CAMPO MINADO

Aunque pueda parecer que el título del post habla de la crisis económica y la (esta sí que) "pesada herencia" que le espera al futuro gobierno no es así, o al menos no directamente. No es necesario abundar al respecto porque es moneda corriente por estos días, incluso en medio del blindaje mediático al gobierno con operativos de distracción como lo de los cuadernos y el "Lava Jato" vernáculo. 

Además, todo lo que se diga hoy al respecto puede quedarse corto por lo que suceda de acá hasta que finalice el gobierno de Macri, tal y como la "campaña del miedo" del balotaje del 2015 se quedó corta frente a la fantasmagórica realidad vivida desde entonces. Y si no, nos remitimos a los resultados diarios del mercado cambiario, por solo citar un indicador.

Al hablar de campo minado, estamos hablando de los obstáculos que tendrá que enfrentar el gobierno que suceda al desastre actual como consecuencia de la colonización y el desguace de la estructura estatal que Macri y sus secuaces vienen ejecutando, incluyendo el Poder Judicial: el macrismo ha extendido sus tentáculos por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que despidieron al 40 % de la planta de personal, para reemplazarlo por otros reclutados entre los principales estudios jurídicos y contables del país, especializados en asociar a los lavadores de dinero.

Tomaron por asalto desde el inicio el Consejo de la Magistratura (esa cueva de lauchas radicales a desratizar y eliminar algún día, reforma constitucional mediante), metieron dos jueces en la Corte por la ventana de un decreto (luego blanqueados con el apoyo de la "oposición responsable") y ahora tratan de asaltar el Ministerio Público Fiscal, colocando como Procuradora General a la compañera de gimnasio de Macri, tras haber forzado la salida de Alejandra Gils Carbó.

A través de su rosca con la Asociación de Magistrados y los tentáculos de Stiuso y la AFI ya controlan de manera prácticamente absoluta Comodoro Py y los juzgados federales y sus fiscalías, convenientemente depuradas de todo lo que huela a "Justicia Legítima" o cualquier vínculo cercano al kirchnerismo; y ya sabemos que en materia de traslados y subrogancias de jueces están dispuestos a llevarse puestas la Constitución y las leyes, con tal de llenar los casilleros y lograr sus objetivos.

Pero hay otro aspecto que -en medio de todo lo descripto- quizás ha pasado desapercibido: el gobierno de Macri es el que más jueces y fiscales ha designado desde el retorno a la democracia en 1983, en proporción a lo que lleva de su mandato, objetivo para el cual precisamente asaltaron el Consejo de la Magistratura: "Cambiemos" viene formateando a su gusto y paladar la justicia laboral y civil y comercial de la Capital Federal, los juzgados federales en todo el país, la Cámara Nacional de Casación Penal (el tribunal "tapón" en toda causa penal, y máxima instancia en la materia) y el fuero contencioso administrativo federal, es decir los tribunales encargados en primera instancia de validar las decisiones de los organismos del Estado; como los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Para completar el copamiento, les faltaría meter mano en el fuero de la seguridad social, pero en eso están.

Y no se trata solamente de proteger sus actuales decisiones de gobierno de disgustos judiciales (por ejemplo salvando la vigencia de la reforma previsional, o los tarifazos), ni de cubrirse las espaldas a futuro, garantizando la impunidad de los funcionarios del actual gobierno ante una posible "vendetta" de otro gobierno por la cacería judicial de opositores, o por los innumerables delitos que cometen a diario, dejando las huellas por todos lados.

La cosa va más allá, acorde con lo que han sido los copamientos del Estado por el neoliberalismo, bajo el imperio de las bayonetas (como en los golpes militares), el entrismo a las fuerzas populares (como con el menemismo) o legitimados por los votos, como en la etapa actual: se trata de ir plantando quintacolumnas a cada paso en todos los nichos institucionales posibles, para resguardar sus intereses de cualquier posible amenaza. 

Es decir, la maximización de la idea del Poder Judicial como el garante final de la rentabilidad, los negocios y los privilegios del capital, el sostenedor jurídico del status quo. Para peor, con un sistema como el nuestro, en el que el control de constitucionalidad es difuso, o sea está desparramado en cada juez o tribunal, a lo largo y a lo ancho del país; una creación pretoriana del propio aparato judicial, sin respaldo directo en el texto constitucional.

Pensemos en un futuro gobierno que suceda al desastre actual, y que con toda certeza deberá tomar medidas drásticas desde el principio para enderezar el rumbo del país, y evitar males aun mayores: controles al movimiento de capitales, reformas al mercado de cambios, restricciones al acceso a las divisas, administración del comercio exterior y de los ingresos por exportaciones, regulaciones financieras, desdolarización de las tarifas, reposición de las retenciones.

A como están las cosas, con toda seguridad todas y cada una de las medidas que se tomen en cualquiera de esos campos serán judicializadas por aquellos que perderían los privilegios obtenidos durante este gobierno, con resultados que a nosotros no nos resultan dudosos: de hecho, ya lo experimentamos en los gobiernos kirchneristas con reformas como la ley de medios, o los cambios en el Consejo de la Magistratura, por citar algunas.  

Un verdadero desafío para las fuerzas populares que recuperen el gobierno, porque si de algo sirve la nefasta experiencia macrista en curso, es para demostrar que la "calidad institucional" o la "independencia de los poderes" son bellísimos cuentos, en los que los primeros que no creen, son nuestros "republicanos"; que no vacilan en llevarse puestas esas instituciones que juran defender, cuando lo creen necesario para garantizar sus privilegios.

Un desafío que supone incluso plantear como una prioridad política de primer orden la propia reforma de la Constitución, si de veras queremos sentar las bases de un modelo de país para todos, y no para unos pocos.