LA FRASE

"SACAMOS A 15 MILLONES DE ARGENTINOS DE LA POBREZA PERO ELLOS, COMO ADORNI, ELIGIERON SEGUIR VIVIENDO COMO POBRES, Y ESA ES UNA DECISIÓN LIBRE QUE HAY QUE RESPETAR." (JAVIER MILEI)

domingo, 27 de enero de 2019

"VOLVIMOS AL MUNDO"


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EL CUENTO DE LA BUENA PIPA EMERGENTE


Leíamos días pasados en Diario Bae que en mayo de éste año y de acuerdo con JP Morgan, Argentina superaría el período de prueba para poder pasar a ser -ahora sí- considerado "mercado emergente".

Y sin embargo, en el mismo informe los autores de la calificación (que se supone habilita a recibir mayores inversiones de fondos del exterior en los activos de un país) dicen que la Argentina de Macri recibirá a partir de entonces menos inversiones extranjeras que los demás países de la región, y en consecuencia el país perderá su peso específico en ese renglón en América Latina.

La razón que aducen es que la crisis desatada a partir de mayo del año pasado derrumbó estrepitosamente el valor de las acciones de las empresas argentina en las que los fondos podrían invertir, capitalizándolas o adquiriendo acciones.

Lo curioso es que el país se puso a tiro de ser considerado "mercado emergente" porque el gobierno de Macri, desde el inicio de su gestión, eliminó todas las restricciones al libre flujo de capitales: el famoso levantamiento del "cepo" para el giro de dividendos, el ingreso y la salida de capitales especulativos de corto plazo, la eliminación de los encajes bancarios de las inversiones, de todos los límites cualitativos y cuantitativos para acceder libremente al mercado de divisas, etc.

O sea, las mismas medidas que determinaron que ante un retiro masivo de capitales especulativos como se produjo a partir de abril o mayo de 2018, la economía argentina se hundiera estrepitosamente, y no se sepa cuando repuntará.

Es decir: vamos a ser emergentes porque adoptamos un modelo económico que (entre otros efectos perniciosos) viene destrozando el valor de las empresas argentinas, y por esa razón van a venir menos inversiones, aunque seamos formalmente emergentes; y si no queremos dejar de serlo, que ni se nos ocurra reimplantar las regulaciones que nos hubieran protegido de la crisis, que destruyó el valor de esas empresas.

Acá no entiende el que no quiere.
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TWEETS POLÉMICOS

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sábado, 26 de enero de 2019

CLIENTELISMOS

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QUE SIGAN LOS ÉXITOS


Desde que Macri dictó el DNU de “extinción de dominio” (una enorme pelotudez en sí mismo) se desató un torneo de pelotudeces, para ver quien la tiene más larga en materia de lucha contra la corrupción, el narcotráfico y coso. Y el socialismo (jaqueado en la provincia por las críticas a su política de seguridad) no podía ser la excepción: primero sacó esta publinota en Clarín del jueves, que vaya uno a saber cuanto nos habrá costado; en la que hasta llegan a decir que se secuestraron bienes de narcos, cuando es sabido que es un delito federal; mas que nada porque el propio gobierno provincial y sus funcionarios, desde el 2007 para acá se ocupan de aclararlo bien, cada vez que los acusan de “narcosocialismo”.

Lo que supone que ni la policía provincial ni (sobre todo) la justicia santafesina tienen absolutamente nada que ver con las causas de narcotráfico, y en consecuencia con los bienes que los narcos pudieran haber adquirido a través de las ganancias generadas por ese delito. Y ayer en Rosario 12 sale esta nota sobre el tema, a la cual corresponde la imagen de apertura; donde nos cuentan que en Santa Fe la "extinción de dominio" ya funciona, y es un éxito. 

Pero el sistema que funciona en la provincia desde 2016 tiene nada que ver con algo parecido a la “extinción de dominio” tal como la plantea el macrismo a nivel nacional, porque ninguna provincia (incluyendo a Santa Fe) tiene competencias para legislar al respecto; a punto tal que para consumar su burrada, Macri debió modificar el artículo 1907 del Código Civil y Comercial.

Es decir, si entendemos por “extinción de dominio” (como lo dispone el DNU de Macri) una acción civil promovida por el Estado, a través de la cual se intenta desapoderar en forma definitiva de sus bienes presuntamente originados en el delito a alguien, para transferirle su propiedad al Estado; aun cuando no haya sentencia firme que lo declare culpable en sede penal; bastando a esos fines un simple procesamiento, o sospecha, y aun cuando no sea imputado, la norma santafesina no tiene nada que ver con eso.

La Ley 13.579 (2016) que creó en la provincia la  Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales afortunadamente no llega a ese nivel de disparates; pese a lo cual no sorprende que Pullaro (un completo y perfecto ignorante) asuma la defensa del DNU de Macri diciendo que es perfectamente constitucional, como si él fuera alguna autoridad en el tema. Le puso más garra que Corral al tema, lo que es mucho decir.

