Vemos en Rosario 12 de hoy que el Senado provincial ha decidido crear una comisión investigadora sobre las presuntas irregularidad en que incurrió el Ministerio de Educación al disponer la exoneración del director de la Escuela Técnica 612 de Coronda.
Al parecer y entre otras falencias del procedimiento, la propuesta de exoneración no fue hecha por unanimidad por los miembros de la Junta de Disciplina, como lo exige la Ley 10.290; y se sospecha que puede existir en el caso una persecución política contra el docente exonerado, más allá de las irregularidades administrativas que se le imputaban.
No sería la primera vez que esto pase en los buenos tiempos del socialismo: con Elida Rasino al frente del ministerio, existieron numerosos casos de persecución política e ideológica contra docentes, en diferentes escuelas de la provincia.
Consultado sobre el tema Bonfatti, dijo no recordar si había firmado el decreto de exoneración, porque firma muchos todos los días y a veces no se detiene a mirarlos con puntillosidad.
Interesante: esperemos que no le pongan a la firma una declaración de guerra contra otra provincia, por ejemplo.
Bien, nosotros le vamos a refrescar la memoria al gobernador: sí firmó el decreto, y acá lo pueden ver:
Y tal como dijo el senador Capitani al presentar el pedido de informes, no hubo entre los miembos de la Junta de Disciplina la unanimidad que exige la ley para pedir la exoneración, que fue lo que terminó decidiendo el gobierno.
Más aun, ninguno de ellos pidió la exoneración, como pueden ver acá en la parte pertinente del acta de la Junta:
Es decir que -en principio- la exoneración vendría flojita de papeles, porque ni siquiera los representantes del Ministerio de Educación en la Junta de Disciplina la pidieron: optaron por la cesantía, que es una sanción menor; y los miembros de la representación de Amsafe pidieron una suspensión.
Sería bueno que la comisión (en la que participarán representantes del FPCyS, porque fue votada por unanimidad) investigue y dilucide claramente de que se trata el asunto.
Sobre todo que despeje por completo las sospechas de que estamos ante un caso de persecución política desde el Ministerio de Educación hacia un docente; lo que sería gravísimo además de desmentir en los hechos las constantes apelaciones del gobierno provincial al diálogo y el consenso.
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