GLOBO DE ENSAYO

Que un ex CEO de Shell durante años quiera desguazar a YPF, su principal competidora en el Estado, no debería llamar la atención. El problema es que ese ex CEO fue designado ministro del gobierno que detenta (junto con las provincias) el 51 % de las acciones de YPF, y en consecuencia está en posición de incidir en la gestión de la petrolera estatal, y por ende no habla por boca de ganso.

Más aun: si ese mismo ex CEO y hoy ministro fue sostenido a viento y marea por el presidente que lo designó frente a la lluvia de críticas contra su gestión y por su ostensible conflicto de intereses, eso significa que la propuesta de volver a privatizar YPF en algún momento llegó al escritorio presidencial.

Y por si faltara algo: el ex CEO hoy devenido ministro decía en plena campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2015, que para él no era un objetivo estratégico ni importante recuperar el autoabastecimiento energético del país, que fue justamente uno de los motivos por los cuáles el Estado recuperó el control de la petrolera a través de la Ley 26.741, dictada en el 2012; con el voto en contra de los diputados del PRO.

El principal esgrimido ahora por Aranguren sería la posición dominante que ejerce YPF en el mercado de combustibles en el país (el 58 % de las ventas), lo que atentaría contra las normas de defensa de la competencia.

Es curioso que justo en éste caso, cuando la involucrada es una empresa en manos del Estado, les preocupe eso: en el caso del Grupo Clarín y el mercado de las comunicaciones por ejemplo, les chupó un huevo; a punto tal que desguazaron a su pedido por DNU las cláusulas anti-monopólicas de la ley de medios, y acaban de aprobarle la fusión entre Cablevisión y Telecom.. Otro tanto puede decirse de Aluar o Techint, que controlan los mercados del aluminio y el acero a voluntad, sin ser molestadas por el gobierno.

Es también curioso que se diga que Defensa de la Competencia analiza si hubo maniobras de cartelización entre las petroleras para subir el precio de las naftas, cuando fue el propio Aranguren (y Macri) el que liberó por completo el mercado de los combustibles, como consecuencia de lo cual su precio en el país se rige no por los costos internos, sino por el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, y la cotización del dólar. O sea, con o sin cartelización, las petroleras tienen la sartén por el mango, y hasta acá las competidoras de YPF no se han caracterizado precisamente por su prudencia a la hora de aumentar los precios. 

Lo que viene sucediendo en cambio desde que Macri llegó al gobierno es un plan sistemático de vaciamiento de YPF, que por ejemplo en su balance del 2016 tuvo pérdidas (algo que no sucedía desde 1998), que recortó su plan de inversiones en un 20 % (concentrándose en la explotación del shale gas en Vaca Muerta y virtualmente abandonando la producción en Santa Cruz y Chubut), y que a través de una “contabilidad creativa” de su directorio redujo significativamente el valor de libros de la empresa, y en consecuencia su capitalización bursátil; abaratando su precio para posibles compradores.  

Y esa misma conducción de la empresa (que depende en definitivas de Aranguren) decidió en estos dos años darle un préstamo de 140 millones de dólares a Marcelo Mindlin de Pampa Energía (a Macri, bah) para comprar las acciones de Petrobras Argentina (competidora de YPF) que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES; y desde el ministerio que conduce Aranguren la obligaron a desprenderse de la participación de YPF en Metrogas, con el argumento de que la Ley 24.076 (marco regulatorio del gas) no permite que las productoras sean a su vez distribuidora. Otra vez: las reglas restrictivas se aplican solo a la petrolera manejada por el Estado.

Y conteste con la visión que tiene Aranguren de retraer la participación del Estado en el mercado energético (recordar la reciente venta de acciones y activos en generadoras y distribuidoras de electricidad), en lo que va de la gestión de “Cambiemos” YPF se desprendió del 49 % de las acciones de YPF Energía Eléctrica (empresa creada en el 2013 como controlada por la petrolera), un 25 % a favor de GE Energy Financial Services (sociedad controlada por General Electric) y el otro 24 % al fondo buitre Blackstone de la banca Rotschild, con cuyos representantes acaba de estar Macri en el Foro de Davos.

Hace poco hablando de las políticas del gobierno para la Patagonia decíamos acá que el gobierno de “Cambiemos” había dejado de pensar en YPF como una herramienta no solo para alcanzar el autoabastecimiento energético, sino para lograr un auténtico desarrollo del país, modificando su estructura productiva: al conocido caso de las pelotas chinas compradas por la empresa para las promociones del Serviclub en detrimento de las fabricadas en el país, hay que sumar otros más graves, como la apertura total a la importación de equipos para la exploración y explotación petrolera, en lugar de desarrollar aquí una cadena de proveedores ligados al sector.

Las afirmaciones de Aranguren parecen -en éste contexto- un globo de ensayo para medir la reacción social a respecto, en un tema en el que en su momento el consenso social respecto a que YPF debe estar en manos del Estado era muy alto. Excusas para promover la privatización no les van a faltar: puede ser la fenomenal caída en la producción de petróleo (a los niveles de 1991) por culpa de ellos mismo, o el elevado endeudamiento; que ellos aumentaron también.

Si bien la Ley 26.741 estableció en su artículo 10 un “cepo” a una posible privatización futura al exigir que fuera aprobada por el Congreso con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, es preciso recordar que idénticos resguardos estableció la Ley 27.181 (2015) para las participaciones accionarias del FGS de ANSES en empresas privadas, y fue barrido de un plumazo por la Ley 27.260 del blanqueo de capitales. Será cuestión de estar atentos entonces.