NO SABE NO CONTESTA

 

Senado

Mal momento para el secretario de Energía, Eduardo Chirillo.

El senador O. Parilli le preguntó por el costo de producción del barril del petróleo en la Argentina y el funcionario titubió, intentó pasar a otra cosa, le insistieron y terminó admitiendo que no sabía. pic.twitter.com/HEwiDflaDs

— Manuel Casado y Deleo (@manuelmarried) May 8, 2024 

El martes de la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 465 (completo acá), por el cual el gobierno de Milei estableció el esquema de transición hacia la virtual eliminación de los subsidios del Estado a las tarifas de luz y gas, de lo que se sigue que en el segundo semestre del año impactarán aun más brutalmente los aumentos.

Los argumentos del decreto parecen (y quizás más que eso) redactados por los actores privados del sistema (generadoras, transportistas y distribuidoras), porque se hacen cargo plenamente de todos sus argumentos para reclamar aumentos de tarifas. Así por ejemplo el decreto dice (remitiendo a la experiencia de las privatizaciones menemistas) que por ese entonces "...los precios mayoristas del gas natural y la electricidad se desregularon y, hasta principios de 2002, las transacciones de oferta y demanda eran acordadas libremente por las partes.".

Por el contrario, señala que al implosionar la convertibilidad "...el congelamiento de las tarifas y la interrupción o la falta de terminación de las revisiones tarifarias llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no reflejase el costo del suministro;", y que "...cualquier subsidio que se otorgue a usuarios comerciales o industriales produce distorsiones en la cadena de formación de precios.", (porque) "...la política tarifaria implementada se combinó con una política de subsidios a nivel del precio mayorista que no reconoció el costo real de la energía...".

Insiste el decreto varias veces sobre el problema de los costos: "Que ello (la política de subsidios a las tarifas, aclaramos) contribuyó a la opacidad de las tarifas finales y a la confusión conceptual entre los montos efectivamente facturados a los usuarios y los subsidios,...", y  "Que, en definitiva, la actual política de subsidios y el sistema actual de segmentación establecido por el Decreto Nº 332/22 ha llevado a que los precios mayoristas de energía no cubran los costos de abastecimiento,...".

Una y otra y otra vez, los costos : "Que semejante carga para el ESTADO NACIONAL ha sido consecuencia de un modelo de subsidios generalizados, que respondió a un modelo energético basado sobre precios y tarifas deprimidas, que no reflejaron el costo del abastecimiento mayorista ni el valor agregado de distribución.", "Que entre las circunstancias que justificaron la declaración de la emergencia energética se encuentra la situación financiera del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), afectada por un sistema de retribución que no refleja los costos reales de producción...".

Para luego empezar a perfilar los objetivos de la nueva política tarifaria (las negritas son siempre nuestras): "Que, en ese contexto, por el artículo 2º del referido decreto se instruyó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada en su artículo 1°, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos de las prestatarias..."

Y en la misma línea argumental -la de las empresas- dice el decreto: "Que de acuerdo con los estudios de consumo realizados por la SECRETARÍA DE ENERGÍA la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía. ", y "Que, asimismo, la mencionada resolución estableció los costos de abastecimiento de gas natural a trasladar a los usuarios finales en relación con los contratos o acuerdos de abastecimiento vigentes", (siendo) "el objetivo final de sincerar y transparentar el costo real del gas natural y la energía eléctrica,".

En consonancia con tales fundamentos, el artículo 1º del decreto determina "la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía de jurisdicción nacional, a fin de asegurar una transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita: (i) trasladar a los usuarios los costos reales de la energía;"; mientras que su artículo 3º deja sin efecto "los límites del impacto en factura que genere la corrección del componente Energía fijado como porcentaje del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, contenidos en el artículo 2º del citado Decreto N° 332/22." (es decir, si tu sueldo aumenta menos que las tarifas, jodéte).

Para concluir en el artículo 5º del mismo decreto en que "Durante la vigencia del Período de Transición, la Autoridad de Aplicación deberá desarrollar todas las acciones necesarias para una transición gradual, ordenada y previsible hacia precios de mercado y tarifas basadas en costos económicos para el sector energético...". Los costos, otra vez, parecen ser la clave: a las empresas los costos no les estarían dando, y para que les den y además obtengan ganancias, hay que eliminar subsidios, aumentar tarifas y que esos costos (y esas ganancias) las paguen plenamente los usuarios. 

Lo extraño es que -como demuestra el tuit de apertura- el Secretario de Energía (que es la Autoridad de Aplicación de la que habla el decreto) no conoce los costos, al menos de la producción de un barril de petróleo. Y si no sabe esos (o los sabe y no los quiere revelar) es muy probable que tampoco conozca los del gas, aunque el precio en boca de pozo (que se supone refleja esos costos más la ganancia), lo fije el propio gobierno, y en dólares.

Por tratarse (los costos) de producir, transportar y distribuir (en orden decreciente de importancia) energía un asunto de primer orden de insumos críticos que operan en mercados regulados (es decir con precios fijados directa o indirectamente por el Estado) ¿no deberíamos conocerlos todos, empezando por el Secretario de Energía? 

¿O simplemente tenemos que creerles a las empresas (muchas de ellas con intereses en toda la cadena, como las petroleras) que no les dan los números, y autorizarles los aumentos de tarifas sin ninguna otra consideración, ni siquiera los niveles de ingresos de los usuarios que tienen que pagarlas? 

¿O el régimen de libre competencia que nos prometen al terminar con los subsidios al final del régimen de transición resolverá mágicamente la cuestión abaratando las tarifas por obra y gracia del mercado, aunque los usuarios no puedan elegir que empresa los provea de gas o luz?