LA FRASE

"SACAMOS A 15 MILLONES DE ARGENTINOS DE LA POBREZA PERO ELLOS, COMO ADORNI, ELIGIERON SEGUIR VIVIENDO COMO POBRES, Y ESA ES UNA DECISIÓN LIBRE QUE HAY QUE RESPETAR." (JAVIER MILEI)

lunes, 25 de enero de 2021

"SEAMOS REALISTAS, PIDAMOS LO IMPOSIBLE"

 


 

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CRÍTICAS Y CRÍTICOS

 

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domingo, 24 de enero de 2021

TWEETS POLÉMICOS

 

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¿QUÉ HACEMOS CON YPF?

 


Después del fracaso de la "argentinización" ensayada en el gobierno de Néstor Kirchner con el ingreso de Eskenazy, el kirchnerismo decidió recuperar el control de YPF en 2012, en el segundo mandato de Cristina y con la sombra de la restricción externa encima: las importaciones de combustibles pesaban demasiado en la balanza comercial e insumían dólares cada vez más escasos; y la necesidad de recuperar el autoabastecimiento energético era crucial

Para eso controlar la petrolera estatal era clave, porque era la herramienta destinada a liderar el esfuerzo para lograr ese objetivo. Con esa idea, el Estado se hizo con el 51 % de las acciones desplazando al grupo Repsol del comando de la empresa, y puso al frente de la misma a Miguel Galuccio. Por primer vez en años, YPF recuperaba inversión y producción, y participación perdida en el mercado.

Con la venida del macrismo y pese a que la energía estaba entre los sectores "estrella" de su modelo económico, YPF siguió la suerte de la mayoría de las empresas del país: aun en un contexto de dolarización de tarifas (y en lo que a ella toca, de los precios del gas en boca de pozo) perdió estrepitosamente y en forma constante valor de libros y de capitalización. 

Sus acciones se desplomaron y Aranguren (ex competidor en el mercado como CEO de Shell) soñaba con reprivatizarla; mientras contraía una pesada deuda en dólares-siguiendo en eso al modelo económico en su conjunto-, mientras por ejemplo le otorgaba un préstamo de 140 millones de dólares a Pampa Energía (por entonces en manos de Marcelo Mindlin) para comprar Petrobras Argentina. Mientras, el gobierno ponía más empeño en subsidiar las actividades de Tecpetrol (la empresa petrolera del grupo Techint) o CGC (Compañía General de Combustibles, de Eurnekián), que en proyectar su propia petrolera. 

A más de 13 meses de gobierno del "Frente de Todos" y con la pandemia (que afectó las actividades e ingresos de las petroleras en todo el mundo) como ominoso telón de fondo, no está muy claro hacia donde va YPF, o hacia donde quiere el gobierno que vaya. El despido de Guillermo Nielsen (insólitamente compensado con un exilio dorado en Arabia Saudita) era una medida necesaria e imprescindible; pero no es ni por asomo todo lo que se necesita para encauzar el rumbo de la gestión de la petrolera estatal.

Precisamente a raíz de reclamar del despido de Nielsen, recordábamos nosotros en ésta entrada los principios e ideas bajo los cuales Cristina decidió, con la Ley 26741 aprobada en su segundo mandato, retomar el control de la petrolera. Controlar YPF no es solo manejar la principal empresa petrolera y -al menos hasta el desastre macrista- una de las principales empresas del país, si no la mayor.

Supone contar con una herramienta estratégica para desarrollar una política energética en manos del Estado nacional, en un terreno cedido en los 90' a los intereses privados, y fragmentado en el poder de decisión público con la provincialización de los recursos naturales establecida en la reforma constitucional de 1994.

Una herramienta que permitiría además desarrollar esquemas de conformación de cadenas de proveedores, desarrollos científicos y tecnológicos de avanzada e imponer -por el peso de su participación en el mercado- precios testigos de los combustibles compatibles con las posibilidades adquisitivas de la población, y con la razonabilidad de los costos de producción de la economía en general. Y generar, como no, divisas genuinas vía exportación para contribuir a superar la restricción externa.

Hoy YPF está muy lejos de hacer todo eso -de hecho, está demandando 400 millones de dólares para hacer frente a los compromisos de su deuda reestructurada, contraída durante el macrismo- y para el Estado nacional parece un apéndice molesto en el que, por ejemplo, no le interesó aprovechar las operaciones especulativas contra el valor de sus acciones para avanzar sobre el 49 % que permanecen en empresas privadas. De Nielsen y su desastrosa gestión, se puede decir que -a tono con el fetiche oficial de la "salida exportadora- nunca tuvo en la mira nada más allá del aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta, sin siquiera procurar incrementar la producción en otras áreas. 

Aunque tenga una forma jurídica de sociedad anónima -compatible además con las exigencias de un mercado competitivo como el petrolero- y mal que le pese al ministro Guzmán que la definió como una "empresa privada con el 51 % del capital en manos del Estado", YPF es nuestra, es de todos y la controla el Estado argentino; en conjunto con las provincias petroleras que están obligadas a acompañar sus decisiones por el pacto de sindicación de acciones que estableció Cristina en el diseño de la expropiación allá en el 2012.

