Acaso algunos hayan necesitado el documental de Nétflix sobre Nisman para comprender el fenómeno de los promiscuos vínculos entre los servicios de inteligencia y buena parte de la justicia federal, que vienen de lejos; y constituyen una de las peores muestras de degradación institucional del país.
Sin necesidad de esperar a Hollywood, el macrismo nos proporcionó hasta hace poco, en vivo y en directo y cotidianamente, un colosal muestrario de hasta donde pueden llegar esos vínculos, caricaturizados en el caso D'Alessio, y perniciosos para el funcionamiento de la democracia.
Las "excursiones de pesca" de jueces y fiscales buscando "enganchar" a alguien en algún presunto delito, las pinchaduras ilegales de teléfonos, la difusión al voleo de las escuchas a los medios, los "carpetazos" a opositores, el sembrado de pistas falsas (como pasó en el atentado a la AMIA) y otras lindezas por el estilo, que han contaminado tantos procesos judiciales en el marco de lo que denominan "lawfare", vienen de allí y no se explican sin esa íntima comunión entre jueces y espías, violando ambos las normas que reglamentan sus funciones.
En función de eso, no podemos menos que celebrar la decisión del gobierno nacional de retornar las cosas a su cauce, y limitar la intervención de los espías de la AFI como auxiliares o colaboradores de la justicia en causas penales en trámite, a lo estrictamente imprescindible, cuando los jueces federales lo requieren en una causa concreta, y con pedido debidamente fundado.
Lo que ayer era un anuncio se materializa hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 17/20 de Cristina Caamaño, la ex fiscal designada por Alberto Fernández como interventora de la AFI (la norma completa, acá).
En ella se hace mención a las disposiciones de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25520 que establecen como funciones primordiales de la AFI "...la producción de inteligencia nacional y la producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional..."; y se reivindica el proceso de reforma de los servicios de inteligencia que iniciara Cristina en el 2014, con la sanción de la Ley 27126.
Tal como señala Caamaño, el macrismo representó un retroceso en relación a esa norma e instauró un modelo de funcionamiento del aparato nacional de inteligencia que (citamos los considerandos de la resolución) "...ha sido la condición necesaria para provocar interferencias en el funcionamiento de los demás Poderes Constitucionales del Estado Nacional y afectar, simultáneamente, los derechos y garantías de los habitantes de la Nación....". Recordemos el caso de las apretadas de los espías de la AFI enviados por Arribas y Madjalani al juez Carzoglio, para conseguir que metiera preso a Hugo Moyano; y en ese caso ni siquiera colaboraban con el juzgado en la causa.
Recuerda la resolución que el año pasado, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a los jueces con competencia penal para que apliquen de forma restrictiva la norma que los faculta a requerir la intervención de la AFI, cosa que por supuesto en el Estado Libre Asociado de Comodoro Py, mayormente desoyeron.
La resolución publicada hoy es un paso en firme en la dirección de depuración de la central de inteligencia ordenado por el presidente cuando dispuso su intervención y designó a Caamaño, acaso de la misma importancia que la decisión de transparentar el manejo de los fondos del organismos; y seguramente generará reacciones en forma de "vueltos", porque corta uno de los tentáculos a través de los cuales espías y jueces acumulaban poderes para extorsionar, manipulando casas. Habrá que estar atentos.
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