El kirchnerismo -dicen- es una dictadura, pero una dictadura rara, porque es impotente: no puede imponer una ley o una medida de gobierno, porque los jueces se la frenan.
Y no pasó una sola vez: baste recordar la ley de medios, o el intento de devolver al patrimonio del Estado el predio de la Rural.
La justicia en la Argentina sería independiente, porque falla en contra del gobierno; a menos que esta tarde algún juez falle a favor, en cuyo caso sería un simple apéndice del gobierno.
En el primer caso, no habría que reformarla y sí dejarla como está; en el segundo habría que salir a cacerolear contra los jueces corruptos y funcionales al gobierno. La misma Servini de Cubría (hoy honrada como una prócer) podría pasar del cielo al infierno en cuestión de días, o de fallos.
El kirchnerismo avasalla las instituciones de la república, que consisten en que el vicepresidente pueda pasar a ser opositor sin necesidad de renunciar al cargo, que el presidente del Banco Central se atrinchere en su despacho y diga que las reservas son de él y nadie (ni siquiera la presidenta) lo puede mover de allí si no se quiere ir, y que un juez de la Corte se puede quedar en su cargo aunque tenga 95 años y la Constitución diga que a los 75 hay que pedirle un nuevo acuerdo del Senado.
Raras, las instituciones y la república.
La reforma del Consejo de la Magistratura es terriblemente inconstitucional, pero sólo en la parte que dice que la gente vote para elegir a sus miembros, con lo cual hay que asumir que, para la Constitución, el voto ciudadano sería un elemento secundario, o contraindicado.
Pero guarda que a alguien se le ocurra plantear siquiera que habría que pensar en reformar la Constitución, porque ahí le van a saltar al cuello los defensores...de la democracia.
Por el contrario, la parte de la reforma judicial que dejó en manos de la Corte (y no del Consejo de la Magistratura, como dice la Constitución) el manejo de la guita del poder judicial no solo sería perfectamente constitucional, sino que nadie siquiera lo cuestiona.
Lo cual comprobaría fehacientemente que la Constitución es (no finalmente, sino solamente) lo que los jueces dicen que es, de acuerdo a lo que a ellos les parece, o mejor aun: de acuerdo a lo que les conviene.
Como cuando decidieron (ellos solos, ante ellos mismos) que no les correspondía pagar impuesto a las Ganancias, o hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes.
El kirchnerismo es un falso progresismo, y un gobierno que de transformador no tiene nada sino que, en el fondo, es conservador; dicen.
Pero resulta que quiere hacer reformas (aunque sean módicas) y no puede, porque se le ponen todos de punta: recordemos simplemente las retenciones móviles, la ley de medios o ahora la reforma judicial.
Cristina, su gobierno y su imagen se desmoronarían día a día, y se les avecina una derrota electoral de proporciones.
Sin embargo toda la oposición en su conjunto corre a los tribunales a presentar amparos para que la gente no pueda votar, en la única elección en la que el país sería un distrito electoral único (como en las presidenciales), que era la del Consejo de la Magistratura.
La justicia no debe partidizarse y los jueces no deben alinearse tras un partido político, dicen.
Pero los jueces, los abogados, sus representaciones corporativas y los partidos políticos opositores recurren a la justicia para frenar la reforma judicial con exactamente los mismos argumentos, y el mismo objetivo: impedir que la gente vote.
Y la mayoría de los fallos de los jueces disponen exactamente lo que los partidos opositores reclamaban: que no se pueda votar en las elecciones a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Todo eso, claro, en nombre de la república, las instituciones y la democracia.
Cuando en el 2006 se reformó el Consejo, la oposición, los jueces, los abogados y sus representaciones corporativas fueron a la justicia planteando que la reforma era inconstitucional porque alteraba el equilibrio previsto por la Constitución, entre los representantes de las corporaciones judiciales y académicas, y los de los órganos electos por la voluntad popular (el Ejecutivo y el Congreso); en beneficio de éstos, que pasaron a tener 7 miembros (sumando oficialismo y oposición) contra 6.
Ahora (cuando la reforma llevó a 12 los representantes de jueces, abogados y académicos, contra 7 de los partidos políticos) el problema es que los elige la gente; y los quieren elegir ellos solos.
La causa iniciada por la reforma del 2006 duerme desde entonces en los cajones de los ministros de la Corte, pero ahora (con los planteos contra la nueva reforma) Lorenzetti dijo que van a fallar lo más rápido posible, ni bien les llegue un expediente.