Y reclama definiciones a tono con esa condición para hacer -como se pensó cuando se la creó, hace más de un siglo, y cuando el Estado retomó su control, hace menos de una década- su aporte decisivo al desarrollo nacional. Esperemos que la nueva gestión suponga más que un mero cambio de nombres, y vuelva a poner a YPF en ese sendero, del que nunca debió salir. Tuits relacionados: 

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sábado, 23 de enero de 2021

TWEETS POLÉMICOS

 

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ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD

 

Patricia Bullrich es una provocadora profesional, un personaje predemocrático e inescrupuloso que expresa lo peor de la política argentina, junto con Elisa Carrió. Y sin embargo -o tal vez por eso- es hoy la presidenta de uno de los principales partidos de la oposición, siendo como es una eterna saltimbanqui domadora de cuanta camiseta política hay disponible, con una honrosísima excepción: (honrosísima para nosotros) jamás fue kirchnerista.

Y no está sola, ni es ninguna loquita suelta: ninguno de sus desbarrancos o exabruptos merecen condena del resto de la oposición nucleada en "Juntos por el Cambio", y más bien sucede lo contrario, rápidamente todos cierran filas en su defensa. Lo cual es lógico: en el intento de obturar el surgimiento de un "bolsonarismo argentino" y sostener ese voto derechoso dentro del haber de los que fueron gobierno hasta diciembre de 2019, están todos de acuerdo.

El episodio del saludo marcial de los policías bonaerenses en Villa Gesell se suma a su amenaza de cesantear a los docentes que se nieguen a volver a las clases presenciales, cuando en rigor no gobierna personalmente en ningún lado, a menos que hable por Larreta y en relación a los docentes porteños. Y se inscribe en una lógica permanente de mojarle la oreja al gobierno, para instalar una idea de "vacío de poder", en el que "la gente nos pide que volvamos para restaurar la institucionalidad", como dijo Macri hace unos días. 

Pero no se trata de ella, ni de unos policías que se pasaron de rosca, es más compleja la cosa: la propia Bullrich fue captada en otro video amenazando con "romper todo" si no vuelven las clases presenciales, o con "armar lío" si sancionaban a los policías que la saludaron.

Aunque en un primer momento se anunció que los PROlicías bonaerenses que la saludaron como si aun estuviera en funciones serían sancionados y separados de la fuerza, hubo otra reculada más (y van), en éste caso nada menos que de Sergio Berni. Un precedente peligroso de lenidad (de alguien al que le gusta posar de duro) que se suma a otro mucho más peligroso, como fue no haber dispuesto sumarios ni sanciones por el motín policial del año pasado; que incluyó un sitio armado con patrulleros a la residencia presidencial de Olivos: responsabilidad en éste caso de Axel Kicillof, de quien dependen esos policías.

Que en las fuerzas de seguridad prevalezca una visión de simpatía y afinidad con las políticas y los políticos de la derecha argentina es algo que no debería sorprender a nadie: varias veces se ha dicho, acá y en muchas partes, que constituyen el principal bolsón de subsistencia de las estructuras predemocráticas, junto con los servicios de inteligencia, mucho más incluso que las fuerzas armadas.

El problema entonces radica en lo que hace al respecto el sistema político, pues a una derecha inescrupulosa (cuyo rostro visible más conocido es Bullrich, pero no el único) dispuesta a utilizar eso en su favor y no precisamente para ganar elecciones (hace rato ya que los que fueron gobierno entre 2015 y 2019 juegan a otra cosa, aunque desde el gobierno no lo quieran ver), se suma un oficialismo que en todos sus niveles no parece tomar debida nota de la magnitud del desafío a su autoridad, para obrar en consecuencia.

Antes de todo eso hubo marchas anticuarentena desafiando las restricciones a la circulación por obvias razones sanitarias, y hace poco -aunque escuálidos en su adhesión- piquetes campestres con "control de cargas", sin que las autoridades competentes hicieran algo al respecto. La ministra de Seguridad de la nación llegó a justificar las primeras, en el ejercicio de un derecho constitucional.

Nuestro sistema político vive la paradoja de un gobierno "de coalición" cuyos bordes más blandos (es decir, los más dispuestos a los acuerdos con la oposición) controlan los puestos claves de la administración pese a haber aportado la menor cantidad de votos al triunfo electoral, y vienen de un fallido ensayo de "oposición responsable" durante el macrismo; enfrentado a una oposición donde no existen tales "bordes blandos", y el protagonismo lo tienen los "duros" que expresan más fielmente a su base electoral, sin disidencias visibles -en público al menos- de los presuntos "blandos", de cuya existencia se duda.

Del lado de enfrente del gobierno nada indica que la estrategia elegida esté captando "voto blando suelto", pero no por eso debe despreciarse que han logrado insuflar a la tropa propia cierta mística: ellos y buena parte de sus votantes creen estar protagonizando una cruzada épica en defensa de las libertades, o algo parecido. Mientras tanto de éste lado cunden el desaliento y la confusión, porque no se ven señales claras de que el rumbo del gobierno se encarrile por el cauce de lo que la mayoría de los argentinos votamos en octubre del 2019.

