"Un informe especial de auditoría de la Sindicatura General de la Provincia sobre el contrato de provisión e instalación de un sistema inteligente de control de tránsito para la autopista Santa Fe-Rosario revela numerosas irregularidades, incluidos sobreprecios de varias decenas de millones de pesos."
"...no sólo cambiaron los cálculos para la instalación y mantenimiento de los equipos sino también sus costos. Es en este punto en donde se encuentran algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación. La SIGEP advierte en este sentido que “el cálculo definitivo del coeficiente de la primera redeterminación, que va desde la fecha de presentación de la oferta (1 de junio de 2018) hasta el inicio del proyecto presenta diferencias del orden del 20% respecto del cálculo provisorio, lo que generó un flujo de fondos adicional a favor del contratista en la Etapa 1 por $16.787.050,65”, y agrega que “se utilizó un coeficiente provisorio del 44%, cuando el índice definitivo calculado por esta auditoría arroja un 24,22%”."
"Ante esta situación, la Sindicatura señala en su informe que pidió aclaraciones tanto al BMR como a la compañía. El banco contestó que “la redeterminación inicial del 44% se dio en el marco de tratativas para la readecuación de la oferta global y se fijó de manera ‘estimativa y provisoriamente” hasta “la publicación de los índices definitivos y ajuste final”. En ese aspecto, dio precisiones sobre el modo de cálculo, pese a lo cual “tampoco se arriba a un valor cercano al 44%, manteniéndose el mismo orden de magnitud” que con la fórmula de la SIGEP."
“En este punto –continúa- resulta necesario remarcar que este índice sobreestimado, aunque fuera provisorio, no encuentra explicación alguna en los distintos documentos y papeles de trabajo a los que tuvo acceso esta auditoría”. En síntesis: según la Sindicatura, esa diferencia del 20% es insostenible. Un sobreprecio, en definitiva."
No es todo. Todo este proceso, según la SIGEP, contó con el aval firmado del entonces director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, pese a que su dependencia era una de las encargadas de garantizar el cumplimiento de lo estipulado. “Siendo esta una responsabilidad indelegable, la DPV procedió a brindar con conformidad a la contratación sin recomendación alguna y sin operar control alguno”, sentencia el informe.
Y más adelante, luego de enumerar otras varias irregularidades, dispara: “Esta situación, que por negligencia o impericia del fiduciario podría generar sobrecostos e inconvenientes para el Estado provincial, expone una marcada falta de profesionalismo por parte del fiduciario para abordar este tipo de obras que no se encontraban dentro del objeto del contrato de fideicomiso y que debían ser ejecutadas y controladas por la DPV”.
"Hay más. En el informe de auditoría, de 26 páginas, se puntualiza y describe otro sinnúmero de situaciones objetables, que excede largamente esta nota. Por mencionar sólo una: los pagos a la empresa no estaban atados a la presentación de certificados de obra, algo que escapa a cualquier procedimiento habitual. En las conclusiones, la SIGEP sostiene que “la fijación arbitraria del 44% para el primer índice de redeterminación generó un flujo de fondos a favor del contratista en detrimento de la unidad que finalmente revirtió al Estado provincial y por lo tanto debe ser ajustado en el proceso de cierre.".
(La nota completa de Gustavo Castro en DataDura, acá)
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