PARA LA ANTOLOGÍA DEL DISPARATE

Por Raúl Degrossi

Los delirios que -semana tras semana- cocinan entre los medios hegemónicos y buena parte de la oposición superan el asombro: desde el culebrón del año pasado con las reservas del BCRA, hasta la convocatoria de Schoklender, pasando por el "índice de inflación del Congreso", el fraude informático de Duhalde y la discusión express de la boleta única, no han faltado motivos para entretenerse.

Pero el sainete armado en torno a los oficios del juez que investiga a las consultoras privadas que elaboran sus propios índices de nflación iamenaza con marcar un récord en el ridículo, quizás a la altura de la reacción de Leuco con la metralleta de Lucas. Aunque no creo que le sirva a Melconián para ganarse minas.

Uno puede intentar un análisis mas o menos serio del asunto y decir que la oposición busca -casi con desesperación- el sujeto social perdido desde la resolución 125, a caballo del cual remontar la carrera electoral que avizora un horizonte de catástrofe para octubre; pero el problema con esa idea es que desde entonces (pasando por la discusión de las Afjp, la ley de medios, el uso de las reservas, y otras tantas), hasta Rial demostró ser mucho más astuto en ese rubro, con el milagro para Altamira.

Los papelones que protagonizan en el Congreso personajes marginales de la política como Patricia Bullrich o Silvana Giúdici -y otros que no les van en zaga como Graciela Camaño o Gil Lavedra-, parecen una especie de cásting frenético por conseguir conchabo en los canales de televisión, para ponerse a resguardo de la eyección de sus bancas. Incluso algunos ya se han adelantado en ese camino, como el inefable experto en globalización Fernando Iglesias.

Ahora bien, si de buscar sujetos sociales a representar se trata, pocos tan poco movilizadores como el consultor económico de la city porteña (al lado de Melconián, Schoklender parece un tipo honorable) y el "periodista independiente amenazado por la persecución de una dictadura totalitaria".

Pensemos por un momento, ¿cuántas personas en su sano juicio saldrían a la calle en defensa de un Majul, un Morales Solá, un Lanata o un Pagni, si alguna vez les pasara realmente algo? 

Los editoriales de Clarín y La Nación planteando la cuestión del periodismo y los "ataques a la libertad de prensa" como si estuviéramos en los años del 50' (donde el kirchnerismo ocuparía el lugar de los rusos que se devoraban a los chicos en las viejas Selecciones del Reader's Digest) son para morirse de risa. Una vez, porque después el bostezo es incontenible. 

El ombliguismo extremo que practican es asombroso, sobre todo porque -después del 14 de agosto- hicieron enormes esfuerzos por disimular lo indisimulable: los grandes medios fueron los principales derrotados de las primarias

Y se llega a extremos insólitos (dignos de figurar en una antología universal del disparate), como las cosas que escribe Gregorio Badeni (el abogado que patrocina a Clarín en la causa por la ley de medios, uno de los constitucionalistas cama adentro de Magnetto y La Nación), en esta nota. Pero ojo: esta otra nota de Susana Viau en Clarín no le va en zaga para hilvanar disparates.

Badeni miente (supongo que a sabiendas), cuando dice en la nota: "La orden fue impartida en una causa penal en la que, con motivo de la denuncia formulada por un funcionario gubernamental, se indaga si constituye un delito investigar e informar públicamente sobre el presunto deterioro del valor adquisitivo de la moneda local cuando sus conclusiones no coinciden con las emanadas oficialmente.".

Y agrega luego: "La causa penal se inscribe en el absurdo jurídico de aceptar que en la Argentina existe el delito de opinión; que resulta ilícito emitir una opinión sobre temas institucionales que difiera o sea crítica de la que elabora una repartición del Poder Ejecutivo.". Fantástico, si así fuera, los juzgados trabajarían las 24 horas, y las cárceles no darían abasto.

Fantástico pero falso de toda falsedad: el juez Catania investiga una denuncia de Guillermo Moreno por agiotaje, uno de los denominados "fraudes al comercio y a la industria", definido por el artículo 300 inciso 1) Código Penal que pena a "El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado".

Los investigados (eventualmente imputados) son Melconián y su socio Santángelo (los titulares de la consultora M&S), no los periodistas que, de buena o mala fe, hayan levantado sus notas o informes sobre la evolución de los precios; y lo que se investiga es si -con la elaboración y difusión de sus propios índices de precios- los muchachos de M&S hacían algún negocio con los títulos de la deuda pública, o alguna otra manganeta por el estilo. ¿Ustedes deconfiarían o no de Melconián, con esa carita de turco vendedor de baratijas?

Difícil de probar, pero nada que ver con el periodismo, la libertad de expresión o el secreto de las fuentes de información. De hecho, la citación de los periodistas (eventualmente como testigos, no como imputados) fue a pedido de la fiscal de la causa y no de Moreno.

A lo que hay que añadir que debería saber Badeni (súbitamente devenido en penalista: usando un anibalismo, debe ser el que patea los penales en el equipo de Magnetto) que el desacato fue eliminado del Código Penal en 1993, y las calumnias e injurias en asuntos de interés público, fueron despenalizadas en el 2009, justo por el gobierno que él y otros califican como una dictadura.

Tampoco investiga Catania (como delira Viau en su nota) cual índice de inflación es más confiable, si el que elabora el INDEC o los de las consultoras privadas. En todo caso, si constata las maniobras y negocitos de las consultoras con la difusión del suyo, deberá a su vez determinar si está basado o no en falsedades. No veo cual sería en tal caso el problema de que den a conocer como lo hacen, sobre todo teniendo en cuenta que el principal cuestionamiento al índice oficial es metodológico.

La responsabilidad (eventual) de los periodistas que publicaron o difundieron los índices de M&S estaría exclusivamente dada en que supieran que están hechos en base a falsedades, y tenían por propósito un negociado con títulos de la deuda u otros curritos; adentrándose en lo que se conoce como "la real malicia".

Como se ve, un arduo trabajo le espera al juez Catania, que por eso mandó a pedir además datos (esto sí a pedido de Moreno, admitido como parte querellante) sobre la facturación de publicidad de la consultora a los medios en que las notas fueron publicadas; para establecer si se correspondieron con avisos publicados en los diarios o no, o disfrazaron pagos para difundir los índices. A lo mejor si la requisitoria se extiende a "Sobrecito" Pagni, el hombre puede aportar datos del mecanismo, en el que es bastante ducho.   

De modo que las apelaciones a la libertad de expresión y la reserva de la confidencialidad de las fuentes (que no serían tales si el periodista las menciona en sus artículos) son absolutas pavadas sobre las que han hecho correr ríos de tinta, al sólo efecto de victimizarse como el pateador de puertas Mariano Obarrio.

A menos que Badeni, Viau y otros mistificadores sepan algo que nosotros no, en cuyo caso sumarían (a su ya larga cadena de disparates y papelones) el bochorno institucional de pretender indemnidad judicial para las operaciones de prensa, o para los simples curros.

¿Una conquista más de la libertad de prensa?