El modo de resolución del tema de la deuda externa ha sido sin dudas uno de los grandes logros macroeconómicos del kirchnerismo, que contribuyó a darle sustentabilidad al modelo económico implementado a partir del 25 de mayo del 2003; pero que menos réditos políticos le deja.
Cuando Néstor Kirchner llegó al poder, la democracia argentina llevaba ya casi 20 años de vigencia, y por ende habían pasado dos décadas y varios gobiernos no sólo sin resolver el problema de la deuda externa, sino agravándolo con los años, hasta que se convirtió en una hipoteca muy pesada sobre nuestro futuro.
De más está decir que si había un momento para discutir la legitimidad política de esa deuda, y en su caso repudiarla jurídicamente o desconocerla (por ejemplo por haber sido contraída en buena parte en períodos dictatoriales), era en aquéllos primeros años de democracia; y por las razones que fuera, no se optó por ese camino, y los gobiernos posteriores a Alfonsín no sólo se encontraron con el problema de la deuda, sino lo acrecentaron contrayendo más deuda.
Estas verdades sencillas es necesario reiterarlas todas las veces que se pueda, porque a casi 30 años de recuperada la democracia (y ahora a propósito del fallo del juez Griesa y los fondos buitres), todavía hay que escuchar a los que plantean el discurso (simpático, sin dudas) de que antes que pagar la deuda, hay que investigarla, y en su caso desconocer lo que sea fruto de ilícitos o negociados.
Desde otro lado, se cuestiona el defáult del 2001 (que tampoco lo declaró el kirchnerismo), la ruptura de los contratos y la seguridad jurídica y todo lo que sabemos: nos aislamos del mundo, tenemos que honrar nuestras deudas; y toda la sanata conocida.
El camino elegido por el kirchnerismo (como que tuvo la difícil responsabilidad de gobernar) fue otro, y bien conocido: reestructuró la deuda con una quita generosa (del 70 % del capital en algunos casos) y una reestructuración de los vencimientos que los van estirando hasta el 2038: una apuesta a conciliar el pago de la deuda con las posibilidades reales del país, y su capacidad de crecer y reconstruir el tejido social y productivo destruido por el neoliberalismo; que en buena medida fue el autor de esa deuda.
Los resultados están a la vista y son por todos conocidos, mas aun: fueron ratificados con contundencia por el pueblo argentino en las urnas en dos oportunidades; porque lo sepan o no quienes votaron al kirchnerismo, estaban apoyando ese modo de resolver el problema de la deuda.
A partir del fallo de Griesa, está en el tapete la situación de los fondos buitres, y en especial la posibilidad de una reapertura del canje de deuda, como una forma de sortear los alcances del fallo, que compromete el pago de los servicios de la deuda a los bonistas que sí aceptaron la propuesta argentina de reestructuración.
Lo que la Argentina dijo al presentar su apelación en Nueva York no es que reabrirá el canje (cerrado por decisión de dos leyes del Congreso, según se explicó en éste post), sino que la interpretación que dio Griesa en su fallo al principio de "pari passu" (algo así como "igualdad de tratamiento", entre los acreedores en este caso) frente al reclamo de los fondos buitres, fue ridícula: ordena que se les pague al contado, sin quita ni refinanciación, y antes que a los demás bonistas.
Y que si el juez hubiera ordenado que se les pagara en las mismas condiciones que los bonistas que accedieron al canje (con quita, con reestructuración de plazos, aceptando renunciar a todo reclamo actual o futuro contra el país por la deuda), esa hubiera sido una solución razonable que podría debatirse en el Congreso; para eventualmente reabrir el canje y que ingresos esos acreedores que no aceptaron los dos anteriores (de 2005 y 2010).
Lo cual es bastante dudoso (como se dice acá) porque los fondos buitres se caracterizan justamente por especular con el valor nominal de los títulos, y por tener espaldas financieras para soportar largos y engorrosos trámites judiciales hasta cobrar sus créditos, sin aceptar quitas o refinanciaciones.
