OTRO PASO HACIA LA ARGENTINA OFF SHORE

Hace unos meses atrás en esta entrada enumerábamos una serie de medidas "liberalizadoras" tomadas por el gobierno de Macri sobre diferentes resortes de la economía, y nos preguntábamos si la Argentina iba rumbo a convertirse en un paraíso fiscal.

Desde entonces para acá vinieron la duplicación del monto de dinero de las operaciones a partir del cual es obligatorio para los estudios jurídicos y contables reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero, el avance de la transferencia de las Inspección General de Justicia y el registro de sociedades a la CABA, las declaraciones del titular de la UIF justificando la evasión impositiva, el impulso al régimen de "PPP" (participación pública privada, a punto de ser votado en el Congreso), las sucesivas “flexibilizaciones” del blanqueo (la AFIP y la UIF diciéndoles a los bancos que no les pidan a los blanqueadores declaraciones juradas sobre impuestos o el origen del dinero blanqueado), y últimamente la idea de derogar la Ley 26.831, para que los mercados de capitales "se autoregulen".

Y ahora los fondos off shore del exterior operando sin restricciones en el país en plena época de los Panamá paper’s, sumado a las concesiones que se hicieron antes para llevarse los dólares que traigan, cuando quieran y como quieran.

Otro ejemplo más de que las famosas “reglas de juego claras” y “seguridad jurídica” que siempre se reclaman consisten en no poner reglas, ni instrumentar controles ni regulaciones públicas de ningún tipo; una filosofía que llevó a las burbujas financieras que han ido explotando en todo el mundo y que están en la matriz de la crisis internacional del 2008 que aun se prolonga

La decisión (que se instrumentaría con la coordinación de la AFIP y la UIF, convertidas en cuevas de evasores y lavadores, respectivamente) deja en claro toda la truchada del GAFI y sus “rigurosas exigencias” para prevenir el lavado de dinero; que son como las recomendaciones de política económica del FMI o los dictámenes de las consultoras o calificadoras de riesgo: dependen de la cara del cliente.

No se les exigiría ningún requisito para operar en el país a los fondos de inversión que provengan de los países miembros del GAFI (los del G20), como por ejemplo son Black Rock (cuyo CEO estuvo reunido hace unos días con Macri, responsables de la quiebra y vaciamiento de la imprenta Donnelley), NML (el fondo de Paul Singer), Aurelius o Capitol, por citar solo a los que litigaron contra el país en juzgados del exterior.

Eso sin mencionar que de los principales países miembros del GAFI provienen la plata que se evade, fuga y lava en el mundo, o que en ellos están algunos de los principales paraísos fiscales y en ellos (por seguir estas ideas) también se originó la crisis financiera internacional que aun no se termina de resolver.

Comprando esas ideas y poniéndolas en prácticas, “volvemos al mundo” conectándonos con problemas que en la década pasada nos afectaron pero mínimamente, o no nos desequilibraron; al tiempo que se adopta un modelo de valorización financiera altamente vulnerable (como decíamos acá) a cualquier volatilidad de capitales por hechos internos o externos a nuestra economía.

Posdata: en el Boletín Oficial de hoy se publica la Resolución 141 de la UIF (completa acá) que , para favorecer el ingreso de más gente al blanqueo, les ordena a los bancos algo así como "déjense de joder con andar preguntándole como andan con los impuestos", como si el lavado y la evasión fueran dos temas distintos, disociados entre sí.