Tal como vemos en la imagen de apertura, en ésta nota de Rosario 12 de ayer la ministra Balagué le reclamaba a su par nacional Bullrich (Esteban) que cumpla con la ley de financiamiento educativo aprobada durante el gobierno de Néstor Kirchner; y convoque a la paritaria nacional docente.
El tema no es nuevo: ya decíamos acá en ésta entrada nosotros hace dos meses que la decisión de no convocar a la paritaria nacional docente era la forma que había encontrado el gobierno de Macri para empezar a desentenderse del compromiso de garantizar recursos para la educación, porque la ley de financiamiento establecía metas de inversión para sostener la meta (sobrepasada en el kirchnerismo) del 6 % del PBI invertido en educación, ciencia y técnica.
Al no convocar a la paritaria nacional, lo que hace Bullrich es desactivar el programa de compensación salarial, por el cual la nación asiste financieramente a las provincia que no pueden pagar con sus recursos propios, el piso salarial mínimo establecido allí a sus docentes.
Y en un futuro no muy lejano, dejar de enviar tanbién los recursos del FONID (Fondo Nacional de Inventivo Docente), que forman parte del salario de los docentes de todo el país.
Sin embargo, antes que reclamarle a la nación que cumpla con la ley de financiamiento educativo, Santa Fe debería empezar por hacer lo propio: hace poco historiábamos acá el conflicto que se viene dando desde hace algunos años entre el gobierno provincial y las municipalidades y comunas por la transferencia de los fondos que llegan de la nación por la Ley 26.075 (de financiamiento educativo); y que deberían serles girados automáticamente pero el gobierno provincial retiene indebidamente.
Decíamos entonces que a fines del año pasado Lifschit vetó parcialmente la ley de presupuesto para éste año, en el artículo que disponía que éste año esos fondos se girasen automáticamente a las municipalidades y comunas (como manda la ley nacional), y que en el transcurso del año se les remitieran también los acumulados de años anteriores.
El veto parcial de Lifschitz al presupuesto propuso una enmienda, para sostener el criterio que hasta siguieron los gobernadores socialistas: las transferencias no serán automáticas, sino dependiendo de que las municipalidades y comunas presenten proyectos vinculados a la educación, la ciencia, la técnica y la cultura.
Y las consecuencias están a la vista, como lo demuestra el decreto que pueden ver abajo del post: entre el año 2013 y el año pasado se acumular más de 713 millones de pesos remitidos por la nación por la ley de financiamiento educativo que no fueron utilizados, ni por la provincia (que los sigue considerando “recursos propios”, y los incorpora a su presupuesto), ni por las municipalidades y comunas.
Lo que implica que todo ese dinero no pudo ser destinado por ejemplo a liceos municipales, guarderías o jardines maternales, actividades culturales o los aportes al FAE (Fondo de Asistencia Educativa) para obras de reparaciones menores en la infraestructura escolar, por un capricho de Bonfatti, mantenido por Lifschitz.
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