LA OPOSICIÓN DESPERDICIÓ OTRA OPORTUNIDAD

Cuando empezó la discusión por el proyecto que introduce cambios a la ley de abastecimiento, decíamos acá que la iniciativa tenía altísimo voltaje político; y que suponía otra oportunidad para que la oposición rompiera con la lógica que vino siguiendo invariablemente todos estos años, de alinearse en la defensa de los intereses corporativos, como consecuencia de operar con la lógica primaria de oponerse a todo lo que planteara el gobierno.

Y decíamos también que los empresarios se oponían al proyecto no por razones técnicas o constitucionales, sino ideológicas y de intereses concretos; y el transcurrir del debate parlamentario lo viene demostrando con creces.

Desmintiendo -una vez más- el mito de la "escribanía", el oficialismo aceptó abrir el proyecto a cambios, de los que dan cuenta acá Ambito Financiero, y acá El Cronista: exclusión de las Pymes del régimen siempre que no tengan posición dominante en el mercado, eliminación de la sanción de clausura definitiva de la empresa o establecimiento en caso de segunda reincidencia en violaciones a la ley, cláusula de confidencialidad para que el gobierno no difunda "información sensible" de las empresas a la que pueda acceder (ayer hubo uno que llegó a hablar de "secreto estadístico", en fin), exigencia de orden judicial para disponer clausuras por un lapso mayor, una mejor tipificación de las infracciones para evitar discrecionalidades que puedan resultar arbitrarias, y hasta la posibilidad de que las empresas "forzadas a producir a pérdida" (otro de los latiguillos que hemos escuchado en estos días) reclamen al Estado una compensación si así se comprobara.

Como se ve, cambios introducidos al proyecto original (algunos que podrían discutirse incluso, en nuestra opinión) atendiendo a reclamos puntuales de los propios empresarios, claro que sin afectar su objetivo fundamental: dotar al Estado de herramientas para mejorar su capacidad de control sobre el proceso de formación de precios, en beneficio del consumidor.

Sin embargo, los cambios no bastaron: acá vemos como la UIA sostiene su durísima oposición a la iniciativa en términos ideológicos que expresan el más crudo liberalismo; en la línea de Krieger Vasena, Alsogaray, Martínez De Hoz y Cavallo, y en cierto sentido hacen bien: su postura confirma que el proyecto lesiona intereses hasta hoy consolidados; que no son por supuesto los de la mayoría de los argentinos.

La UIA también pide que no se innove en el marco legal vigente y que simplemente se aplique la ley de defensa de la competencia y los "tribunales arbitrales de consumo"; lo que comprueba la inocuidad de ambos, y con el apoyo de los invalorables constitucionalistas de alquiler promete ir a la justicia a defender sus intereses; lo que por otro lado confirmaría que (pese a lo que solemos escuchar con frecuencia en sentido contrario), estamos en democracia y hay división de poderes.

Mas aun: los susodichos constitucionalistas vaticinan aquí en Clarín (donde al parecer el proyecto original no sufrió ningún cambio) que la iniciativa sera "pulverizada" por la justicia, como pasó con la reforma judicial; cosa que es probable que suceda.  

Al fin y al cabo, no haría más que confirmar el rol que la justicia viene cumpliendo cuando lo que está en juego son intereses económicos: ser el garante final de los negocios (ese mismo rol que en el plano internacional cumplen los Griesa) y de la perpetuación del Estado bobo; con algún fallo de cotillón ocasional en favor de los consumidores; que no altera la esencia del asunto.

Desde la misma óptica, los otros proyectos impulsados por el gobierno como la instancia previa de conciliación en las relaciones de consumo o el fuero especial del consumidor gozan de más amplio consenso: mientras el avance estatal en estas cuestiones se mantenga en un ámbito apto para el oenegeísmo o la jerga tribunalicia, los empresarios no habrán de preocuparse.

En términos políticos e ideológicos, la discusión por los cambios a la ley de abastecimiento reedita los debates por las retenciones móviles y la ley de medios sobre el rol del Estado y el lugar de la política, frente a los poderes fácticos. 

Y la oposición prácticamente en bloque y con cada vez menos matices, repite la misma actitud de entonces, demostrando que no ha aprendido la lección, ni aun con resultados electorales a la vista: otra vez eligió alinearse ciegamente con las demandas de los grupos económicos; aun a riesgo de perder votos, porque cualquiera sea la opinión que se tenga del gobierno, no hay demasiada gente dispuesta a creer que los empresarios son angelitos de la guarda, a los que no hace falta controlar.

Con justificaciones insólitas que no hacen más que dejar expuesto que han decidido jugar -una vez más- ese tristísimo papel; como Gerardo Morales acá diciendo que "las correcciones “"minimizan o disminuyen la arbitrariedad"”. Sin embargo, su bloque no cambiará la postura original frente al texto porque, aseguró, la iniciativa mantiene "“la lógica de que el control de precios es la única política antiinflacionaria."

Supongamos que así fuera, y que la oposición entendiese (aunque no lo termine de decir claramente, porque sabe que espanta votos) que a la inflación hay que atacarla por el lado del gasto público produciendo un feroz ajuste fiscal, ¿por qué razón -que no sea decidir voluntariamente alinearse con los intereses empresariales- no votar un proyecto que plantea controlar los abusos empresariales en beneficio de los consumidores?

¿No sería más lógico votarlo y, si luego de aprobado no logra avances en la contención de la inflación, plantear que era insuficiente y hay que tomar otras medidas?

La oposición al kirchnerismo sigue tributando a la lógica política de gobernabilidad que nos llevó a la crisis del 2001, y de la que el país salió a partir del 2003 por las convicciones políticas de Néstor primero, y de Cristina después.

Siguen creyendo (con los fantasmas de los finales anticipados de los gobiernos de Alfonsín y De La Rúa a la vista) que el mejor modo de garantizar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones frente a la amenaza del golpe económico, es cediendo en toda la línea a las demandas del poder económico; cuando la experiencia histórica concreta, y la propia actitud de la UIA y las otras cámaras patronales en la discusión de la ley de abastecimiento, indican lo contrario.

Como otro botón de muestra (de ambas cosas, la lógica corporativa y la respuesta del dispositivo opositor), vemos que los empresarios de ADEPA (dueños de los medios gráficos) reclaman que el futuro gobierno derogue la ley de medios "para garantizar la libertad de expresión", y el ñoqui de lujo Gerardo Millman (director de la AFSCA en representación de la oposición) dice que hay que hacerlo, porque quedó obsoleta porque fue pensada para un mercado y una sociedad distinta, hace 5 años.

Que se sepa, luego de tamaña afirmación no renunció a su cargo con sueldo rentado por nuestros impuestos, en un organismo creado por la ley que calificó de ese modo.