FIJÁTE QUE NO, CHE

 

Había una ley sobre esto, creo. Del 2011 para ser más precisos. Que dice que los aumentos tienen que ser autorizados por Salud, previa intervención de Comercio y análisis de costos. Fue hace tanto, ustedes eran muy jóvenes: https://t.co/BpDIBcaUyC

— La Corriente K (@lacorrientek) December 27, 2021

Frente al anuncio de las empresas de medicina prepaga en cuanto a que van a empezar a cobrar coseguros a sus afiliados, la ministra de Salud anuncia que van a convocar a una reunión con ellas, pero anticipando que las empresas están habilitadas para cobrar esos coseguros; lo cual es como mínimo dudoso.

Para empezar, de la ministra para abajo todos opinan como si -sencillamente- no existiera la Ley 26682 dictada en 2011 durante el gobierno de Cristina, para regular a las empresas de medicina prepaga. Ley de la cual el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación, según su artículo 4.

Y en esa condición le corrresponde "Autorizar en los términos de la presente ley y revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones que propusieren los sujetos comprendidos en su artículo 1º;..." ( artículo 5 inciso g); y autorizar "...el aumento de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de la estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos." (artículo 17 segundo párrafo).

Alguno podrá argumentar que en realidad se trata de coseguros por determinadas prestaciones, pero no estrictamente de aumento de las cuotas. Pero el efecto en el bolsillo de los afiliados (que es lo que la ley mencionada trata de tutelar), es el mismo.

Y si para cobrar esos coseguros las prepagas modifican unilteralmente las condiciones pactadas en los contratos, ¿quién si no el Estado debe intervenir, para corregir posibles abusos en perjuicio de la parte más débil, que es el afiliado a la prepaga.

Recordemos que, además, la propia Ley 26682 se remite a las Leyes 24240 (de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores), y 25156 (de Defensa de la Competencia, hoy reemplazada por la Ley 27442).

En medio de una pandemia -que nadie desconoce que aumenta los costos de la salud, incluso por maniobras especulativas de laboratorios y prestadores- y de un proceso inflacionario instalado en el país, la respuesta de pálpito del Estado no puede ser que las empresas "pueden" cobrar costos adicionales, o están habilitadas para hacerlo, cuando las normas y el sentido común indican que no.

Precisamente para eso hace ya 10 años se dictó por primera vez una ley que regulara un sector (el de las empresas de medicina prepaga) en el que imperaba la ley del mercado, o de la selva. A menos -claro está- que los funcionarios tengan una idea muy particular de lo que significa "volver mejores".