Que podría ser por vía del per saltum, aunque hasta ahora (por ejemplo en la causa de la ley de medios) se negó sistemáticamente a aceptar ese tipo de recursos.
Sin embargo, habrá que ver que pasa ahora, cuando el fallo de Servini de Cubría sobre el fondo del asunto es contra el gobierno y suspendió la elección de consejeros: a lo mejor se toman su tiempo, como los diez años que lleva la cautelar de La Nación para no pagar impuestos, o los cuatro años de la de Clarín, para no desprenderse de sus licencias.
Ahora todos defienden a la Corte (empezando por al abuelito Fayt) y dicen que el kirchnerismo se la quiere llevar puesta como en su momento hizo Menem, y contra la renovación que impulsó en el tribunal Kirchner en su gobierno.
El problema es que esta Corte (en la que de los siete miembros, tres vienen de antes de que Kirchner llegara al poder) tiene un notorio parecido con la menemista en dos cuestiones (vean ustedes, que puta casualidad): la defensa cerrada de los privilegios de casta del Poder Judicial, y el guante de seda para tratar todas las causas que de algún modo involucren al poder económico.
7 comentarios:
pasa que CFK se pasa de discursos y se queda en lanada...pasa el tiempo y papel prensa no se expropia, Clarín va a quedar
Claro, porque está visto que es facilísimo todo che
Cuando dicen geronte a mí se me figura un dinosaurio tipo tiranosaurius, y al viejecito FAYT le dicen geronte porque tiene 95 años. Lo conservan en formol, pero bah... que importa eso. Luego lo embalsamamos y lo dejamos sentado en su sillón curial.
El kirchnerismo algún día se vá a ir y María Romilda vá a quedar, ella que era tan afecta a los asados criollos en épocas del menemismo y hasta se sacaba fotos.
Ella que quiso ser justiciera y mientras De la Rúa y el Fino Palacios reprimían en la Plaza de Mayo, ella les dijo que pararan y nadie la escuchó.
Y así como este viejecito, más cerca del arpa que del violín, y de María Romilda, y de Cabral y de... y de.. y de los jueces federales de Santa Fe y de don Rafael Gutierrez y su banda.
Para la opo todo bien y siga el baile -minué- por supuesto.
El juez federal de Santa Fe, don Miño, falló a favor de la UCR santafesina en cuanto a la inconstitucionalidad de la reforma de la Justicia, tanto en el Consejo de la Magistratura como de las cautelares, y utiliza en sus argumentos la "experiencia Cobos".
Este juez que favores le debe a la UCR?, dado que tiene cajoneadas todas las causas contra don Mario Barletta, mientras fue rector de la UNL y que oportunamente corroborara la Auditoría General de la Nación.
Sumemos ahora que la Obra Social UNL está implicada en la causa BOLSAFE VALORES por lavado de dinero.
don Miño otro de la corporación que no quiere perder privilegios, aunque la justicia como la muerte, a él también le llegará.
Estimada Corriente:
(Aclarando que soy un lego en el tema paso a comentar)
Lo que entiendo que hace ruido aquí, es la cuestión de la mitad más uno para suspender a un juez hasta por dos años, más que la elección misma por voto popular (tal vez sería posible aplicar un sistema mixto de elección de consejeros como se hace en mi provincia -Chubut-, por ejemplo. Bah, digo...)
En CN23 -dentro de los canales de noticias creo que lo mejor que se puede ver hoy día-, la abogada-periodista del canal daba como primicia esta información y agregaba que dentro de la justicia personas que tienen posiciones antagónicas respecto al sistema mismo, en este caso particular, han unificado criterios. Al parecer es unánime. Leyendo entre líneas la misma abogada de CN23 se plegaba a ésta consideración y ponía en discusión esta cuestión de la "mitad más uno" (le parecía mejor el sistema por concenso, el de los "dos tercios"). Sin poner en tela de juicio la elección democrática... aunque los temas parecen estar mezclados.
La explicación era más o menos que ante la coyuntura, cambio natural de gobierno y signo político, la justicia podría observar cambios, remociones o suspensiones "antojadizas" de jueces según la conveniencia del gobierno de turno, y por estensión, estaría también en peligro en definitiva, además de la misma "democratización", qué tipo de justicia habría hacia el resto de la población.