Y ya se sabe lo que sucede cuando algo duro colisiona contra algo más blando, o en nuestra experiencia histórica, cuando las minorías intensas enfrentan a mayorías desalentadas, o con falencias en su conducción. Una conducción a la que se le reclama, ni más ni menos, que gobierne; utilizando todas las herramientas que la legitimidad del Estado democrático pone a su disposición a esos fines; no para sancionar a esos policías (o no solo para eso) o perseguir a opositores (ya se vio el escándalo payasesco que armaron con los concejales formiseños), sino para defender los derechos de la mayoría, de los abusos de las minorías del privilegio.

La oposición al fin y al cabo (aunque sean preocupantes sus desbarrancos antidemocráticos) no es más que la comparsa del poder real, que es con el que el gobierno tiene que ajustar cuentas: recordemos aquello de Cristina en su segundo mandato de "titulares y suplentes". Ese poder que aumenta los precios de los alimentos. medicamentos o servicios, quiere provocar corridas cambiarias, o desafía las normas que prohíben despidos o fijan una doble indemnización. A ese poder tributan las compadradas de la oposición alentadas por la inacción del gobierno, porque como decía Perón "el frente blando permite avanzar". 

O como le gusta decir al dinosaurio de los almuerzos televisivos, "como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan". Nos votaron para gobernar, de un determinado modo y con un determinado sentido, pues hagámoslo, y al que no le guste, que espere las próximas elecciones.  En palabras de Fito, es una cuestión de actitud. Tuits relacionados: 

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viernes, 22 de enero de 2021

"ANALÍZAME"

 


Los otros días y a propósito del trillado tópico de los "problemas de comunicación" del gobierno, decíamos en ésta entrada: "Desde acá y con el sólo ánimo de aportar al debate, pensamos que la cosa es un poco más compleja: antes que comunicar hay que gestionar, y en la medida de lo posible y considerando los contextos, hacerlo lo mejor que se pueda. 

Si no hay nada de gestión, no hay nada que comunicar, aunque se intente: ésta formulación debería ser sencilla de aceptar universalmente, y sin embargo no sucede: leemos, vemos y oímos a diario que se nos informa que el gobierno "evalúa" tal cosa, o que "no descarta" tal otra, o que "sigue atentamente" determinado acontecimiento. 

Es decir, se está comunicando, pero en realidad no se comunica nada; al menos si por "algo" entendemos decisiones tomadas, firmes, concretas, plasmadas en los instrumentos institucionales del caso (leyes, decretos, resoluciones).  " 

Las reflexiones vienen como anillo al dedo para las "no ticias" de las que dan cuenta los tuits de apertura: que el gobierno "analiza" distintas medidas, como un bono extraordinario para los beneficiarios de planes sociales, las modalidades con que seguirán funcionando programas como el ATP o el Repro II, y las subas de precios en los alimentos.

De idéntico modo, en otras noticias se da cuenta de que se "analiza" retomar el IFE, o se anticipa que el lunes saldrían en el Boletín Oficial los decretos prorrogando la prohibición de los despidos, y la doble indemnización. 

Todos los temas reseñados tienen algo en común: dan cuenta de que la situación económica y social sigue siendo crítica, y demanda respuestas y acciones inmediatas por parte del Estado: respuestas y acciones, inmediatas. O sea, menos "analiza" y más "decidió", "resolvió" o "decretó".

Nadie puede suponer que el presidente y los funcionarios ignoran el contexto en el que les toca gobernar, dicho ésto por si algún genio de la comunicación oficial cree que se gana algo contándonos que están "analizando" que hacer al respecto.

Ese contexto crítico determinaría -por ejemplo- la decisión de prorrogar la prohibición de los despidos y la doble indemnización. Pero ese mismo concreto determina también que, con la misma o mayor premura, se tomen las demás medidas; en especial la asistencia extraordinaria a los sectores excluidos del mercado del trabajo formal o informal, y alguna medida de contención de la inflación en bienes sensibles, como los alimentos.

Claro que ahí aparecen otros factores, como por ejemplo en el caso de la IFE, el ATP o el REPRO además de algún posible diseño de "sintonía fina" para asegurarse de que sean efectivos y les lleguen a los que verdaderamente los necesitan, la decisión de invertir recursos del Estado en esos programas. Y en el caso del precio de los alimentos, la decisión política de confrontar con los que provocan los aumentos.

A que vamos con esto: a que sí, por razones de mal entendida "prudencia fiscalista" y de tacticismos del estilo "no da la correlación de fuerzas", no existe la más mínima intención de avanzar en uno u otro sentido, dejar filtrar a los medios que se "analiza" hacer tal o cual cosa no solo es inconveniente, sino contraproducente en términos políticos. Res, non verba, decían los romanos. 

Y si no va a haber res (nada que ver con los aumentos de la carne. O sí), que no haya verba. Tuits relacionados:    

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