevisión y Multicanal, cuando hasta el propio gobierno de Kirchner la había aprobado administrativamente. 

Hoy nada de eso cuenta y un puñado de jueces y fiscales de la servilleta la socava para pegarle al gobierno, o resisten la entrada en vigencia del nuevo Código (que por cierto no se aplicaría a las causas originadas en los gobiernos kirchneristas); porque perderán sus poderes de extorsión en el manejo de las causas penales, con el que medraron por años alternando carpetazos y cajoneos, sobres de la SIDE e indagatorias mediáticas; y con el que resisten cualquier avance en su contra en el Consejo de la Magistratura, como el caso de Bonadío; que no es por cierto el único, ni mucho menos.

Un panorama que interpela a los demás poderes de la democracia, los que se deben someter al escrutinio de la voluntad popular, para decidir que hacer al respecto; por cuanto aun cuando se aceptara que la llamada "democratización de la justicia" que emprendió en su momento el gobierno (y que la propia corporación judicial saboteara de entrada, con acordadas y fallos vergonzosos como éstos) no resolvía los problemas reales, nadie en su sano juicio puede sostener que en la justicia hay que dejar todo como está; por funciona bárbaro.

Las respuestas de buena parte del sistema político-representativo (sobre todo de la dirigencia opositora) no puede ser más decepcionante, porque han elegido subirse a la ola de los jueces "justicieros por encargo" (mediático), o simplemente defensores de privilegios, alimentando así un monstruo que -con toda seguridad- los devorará a ellos el día de mañana, si lo cree necesario para sobrevivir.

Las reformas en la justicia (si no se las quiere llamar "democratización", por remembranzas del kirchnerismo) son quizás la deuda más significativa en términos institucionales de nuestra democracia; junto con la transformación en clave democrática de las fuerzas de seguridad; con el agravante de que en éste caso ni siquiera existen consensos mínimos sobre que hacer, tales como los alcanzados en su momento en el llamado "Acuerdo de Seguridad Democrática".