La ley santafesina fue analizada por nosotros en ésta entrada, y vino a decir que el agua moja: reglamenta para la provincia y para las causas en las que es competente la justicia provincial, lo que ya dispone el Código Penal de la nación en su artículo 23, desde su sanción en 1921: el decomiso de los bienes o efectos producto del delito, cuando medie sentencia condenatoria firme, y para resarcir a las víctimas, no para transferir su propiedad al Estado.

Incluso se remite al procedimiento que se sigue en casos de lavado de dinero, incorporado al Código Penal en 2011 (sí, durante el gobierno de Cristina) por la Ley 26.683, que el socialismo no votó en el Congreso nacional; y modifica (no crea) las disposiciones del Código Procesal Penal de la provincia que regulan las medidas cautelares que los jueces pueden disponer en medio de los procesos penales, para asegurar la sentencia posterior: el secuestro preventivo de bienes, no la “extinción de su dominio”.

Nos remitimos -reiteramos- al pos anterior en el que tratábamos el tema, solo para agregar que la Ley 13.579 modifica el artículo 238 del Código Procesal Penal de la provincia, para posibilitar que los jueces “a pedido de parte” (ni siquiera califica al Estado como “parte” puedan disponer la inhibición general de bienes de lo imputado por un delito, o “...la inscripción como litigiosa de los bienes o derechos patrimoniales relacionados con el delito, derivados u obtenidos directa o indirectamente de actividades ilícitas, utilizados de cualquier forma para el desarrollo de actividades ilícitas o que constituyan un incremento patrimonial no justificado, sean o no los mismos de titularidad registral del imputado, siempre que existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas con las que los mismos se encuentran vinculados.”. Es decir, nada de “extinción de dominio” ni transferencia de los bienes al Estado, ni cosa que se le parezca.

Pero el nivel de disparates que se leen y escuchan sobre este tema son tan grandes, que en la nota de Clarín se dice que la provincia guarda los bienes secuestrados (decomisados, no confiscados, ni transferidos al Estado) en galpones secretos, cuya ubicación se guarda bajo estricta reserva. Basta ver el decreto de abajo, por el cual se aprueba el contrato de alquiler de uno de ellos (imagen), para darse cuenta que eso es una mentira absoluta:


Y para seguir con la sanata, a nadie parece llamarle la atención que, siendo que a través de este mecanismo el Estado “recuperaría bienes de la corrupción” y destinaría el producido de su venta a fines públicos o sociales, nadie les haya preguntado a los funcionarios de la provincia cuanta plata obtuvieron por esa vía desde que se sancionó la ley a fines del 2016. De haberlo hecho (o de haber buscado información al respecto, se hubieran podido enterar que nada, cero, ni un centavo.

Al menos eso es lo que surge de la Cuenta de Inversión del 2017 (la última disponible), y si bien no están los datos del año pasado, el presupuesto de éste año tampoco contempla nada de plata que provenga de esa fuente, y la razón es muy sencilla: si se subastan o rematan bienes secuestrados en causas penales, los fondos que se obtienen deben destinarse prioritariamente a resarcir a las víctimas, porque así lo mande el Código Penal.

Y eso que la reglamentación de la Ley 13.579, aprobada por Lifschitz mediante el Decreto 276/18 (17 meses después de dictada, se ve que entonces no había tanto apuro con el tema) dice entre los recursos de la Agencia se cuentan “Los montos correspondientes al producido de la venta en subasta pública, de los bienes y derechos puestos a su disposición, los que se afectarán al funcionamiento de la Agencia y al cumplimiento de sus fines.”

Para este año la Agencia cuenta con un presupuesto de $ 11.567.000, de los que $ 4.970.000 (el 42,97 %) se destinan al pago de los alquileres de los dos galpones “secretos” (en Santo Tomé y en Alvear) donde se guardan los bienes secuestrados, otros $ 1.735.000 en “Servicios Técnicos y Profesionales Varios” (?) y $ 1.002.000 en vigilancia privada: ¿contrataron una empresa privada para vigilar los bienes que -dicen- les secuestraron a los narcos y bandas delictivas, no tienen confianza en la policía?  Si es así, lo bien que hacen.

Ojalá que por lo menos la publinota del jueves pasado en Clarín nos haya salido más barata que ésta otra (post relacionado):


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"LES HICIERON CREER QUE VOTANDO PODÍAN CAMBIAR ALGO"


Varias veces hemos dicho acá que una de las peores derivaciones del "pensamiento único" que trata de imponer el neoliberalismo es la que trata de disociar a la política de la economía, como si fueran dos compartimentos estancos sin relación alguna entre sí: mientras una (la política) es un terreno que permitiría ciertas libertades (como elegir a nuestros gobernantes) y hasta cierto punto algún nivel de debate, la otra (la economía) tendría un solo cuerpo de ideal racional, una única receta para aplicar en todo tiempo y lugar; sin importar ni las circunstancias ni los contextos.