Acuerdo con la democratización, sin dudas, pero sigue haciendo ruido la cuestión de la mitad más uno para suspender un juez... ¿sería posible cambiar este punto sin poner en duda el espíritu de democratización de la justicia, justamente?
Espero haber sido claro. Saludos.
Los dos tercios serian razonables con gente seria que opine en funcion de las pruebas del caso.
Lo que hoy tenemos es comportamiento corporativo.
Tenemos dos minorias, una oficialista y una opositora. La oposicion nunca apoya ningun pedido de juicio presentado por los oficialismos, sin importar que prueba haya. El oficialismo en general se opone a los juicios que promueve la oposicion, porque estos se basan en denunciar a todo aquel que falle a favor del gobierno, sin importar las pruebas, por el solo hecho de fallar favorablemente al gobierno.
En ese contexto de dos minorias antagonizando, los representantes de jueces y abogados se portan en forma corporativa: se niegan a ningun tipo de sanciones a sus colegas bajo casi ninguna circunstancia. Asi que ora aqui, ora alla, siempre se oponen a las sanciones. Salvo en el caso ultraextremo de que al acusado lo hayan filmado violando a una menor o algo asi, esos representantes nunca van a avalar sanciones para nadie. Asi las cosas, conseguir los 2/3 para lo que sea es virtualmente imposible.
Y a que se debe? a que el consejo esta FUERTEMENTE POLITIZADO, particularmente desde la oposicion que intenta usarlo como herramienta para amedrentar a los jueces para que nunca fallen a favor del estado nacional, y para dar proteccion a todo juez que aún fallando contra derecho, lo hace siempre a favor de las corporaciones y contra el estado nacional.
De esa forma, dejar el requisito de los 2/3 implica mantener la permanente paralizacion del consejo y no cambia nada.
La reforma apunta a eso. Si el consejo esta politizado, y se usa activamente como herramienta politica, bueno, blanqueemoslo, que este pollitizado en serio, que sus integrantes sean elegidos por el voto dentro de los partidos a los que pertenecen (como recondo, que todos saben que es radical y actua como mejor le conviene a la estrategia radical, pero eso si, para afuera es "independiente").
Y que los actos del consejo se hagan efectivos con mayoria simple, como corresponde a una democracia.
Las mayorias calificadas son para garantizar cosas que uno quiere que pasen muy poco. Yo quiero que se eche a jueces de mierda, que se heche a muchos jueces, que se sancione a los que fallan arbitrariamente, prevarican, a los que reciben dadivas de una de las partes y no se excusan, a los que son cuñados de una de las partes y no se excusan, que se los sancione, suspenda, heche, a todos por igual. Y de esos hay montones. Una mayoria calificada garantiza que casi nunca se sancione a nadie. Una mayoria simple garantiza que se sancione a muchos.
Podra ser que en algun caso la sancion sea injusta, porque se logro mayoria para sancionar a alguien que no lo merecia. Una pena. Prefiero eso mil millones de veces antes que el estado actual donde NUNCA SE SANCIONA A NADIE POR NADA.
Un par de aclaraciones: 1) La reforma mantiene la exigencia de los votos de los 2/3 del total de los miembros del Consejo para que el plenario destituya jueces, 2) Cualquiera sea la mayoría que se adopte para que el cuerpo tome ésa o cualquier otra de las decisiones que le competen, es perfectamente constitucional, porque el artículo 114 de la CN nada dice al respecto, y lo difiere a una ley especial que debe dictar el Congreso, 3) Casi en ninguno de los amparos se ha cuestionado éste aspecto, y la enorme mayoría (por no decir todos) apuntan al voto popular para elegir a los representantes de jueces, abogados y académicos, 4) A la inversa ninguno (pero ninguno) dice nada de los artículos de la ley que dejaron la administración del presupuesto y los recursos del Poder Judicial en manos de la Corte y no del Consejo, contra la letra expresa del inciso 5) del artículo 114 CN.
De modo que lo que hay aquí es un conflicto político y no jurídico, y la defensa de intereses puramente coporativo.
¿Que las reformas son perfectibles y se pueden profundizar o complementar con otras? Por supuesto, pero ésa no es la preocupación de los que metieron los amparos a lo largo y a lo ancho del país, sea los promovidos por la FCA (que nuclea a los colegios de abogados), como por la Asociación de Magistrados, o jueces y abogados a título personal.
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