"La corrupción en el Puerto de Santa Fe era conocida por muchos que eligieron mirar hacia otro lado y desoyeron las advertencias. Pero tanto descalabro no pudo esconderse más y las continuas denuncias lograron procesar y eyectar de su puesto a uno de los directivos del Ente Administrador. En noviembre pasado, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados provincial sesionó durante varias jornadas y, tras convocar a una veintena de testigos y partícipes, elaboró un informe sugiriéndole al gobierno de Bonfatti la intervención del ente por 90 días.
“Entendemos que hay responsabilidad política porque cualquier dirigente o funcionario podría tener un corrupto en sus filas sin saberlo. El problema es cómo se platea resolver ese problema. Desde mi punto de vista, Bonfatti tiene tanta responsabilidad política como Marcelo Vorobiof”, asegura el diputado provincial Leandro Busatto, presidente de la Comisión Investigadora: “Esperamos que haya una decisión de avanzar con la situación del puerto de un modo real y serio porque lo único que hubo hasta acá es un negocio fantástico para los privados”.
-¿Por qué razón los socialistas le dieron el negocio a los radicales?
-Al ser parte del Frente Progresista Cívico y Social, por compensación política. El socialismo ya tiene el puerto de Rosario y no se querían meter en el de Santa Fe. Este un negocio fenomenal para los radicales y para el círculo rojo santafecino. El nuevo puerto fue ideado y ejecutado por los empresarios y no por el Estado, y no pusieron a un funcionario público sino a un gerente que se valió se los recursos del Estado para hacer negocios tanto para como para amigos y parientes.
-¿De dónde proviene Vorobiof?
-Es un rostro visible del establishment de la ciudad y director del grupo inmobiliario Pilay. En su momento fue funcionario de la primera gobernación de Carlos Reutemann y el primero en ser expulsado desde la Dirección de Obras Públicas en aquella gestión. Tiene conexión con el radicalismo local a partir de Barletta, y creó con la universidad pública un círculo de poder desde donde estableció una relación con el establishment santafecino muy importante. Legalmente, generó un sistema donde Pilay es padrino de la Universidad y desde donde brinda servicios a terceros, es decir, hace trabajos particulares a partir de gente de la universidad que factura para la universidad. Esa vinculación le permitió a Vorobiof instalarse como un tipo de confianza de Barletta, que lo propuso como el mejor gerente para manejar el Ente al mejor estilo inmobiliario. Ante nosotros, Vorobiof se adjudicó haber hecho del puerto un negocio fantástico.
Desde que el master plan fue instrumentado, unas 30 empresas de diversos ramos se instalaron a condición del pago de un canon mensual. Pero esos cánones no fueron actualizados desde el momento en el que Vorobiof asumió en el puerto. “La sindica dijo que hubo poca publicidad para el sistema de contrataciones y todo hace que concluyamos en que el gobierno sabía lo que pasaba. Esto trajo un perjuicio económico importante para la provincia, donde se perdieron hasta 30 millones de dólares en todos estos años en concepto de cánones, unos 65 millones de pesos anuales. Una cosa es lo que pagaban los concesionarios, y muy distinto lo que deberían haber pagado”, agregó Busatto. “Esto terminó siendo perjudicial para el patrimonio público de la provincia, además de una serie de negocios para privados con fondos públicos y organizado por empresas de dudosa solvencia y con vínculos parentales. Nosotros concluimos pidiéndole al gobernador que intervenga el Ente porque la ley en su artículo 18 prevé entre causales directas de intervención cuando no se cumplen los objetivos y cuando se desvía la naturaleza de la administración del puerto. Y le pedimos al propio Ente que se constituya como querellante en la causa contra Vorobiof”, añadió el legislador.
La diferencia entre lo que pagan los concesionarios y lo que debieran pagar según régimen tarifario vigente es notoria. Una planilla proveniente de la Comisión Investigadora de diputados lo demuestra. Por citar unos pocos casos, el Casino abona el equivalente de 56.422 dólares cuando debería pagar 92.686; el supermercado Coto, que ocupa media hectárea paga 3.882 en vez de 8.774. Transportes Juncadella, 1.850 en lugar de 4.600; Celulosa Moldeada, 10.357 cuando tendría que tributar 24.921, y las Torres I y II del Complejo Dique, 6.515 y 5.956 respectivamente, por debajo de los 9.315 y 7.441 correspondientes.
Para Busatto, el traslado del puerto a aguas profundas es otra pata del negocio en el que algunos ya se prendieron. “Querían también un puerto cerealero, porque además de ser dueños de los medios todos tienen campos y necesitan abaratar los costos. Vamos a hacer una audiencia pública para que vuelvan a considerar el punto de relocalización. Lo quieren todo, el puerto nuevo y quedarse con el viejo”.".
Completo, acá.
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