LA FRASE

"VOLVÍ PARA OFRECERLE AL PRESIDENTE MI COLABORACIÓN PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS CANDIDATOS QUE PROPUSO PARA LA CORTE." (FABIÁN RODRÍGUEZ SIMÓN)

jueves, 11 de abril de 2024

EX PAÍS

 

El día después de que Caputo fingiera preocuparse por los aumentos de las prepagas que el propio gobierno liberó, el mismo gobierno -con la firma entre otros de Caputo- dio luz verde para que las empresas de telefonía celular, internet y televisión por cable cobren lo que se les antoje, desregulando por completo esos servicios con un nuevo DNU publicado en el Boletín Oficial, el 302 (completo acá).

Por todo fundamento de la medida, luego de historiar la evolución de la legislación en la materia desde la Ley 27078 de Argentina Digital dictada en el último gobierno de Cristina, el DNU 267/15 de Macri que la mutiló juntamente con la ley de medios y el DNU 690/20 de Alberto que los declaró servicios públicos (por ende sujetos a regulación estatal, con autorización del Estado para fijar nuevas tarifas), se señala en los considerandos que esa última norma "...debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de precios de los servicios prestados.".

Y abunda en la misma línea de ¿razonamiento? que "...ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad,... ". O sea: sostiene la misma idea falopa de como realmente funciona el mercado, que acaba de ser rotundamente desmentida en el caso de las prepagas.

O lo que es lo mismo: un gobierno que es un simple vehículo de intereses privados muy poderosos, no está muy preocupado ni por la coherencia de sus actos. ni por la lógica de sus razonamientos, ni por el bienestar de la población ni mucho menos -desde ya- por el respeto a la Constitución y las leyes. Ni que decir que a sus mandantes reales les importa un pomo que no lo esté.

Tanto así que otros considerandos del DNU señalan en relación al DNU 690/20 que "...su aplicación ha sido limitada debido a las distintas resoluciones judiciales que obtuvieron los licenciatarios para evitarla." y "...como consecuencia de dicha limitación judicial, se logró evitar la distorsión de precios relativos en cuanto al valor fijado por tarifas impuestas desde la Autoridad de Aplicación y los precios oportunamente percibidos por los licenciatarios, esquema que no ha podido replicarse en servicios públicos que mantuvieron una gran distorsión de precios relativos que los afecta.".

O sea, gracias a las cautelares interpuestas por Clarín y otros poderosos grupos de medios y que prestan servicios de TICS, se evitaron distorsiones en los precios de los servicios por la intervención del Estado, y casi que lamenta que no haya sucedido lo mismo con otros servicios públicos como la luz, el agua, el gas o el transporte. Lo cual nos da una idea clara de la función que piensa el gobierno que tiene que cumplir la justicia, que es también la que se ha impuesto a sí mismo: garantizar la rentabilidad del capital, a cualquier costo.

Mientras tanto, seguimos sosteniendo la farsa de una democracia aparente en la que la oposición analiza con académicos por que el DNU 70 se da de bruces con la Constitución (cosa que sabe hasta la señora que hace cola en la verdulería), el oficialismo impide la constitución de la comisión de Juicio Político (nada menos) en Diputados con una disputa en sus propias filas; y la Corte sigue aposentando sus nalgas sobre las causas que tiene a fallo sobre el mega DNU sin pronunciarse, mientras el presidente saca un nuevo DNU todos los días, como si el Congreso estuviera cerrado -de hecho a los efectos prácticos lo está-, y sólo a él le correspondiera legislar, y determinar sobre que, cuando y como.

Al mismo tiempo, Francos invita a tomar el té a los gobernadores y la CGT para discutir la ley ómnibus, y todos simplemente regatean el tamaño del pijazo que nos vamos a comer, en lugar de impedir que nos lo comamos. El país tiene dueños y no somos nosotros, y esos dueños hacen lo que quieren con él. Eso, o directamente somos un ex país. 

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