PELIGRO, DEJEMOS SIN CODIFICAR

El proyecto de modificación de la ley de abastecimiento es un tema al que va a haber que empezar a prestarle creciente atención, porque tiene alto voltaje político: vemos acá en Infobae como lo más granado del empresariado local (incluyendo a la UIA, la Sociedad Rural y AEA) cierra filas para frenarlo; mientras tanto acá Tiempo Argentino da cuenta -por el contrario- del respaldo explícito de la CTA de Yasky, la CGT de Caló y las asociaciones de consumidores.

Como es lógico por los intereses en juego, parte aguas y si se lo maneja con criterio, puede servirle al gobierno para acumular políticamente; como está pasando con el conflicto con los fondos buitres: en un contexto de inflación y preocupación por el empleo, no debería ser tan sencillo ni gratuito alinearse en la defensa de la rentabilidad empresaria, aunque conocemos por mala experiencia (recordar el conflicto con las patronales del campo) que ha sucedido.

El proyecto ingresó al Senado junto con los que establecen el fuero del consumidor, el mecanismo previo de conciliación en los conflictos derivados de las relaciones de consumo (analizado acá), el observatorio de precios (directamente vinculado a lo que sería la nueva ley de abastecimiento), y los cambios en las leyes de defensa del consumidor, lealtad comercial y defensa de la competencia.

Nosotros hemos sostenido aquí en numerosas oportunidades (por ejemplo acá) que al problema de la inflación era necesario atacarlo desde diferentes frente, pero entre los más importantes sin dudas estaba el marco regulatorio que permita neutralizar los efectos de la concentración económica y los abusos ostensibles que existen, tanto en el proceso de formación de los precios, como en las cadenas de comercialización.

Y que para eso era necesario que el Estado contara con información confiable sobre las estructuras de costos de las empresas, tal como lo posibilitan algunas medidas que ya están en marcha (como las derivadas del programa Precios Cuidados, que obligan a las empresas a informar sus variaciones de costos); y el proyecto de reforma a la Ley 20.680 y el Observatorio de Precios van en el mismo sentido.

Recordemos que en su momento, cuando Héctor Recalde planteaba su proyecto sobre distribución de las ganancias empresarias a los trabajadores (un derecho reconocido en la Constitución, nunca hecho operativo), la mayor resistencia del empresariado venía por el lado del acceso a la información de las empresas.

En el caso puntual de la ley de abastecimiento, hubo hace poco un proyecto de Patricia Bullrich para derogarla (ver acá), en línea con los reclamos del empresariado contra una ley vigente desde 1974, con la que desacuerdan ideológicamente: no quieren que el Estado controle, nada, nunca.

Por eso agitan fantasmas -como lo muestra la imagen de apertura- como "la intervención de las empresas", "las expropiaciones sin indemnización", o alertan sobre la inminente chavización de la Argentina: sin ir más lejos, lo mismo que hicieron en su momento con la ley que regula los mercados de capitales; cuando de lo que se trata es de establecer las mínimas regulaciones públicas (existentes aun en países que ellos mismos califican como "serios"), necesarias para garantizar no sólo los equilibrios macroeconómicos, sino los intereses y derechos de los sectores más vulnerables.

Una forma de sostener políticas de ingresos, complementaria a las paritarias, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, la inclusión jubilatoria, la AUH o la ley de movilidad previsional.

Ese es el marco conceptual de ésta discusión, en la que las líneas de fuerza van quedando cada día más claras, y de allí los alineamientos: como decía Scalabrini Ortíz, todo lo que el Estado deje sin regular explícitamente para proteger a los más débiles, lo estará regulando implícitamente (por omisión) en favor de los más fuertes.

Un marco en el que -dicho sea de paso- se pone en tela de juicio el supuesto "giro a la derecha del kirchnerismo" del que hablan algunos; o el "ajuste feroz" que estaría practicando el gobierno: un giro tan imperceptible que la propia derecha no lo advertiría, y carga con dureza contra el gobierno, precisamente por estos y otros proyectos. 

Por esa razón, sorprenden (¿sorprenden?) declaraciones como las de Fascendini (el radical ministro de la Producción del gobierno de Bonfatti) diciendo que el proyecto de modificación de la ley de abastecimiento es inoportuno porque "espantará las inversiones", o las de Binner; que acaba de decir en una entrevista radial que es un disparate, y que él prefiere confiar "en la mano invisible del mercado" (para los que no lo crean, acá pueden acceder al audio) : ni Adam Smith lo hubiera dicho mejor.

Tal como pasó en el caso de la disputa con los fondos buitres, no sería extraño que los opositores deban recalibrar su discurso en éste tema (saliendo del clivaje automático kirchnerismo-antikichnerismo), atento a la repercusión en la gente común.

Y es allí donde entra a jugar la necesidad de que el gobierno comunique adecuadamente de qué se tratan los proyectos y a donde se apunta, con ellos.

En ese sentido, siguiendo este enlace pueden acceder al audio de la columna semanal de nuestro compañero Raúl Degrossi en el programa "Entre El Ruido" de Radio Nacional Santa Fe; en la que se analiza el proyecto de modificación de la ley de abastecimiento, que es el que más polvareda ha levantado entre las principales entidades empresarias.

Se explica que dice la ley vigente, cuáles son los cambios que se proponen, que pasaría con las multas y demás sanciones (el famoso "solve et repete"), los beneficios que podrían perder las empresas que incurran en infracciones (exenciones y diferimientos impositivos, líneas crediticias a tasas subsidiadas); y como muchas de las objeciones que se hacen no tienen que ver con los cambios ahora propuestos, sino con la existencia misma de la ley y contra la idea misma de que el Estado regule aspectos del proceso económico.