ACLAREMOS DIJO LEMOS

 

Che pero el fallo fue en noviembre de 2015, ahora lo único que resolvieron es la tasa de interés para calcular el monto a pagar: https://t.co/qvRpVlwJqM

— La Corriente K (@lacorrientek) December 8, 2021 

Lo condenaron...en 2015: https://t.co/J7nMmbivFG

— La Corriente K (@lacorrientek) December 8, 2021

Está bien que los de la Corte Suprema sean unos turros supremos capaces de cualquier cosa, pero de ahí a pensar que "fallaron" a favor de Santa Fe en su reclamo contra la nación "condenando" a ésta a pagarle entre 86.000 y 100.000 millones de pesos porque Soria los fue a apretar por el Consejo de la Magistratura, parece como mucho.

Primero porque ahora no "fallaron" nada (atentos, dirigentes políticos oficialistas y opositores de la provincia que están repitiendo esa boludez): el fallo haciendo lugar al reclamo instaurado por el gobierno de Binner (con el patrocinio del estudio de Rosenkrantz) en 2010, fue dictado el 24 de noviembre de 2015, o sea exactamente dos días después del triunfo de Macri sobre Scioli en el balotaje, y durante el gobierno de Cristina (ver más info acá).

Como consecuencia de ese fallo, ya en ese momento se le dejó de descontar a la provincia el 15 % de la masa precoparticipable (es decir, antes de la distribución de los impuestos nacionales entre la Nación y las provincias, de acuerdo a la Ley 23548 y sus modificatorias y complementarias) que se destinaba a la ANSES desde 1992 por la Ley 24130, y que se seguía descontando por la Ley 26078 de 2006 (gobierno de Néstor Kirchner). Por eso Lifschitz pudo contar en su gobierno con esos recursos corrientes, que no habían tenido sus antecesores Obeid, Binner y Bonfatti, y que la Legislatura destinó a la obra pública.

También entró en el juicio (y en el fallo del 2015) el llamado "Fondo de Autarquía de la AFIP", creado por De La Rúa mediante el Decreto 1399/01, por el cual se descontaba un 1 % de la masa precoparticipable, para destinar a financiar el funcionamiento del órgano recaudador nacional.

Lo que se discutía desde entonces entre la nación y la provincia era cuanto era la deuda acumulada entre 2006 y 2015 por los descuentos, y como se cancelaba; y lo que la Corte resolvió esta semana es la tasa de interés a aplicar, y sobre que monto. El modo de pagarse aun está por verse, y ayer Perotti dijo que es muy probable que sea mediante la entrega a la provincia de bonos nacionales, ajustables por CER. En el medio y con la excusa de cobrar y una deuda ya establecida por una sentencia judicial, Lifschitz firmó los pactos fiscales con el gobierno de Macri (parcialmente modificados por el actual gobierno) resignando recursos, y aceptando la eliminación de la coparticipación del 30 % de las retenciones a la soja. 

En cuanto al monto a pagar, como dijimos, se habla de entre 86.000 y 100.000 millones de pesos, que parecen un monto significativo, pero ni se pagarán de una sola vez, ni tampoco son para morirse: como bien aclaró ayer el gobernador, una planilla mensual de sueldos de la provincia ronda los 20.000 millones de pesos (en septiembre, último dato disponible acá en el portal del gobierno provincial, fueron exactamente 19.805 millones, antes del último tramo de los aumentos pactados en paritarias); y el gasto total de la Administración Provincial al 30 de septiembre fueron 436.781 millones de pesos, o lo que es lo mismo: el monto que debería pagar la Nación por la deuda por 9 años de descuentos (en bonos, en cuotas) son unos dos meses de gastos totales del Estado santafesino, al día de hoy.

Dicho esto porque el socialismo en su momento y durante los gobierno de Cristina, planteaba poco menos que no podían funcionar, porque la Corte no le hacía lugar a su reclamo en éste juicio. Sobre el reclamo original y su contexto político y económico hemos escrito mucho acá, y a ello nos remitimos, en especial a ésta entrada, cuya lectura íntegra recomendamos. Nos quedamos con ésta parte: "La financiación de la seguridad social es claramente uno de los problemas estructurales más acuciantes del Estado moderno en todos sus niveles, porque hace tiempo están sacudidas las bases económicas de sustentación del sistema; concebido sobre un pacto intergeneracional solidario de los trabajadores para aportar los recursos que financian las prestaciones con parte de su salario (que es así salario diferido), más el aporte de sus empleadores sobre la nómina del personal.".

"Pasados los tiempos del pleno empleo, con salarios a la alza y bajo porcentaje de informalidad laboral se plantea una nueva realidad, que fuerza a los Estados a buscar medios complementarios de financiación del sistema previsional, provenientes de los impuestos y demás contribuciones generales que paga el conjunto de la población; sobre todo porque además el aumento de la expectativa de vida promedio de la población hace que se extienda el período de goce de los beneficios previsionales, una vez accedido el trabajador a la pasividad. Estas precisiones son necesarias para poner en contexto los reclamos que algunas provincias hacen a la Nación (Santa Fe con Binner llegó a la Corte Suprema, Córdoba con De La Sota plantea hacerlo ahora); en los que a cuento del socorrido tema del federalismo, se termina tributando a la lógica ideológica de la derecha, que apela a la misma coartada para socavar las bases materiales de las políticas públicas desplegadas desde el 2003 por el Estado nacional;...".

Y sobre el fondo de autarquía de la AFIP, decíamos en éste otro posteo: "Eso implica que el Estado nacional asume el costo de la recaudación: el costo operativo de fiscalizar y cobrar, y el costo político de mandar los sabuesos (si fuera necesario) a los contribuyentes para que paguen, sean éstos personas físicas o empresas; cuestión aparte de la equidad o no del sistema tributario argentino, porque es un hecho que no hay impuestos provinciales más progresivos que los nacionales que hoy existen. Lo que implica además que el federalismo suele ser una excelente coartada para encubrir la falta de voluntad política para cobrar sus propios impuestos a los que pueden pagarlos de sobra; como por ejemplo el inmobiliario rural en las híper valorizadas tierras de la pampa húmeda. Es decir entonces que la relación costo-beneficio de la administración tributaria en el caso de Santa Fe (presumimos que en el caso de otras provincias debe ser igual, e incluso peor) es casi tres veces mejor cuando deja que la Nación le recaude los impuestos, que cuando los tiene que cobrar por ella misma.".