Pero aun así, la eventual propuesta (que dependerá en definitiva de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones de Nueva York ante la presentación del gobierno contra el fallo de Griesa) debería ser discutida en el Congreso, donde al parecer tendría luz verde:
En el post anterior, nosotros contábamos lo que había pasado en el Congreso cuando se discutieron la Ley 26.017 (la del primer canje) y la Ley 26.547 (la del segundo): fueron aprobadas por amplia mayoría y con escasos votos en contra; en el segundo caso más por el efecto de las habituales denuncias de "fabulosos negociados" (por entonces y para variar, Lozano, Pino Solanas y la Coalición Cívica con Carrió a la cabeza), que por una diferencia estructural sobre el manejo de la deuda: de hecho coincidieron entonces en el rechazo a la propuesta de canje los que planteaban repudiar la deuda por ilegítima, con algunos que decían que había que pagarla entera, de una y sin chistar.
Y ahora la cosa no cambiaría demasiado, según la información que aporta esta nota de Página 12: los radicales, el peronismo disidente y la Coalición Cívica a favor, y dentro del FAP (para variar) el socialismo a favor (aunque votó en contra en el 2010 la reapertura del canje) porque Binner dijo que hay que pagarles a los fondos buitres, y Lozano en contra, porque hay que investigar la deuda.
En la eventualidad de que el gobierno planteara un debate en el Congreso para reabrir el canje (para que ingresen los fondos buitres), tendría que ser en los términos de las dos leyes vigentes, que es lo que dice el escrito presentado en Nueva York.
Es decir los nuevos bonistas que aceptaría canjear sus títulos por otros nuevos tendrían que renunciar a toda acción actual o futura contra la Argentina por la deuda (lo que incluye obviamente desistir de la causa que tramita Griesa), aceptar una quita igual o superior a la de los bonistas que ingresaron al canje del 2010 (la Ley 26.547 ya establecía a su vez que esos no podían tener condiciones iguales o mejores que los del primer canje), una reprogramación de los vencimientos (incluso con peores plazos que los de los dos canjes anteriores), y nuevos bonos en los que no se renuncie a la inmunidad soberana del país, para evitar el embargo sobre ciertos bienes (como pasó con la Fragata Libertad).
Sobre esto recordemos que el embargo en Ghana fue posible justamente porque el fondo buitre que lo trabó lo hizo en base a títulos distintos a los de los canjes del 2005 y 2010, y anteriores al defáult del 2001.
Claro que el gobierno podría plantear el debate el Congreso y ganar ampliamente la votación (con los bloques propios y con el apoyo de parte de la oposición), pero exponiéndose a que lo critiquen los que endeudaron al país en gobiernos anteriores, los que embarcaron a la Argentina en los planes Brady, los megacanjes y el blindaje; o los que plantean repudiar la deuda porque nunca gobernaron, ni lo harán jamás. De hecho, muchos de ellos están apoyando la candidatura de Binner, que dijo enseguida que había que pagarles a los fondos buitres, sin chistar, para no caernos del mundo.
Una propuesta de reapertura del canje en los términos que más arriba se señalaron (que habrá que ver si es aceptada por esta gente, experta en especular) tendría además un efecto ejemplificador sobre el buitrerío financiero que pulula por el mundo, porque aceptarían ahora lo que no quisieron aceptar en el 2005, ni en el 2010; y porque disuadiría a otros de intentar cobrar los títulos defaulteados por su valor nominal, como lo apunta acá Baleno.
Claro que para el gobierno sería en principio puro costo político, sin posibilidades de capitalizar nada; aunque se saque un problema de encima, generado por gobiernos anteriores, y al que el kirchnerismo le vino haciendo frente desde el 2003.
Son los costos de tener que gobernar, algo con lo que mucha gente que ahora habla no tendrá que lidiar nunca en toda su vida política; y lo saben, y por eso algunos dicen lo que dicen.
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