SECRETOS ARMADOS

En el Boletín Oficial de hoy aparece publicado el Decreto 125 (completo acá) por el cual Macri declara “...secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del Ministerio de Defensa, de conformidad al requerimiento consolidado y efectuado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas....”.

Como fundamento de la adquisición, señala el decreto que “...resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura...” (la negritas son nuestras)

Si bien es correcto que el régimen de contrataciones del Estado (Decreto 1023/01) permite contratar en forma directa -es decir, sin licitación- los pertrechos bélicos destinados a las Fuerzas Armadas y de seguridad, resulta difícil desvincular esta decisión de las últimas orientaciones del gobierno de Macri en materia de política exterior e interior, y de sus movimientos en el plano internacional; como la reunión en Francia con el presidente Macron, o la reciente visita de Rex Tillerson, el Secretario de Estado norteamericano, en el marco de su gira para presionar a los países de la región a tomar medidas más duras contra Venezuela.

Si tenemos en cuenta a su vez que en esos casos -como señala el decreto- “...una vez declarada secreta la contratación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el organismo contratante deberá seguir en la medida que resulte pertinente el procedimiento básico, estando exceptuado del cumplimiento de las disposiciones relativas a publicidad y difusión de todas las actuaciones del proceso...”, tardaremos mucho en enterarnos que compramos, a quien y para qué: ¿serán acaso los aviones de rezago que nos quiere vender Francia, y éste sería un “gesto” de Macri para ablandar a Macron y conseguir su venia para la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea?

¿O tal vez la visita de Tillerson tuvo además el propósito de terminar de abrochar la mega compra de armamentos que denunciara el año pasado Roberto Navarro en su programa de televisión, y fuera analizada acá? De ser éste el caso, ¿la “gentileza yanqui de proveernos armamentos vendrá a cambio de un mayor “compromiso” del gobierno argentino con su aventura imperialista en Venezuela?

Para mayor interrogante, el decreto ni siquiera menciona si la operación que declara secreta tiene o no vinculación con el equipamiento para cuya compra el gobierno pidió autorización en el presupuesto para endeudarse, o cuanto se terminará gastando en la compra.

La mención del texto del decreto destacada en negritas por nosotros más arriba también lleva a preguntarse si se adquiriría material para la defensa aérea del país, para cumplir las exigencias de seguridad de la próxima cumbre del G20 (para la que el gobierno piensa gastar 53 millones de dólares, sin contar los gastos en el operativo de seguridad), o para implementar la “ley del derribo” de aeronaves sospechosas decretada por Macri al inicio de su gobierno con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico; de la cual a la fecha no se conocen resultados concretos.

Pero quizás lo más preocupante del decreto está en un problema de conjunciones insidiosas: en sus considerandos hace referencia a la Ley 23.554 de Defensa Nacional (1988) y el rol de las Fuerzas Armadas “...para enfrentar las agresiones de origen externo...”, y al citado Decreto 1023/01 (Régimen de Contrataciones del Estado) cuando permite al presidente declarar secretas las operaciones contractuales “...por razones de seguridad o defensa nacional,...” (las negritas son nuestras)

Sin embargo el propio decreto publicado hoy en su parte resolutiva (artículo 1) dispone declarar secreta la operación contractual en marcha “...por razones de seguridad y defensa nacional...” (las negritas son siempre nuestras).

¿Se entiende la diferencia?: si se trata -como dice el decreto- de un requerimiento de material bélico hecho por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el agregado de la cuestión “seguridad” como destino del mismo carece de sentido; a menos que esté vinculado -por ejemplo- a la “fuerza de despliegue rápido” que anunció hace unos días Aguad; para que las FFAA se comprometan en tareas de seguridad interior, violando las dos leyes: la Ley 23.554 de Defensa Nacional, y la Ley 24.059 (1992) de Seguridad Interior.

En ese caso los pertrechos estarían destinados a las “nuevas hipótesis de conflicto” de nuestras Fuerzas Armadas (el narcotráfico, el terrorismo internacional) para las cuáles el gobierno quiere modificar el Decreto 727/06 de Néstor Kirchner que reglamentara la Ley de Defensa; y que no son otras que las definidas por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos como las “nuevas amenazas para la región”.

Si así fuera, a la hora de apostar por el posible vendedor, le pondríamos unas fichas al amigo Tillerson.