Hace falta rascar muy poco en la falacia para advertir que se trata precisamente de eso: un engaña pichanga para encubrir la defensa de intereses muy concretos, bajo el ropaje del presunto "cientificismo" que devela "las leyes naturales de la economía", y la aceptación resignada de la democracia como un mal menor, al que se usa como válvula de escape de las tensiones sociales que generan las ideas económicas del neoliberalismo, cuando se las pone en acto. 

Lo que no quita que, de ser necesario para la defensa de los intereses que éste expresa, hasta la mínima ficción democrática se deje de lado, y se apoyen golpes de Estado, dictaduras o regímenes autocráticos, sin ruborizarse; con tal de que garanticen "el clima de negocios", "la seguridad jurídica a los inversores" y ese tipo de cosas. 

Antes de llegar a eso, a la "válcula de escape democrática" se la encapsula, y se delimitan bien sus alcances concretos: las elecciones devienen así un entretenimiento social que "los mercados" observan con desdén, a menos que adviertan que sus resultados pueden tomar un rumbo peligroso para sus intereses. Es decir, vaya y pase con que quieran elegir quien los gobierne, con tal del que los que elijan hagan lo único que "debe hacerse": lo que dicen ellos.

Eso es -ni más ni menos- lo que está haciendo el staff del FMI al advertir que los comicios presidenciales de este año pueden "poner en riesgo el programa de estabilización": una forma poco sutil de advertir que no es lo mismo para ellos que gane Macri a que gane otro, a menos que ese otro (el "peronismo alternativo", pongámosle) se avenga a comprometerse públicamente a sostener la continuidad del programa, en caso de ganar las elecciones y acceder al poder.

La ¿advertencia, amenaza? es todo menos inesperada: así como yendo al FMI Macri descargó en él la política económica, mientras al mismo tiempo delegó la política exterior en el Departamento de Estado y el diálogo político en el grupo de tareas de Comodoro Py, licuando progresivamente la autoridad presidencial y el rol institucional del Estado, lo que hizo como resultado de todo eso fue achicar los márgenes de posibilidad no ya del accionar de un futuro gobierno de otro signo, sino de la democracia argentina en su conjunto.

El espectáculo que ofrecen por estas horas los funcionarios del FMI felicitando a la conducción burocrática del gobierno (la real, dijimos, no está en el país) que aplicó sus recetas y condujo así a la economía a una caída del 7,5 % interanual (la mayor en más de 10 años) es ciertamente grotesco. Tanto como el que dan los funcionarios del gobierno, celebrando la "pax cambiaria" mientras la economía real se cae a pedazos. 

Y ahora esa tecnocracia del Fondo que también juega su cuello en el éxito del caso argentino (o sea, que no entremos en default y podamos seguir pagando religiosamente la deuda, que de eso se trata), se mete desembozadadamente en la campaña electoral del país; primero financiando la fuga de capitales y el intento de reelección de Macri con una deuda monstruosa que deberemos pagar todos (que de eso se trata en definitivas el stand by récord que le otorgaron al gobierno), y ahora "advirtiéndonos" de los riesgos que entraña el voto.

Si la oposición (la real, no la que dice ser tal pero es parte del oficialismo ampliado) lo sabe aprovechar, tiene ante sí una oportunidad interesante: en el 2015 Macri pudo ganar apelando a la idea del cambio, canalizando así las insatisfacciones de muchos sectores de la sociedad con el kirchnerismo, tras 12 años de gobierno. Ahora, se trata de capitalizar ese mismo deseo (el de cambiar), en un contexto mucho más adverso que entonces y con elementos esenciales que hacen a las condiciones objetivas y materiales de existencia como el empleo o el salario amenazados o destruidos; por las políticas que el FMI dice que deben sostenerse, más allá de quien gane las elecciones. 

La posibilidad de que la oposición Macri sea la que ahora aproveche la idea del cambio cuando el gobierno debe defender un status quo oprobioso sin poder "prometer futuro" (porque no tiene margen, ni económico ni de credibilidad social) tiene que ver con mucho más que ganar una elección: hace a rescatar el sentido profundo de la democracia, que va más allá de la mera alternancia que proclaman como panacea nuestros "republicanos", cuando no gobiernan ellos.

Se trata de rescatar a la política como herramienta para cambiar las cosas, y transformar positivamente la realidad, y no una simple rutina electoral. Como lo hizo Néstor Kirchner a partir de aquel 25 de mayo del 2003. Tuit relacionado:
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viernes, 25 de enero de 2019

EL SHOW DEL CHISTE





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