SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO

Hace poco contábamos en ésta entrada el caso de la licitación encarada por el gobierno provincial para contratar la compra e instalación de 600 cámaras de seguridad para instalar en Santa Fe y Rosario.

Decíamos que nos llamaba poderosamente la atención que, tratándose de un negocio en crecimiento explosivo en los últimos años, y con una inversión calculada por el gobierno del orden de los 60 millones de pesos, sólo hubiera habido una empresa interesada en presentar oferta: Nec Argentina S.A.

Que justo (pero justo, vean lo que son las casualidades) era la misma que había sido el año pasado la adjudicataria (y también la única oferente) de la licitación para el equipamiento informático para montar el sistema de identificación de huellas dactilares del servicio de emergencia del Ministerio de Seguridad (acá el decreto). 

Por lo general cuando a una licitación se presenta una sóla empresa, algún mal pensado puede suponer que hay algo raro, como que le armaron el pliego a medida para espantar competidores, o algo por el estilo.

Sin descartar que ésto suceda en éste caso, investigando un poco nos encontramos con algunas sorpresas, como ésta que ven acá:

Por si no se entiende, es el acta de la comisión de adjudicación de la licitación de las cámaras, en la que consta que la única oferta (de Nec Argentina S.A.) "cumple con lo establecido por el pliego", y los miembros de la comisión consideran que su oferta económica es "acorde a los componentes de los sistemas cotizados", pero con una salvedad: luego de que se le pidiera que readecúe técnicamente la oferta, y que rebaje el precio.   

O sea que al principio (es decir, cuando presentó la oferta, que además fue la única) no cumplía con las exigencias del pliego, y además el precio no era conveniente para el Estado.

Nota: el parte oficial de prensa hablaba de una inversión de 60 millones, pero el acta valúa el equipamiento provisto por la empresa en $ 41.516.390, a lo que hay que sumarles $ 17.792 por cada una de las 600 cámaras, que serían unos $ 10.675.200 más: El resto (unos ocho millones de pesos) serían por el servicio de mantenimiento, o alguno se quedó con un vuelto en el camino.

Pero volvamos a lo importante: según dice la comisión de adjudicación, la oferta de Nec Argentina S.A. terminó cumpliendo con las exigencias del pliego, luego de que le pidieran que cambiara la oferta, porque primero no cumplía.

La licitación fue adjudicada por Bonfatti por Decreto 1149/13, previo dictamen 554 del Fiscal de Estado, del cual extrajimos algunos párrafos sumamente interesantes, como éste:

O sea que, consultada la asesoría jurídica del Ministerio de Seguridad, observa la gestión con un argumento tan sencillo como irrefutable: no se puede aceptar una oferta que no se ajusta al pliego, y no se le puede pedir a esa oferta mejora de precios porque es la única, y no está empatada con otras. 

Como al gobierno el criterio no le conformaba, pidieron parecer del Fiscal de Estado (funcionario político, y en el caso del actual, con antecedentes en la Municipalidad de Rosario), que dijo lo siguiente:

 

Más claro aun: dice el Fiscal que lo que hizo la comisión de adjudicación de pedirle a la empresa que modifique su oferta para ajustarla al pliego no se puede hacer, porque atenta contra los principios básicos de la licitación pública como la igualdad, la libre concurrencia y la transparencia.

Y es muy sencillo porque además hubo una sóla oferta presentada, y se podría perfectamente pensar que, si los que no presentaron ofertas porque no podían entregar el equipamiento pedido con ciertas características, sabían que podían cambiar luego lo que ofertaban, se hubieran presentado.

Pero entonces no sería una licitación, con pliego, publicaciones y todo eso.

Antes que alguno se pregunte que pasó entonces, porque la cosa siguió igual y llegó al decreto de adjudicación de Bonfatti, veamos esta otra parte del dictamen de Fiscalía de Estado:  

O sea, está todo mal y habría que dar marcha atrás con la licitación y llamar a otra, peeeero "se presentan...particulares y especialísimas circunstancias" (¿un jefe de policía preso por ser cómplice de los narcos?), que "ameritan un análisis más profundo de la cuestión", dejando de lado pequeñeces, como el principio de legalidad.

Entonces resulta que el Fiscal de Estado descubre que, después de que lanzaron la licitación para comprar las cámaras (en septiembre del año pasado) la Legislatura sancionó la Ley 13.297 que declaró la emergencia en seguridad en Santa Fe por 180 días.

Que entre otras cosas permite comprar en forma directa equipamiento de seguridad, como por ejemplo cámaras de vigilancia.

El problema es que esa ley fue vetada por Bonfatti en el 75 % de sus artículos con el argumento de que la provincia no estaba en una situación de emergencia en materia de seguridad, y que acá lo que hubo no fue una contratación directa (en cuyo caso no hay que ceñirse a un pliego) sino una licitación pública, con todo lo que eso implica.

De modo que la ley que el gobierno rechazó (porque era una iniciativa opositora, y consideraron que no resolvía los problemas de seguridad) ahora la invocó como excusa para adjudicar irregularmente una licitación (convocada antes que se sancionara) a la única oferta presentada, que no cumplía con los requisitos fijados en el pliego.

A ver si como pasó con "Pirucho" Acuña y el tema de los hospitales, alguno de los legisladores provinciales del PJ recoge el guante y averigua un poco como viene la cosa; porque pareciera que los usaron de forros, invocando la ley que ellos votaron, para armar un negocito con las cámaras.