FUNCIONARIOS CON CORONITA

Leemos en La Capital al diputado Tonioli (Movimiento Evita) contando lo que pasó con el proyecto de ley de creación de la policía judicial en su paso por el Senado provincial: "el legislador provincial Eduardo Toniolli, autor de la iniciativa, señaló como “inaceptable” que “los senadores hayan borrado de las competencias del nuevo cuerpo la potestad para investigar, como auxiliares de los fiscales, los delitos cometidos por funcionarios públicos”. Y agregó: “Pretender fundar un organismo, que planificamos con el objetivo de perfeccionar la persecución penal, pero autoexcluyéndose ellos y a sus amigos del Ejecutivo de su alcance, es un despropósito y un mensaje nefasto para el pueblo santafesino”.

Con el apoyo de los diputados Leandro Busatto, Luis Rubeo, Darío Mascioli, Gerardo Rico, Marcela Aeberhard y Avelino Lagos, entre otros, Toniolli criticó “el cambio del inciso C del artículo 5 del proyecto original, que disponía, entre las competencias del nuevo organismo, la de investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos de todos los poderes del Estado”. En ese sentido, dijo que “el mismo fue reemplazado por uno que acota las investigaciones a los funcionarios policiales y penitenciarios”. " 

Tal como lo señala Tonioli, la maniobra de los senadores radicales con su proyecto (y con otro sobre protección de testigos de Leandro Busatto) es muy burda: los "copian" como si fueran otros distintos que ellos presentaron por su cuenta para que Diputados (como Cámara de origen) no pueda prevalecer con su sanción ante los cambios que le pueda hacer el Senado.

Y de paso si las idas y vueltas demoran la sanción definitiva (ahora solo podría tratarse en extraordinarias si Bonfatti lo habilita), a lo mejor con el paso del tiempo pierden estado parlamentario, y hay que presentarlos de vuelta.

En el caso de la creación de la policía judicial (que dependería del Ministerio Público, y no del Poder Ejecutivo) no es más que parte de un movimiento de pinzas que hacen los legisladores del FPCyS con Bonfatti; que cuando el proyecto de Tonioli fue aprobado originariamente lo vetó con "enmiendas" que lo desnaturalizaban por completo; con el propósito de que no saliera, y luego creó la "Policía de Investigaciones", dependiente del Poder Ejecutivo (hasta acá. un rotundo fracaso). 

Pero el cambio introducido al proyecto "de camulina" por los senadores de la UCR que señala Tonioli es aun peor, porque eliminaría de las atribuciones de la futura policía judicial (que reiteramos, dependería del Ministerio Público y no del Ejecutivo) la posibilidad de investigar delitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones.

Una poda que solo se puede entender en el marco de los pactos mafiosos que ha venido sosteniendo el FPCyS en los gobiernos de Binner y Bonfatti con la corporación policial; que se han agudizado luego del motín de diciembre del año pasado.

Antes de eso, Binner se convirtió en su campaña a gobernador en vocero de los reclamos de APROPOL para archivar la reforma policial de Obeid, y luego en el gobierno sostuvo a la cúpula en funciones, en el marco de un proceso de "policía atendida por sus propios dueños" (que involucraba no hacer los concursos que manda la ley para los ascensos), que culminó con la designación como jefe de Tognoli, hoy preso y procesado en causas por narcotráfico.

Claro que favor con favor se paga, y la policía aceptó actuar prestándose para las operaciones políticas del socialismo y la UCR no pocas veces, y en otras les facilitó irregularidades rayanas en el delito; como la apertura de la computadora del narco Medina, sin orden judicial. Y hay otros casos en los que seguramente deben ser socios para repartir, como por ejemplo en las contrataciones directas sin licitación, invocando la emergencia en seguridad para cualquier cosa; como la comisaría contáiner de Alto Verde, o los camiones hidrantes.  

A esta altura del partido (y luego por ejemplo de la defensa corporativa de las gorras que hizo Bonfatti en el caso Casco) está bastante claro que el socialismo y sus socios radicales no solo han decidido renunciar al control político de la fuerza policial, sino que salieron del alzamiento policial del año pasado concediendo en toda la línea a los reclamos de la corporación azul; a cambio de favores como por ejemplo hacer los concursos de ascensos del mismo modo que se hacían antes los ascensos con las Juntas de Calificaciones.

O como impedir que avance una fuerza nueva, autónoma y mejor formada, que por un lado ponga en evidencia su ineficacia, y por el otro, puede moverse sin las ataduras de los pactos preexistentes, o los acuerdos para solventar "quioscos" al amparo del poder político, a través de lo que se suele llamar "la administración del delito".

El último ejemplo (por ahora) es el sonado caso del camión con cantidad de kilos de droga "abandonado" y encontrado por la policía en la Ruta 1, del que ya no se habla porque está quedando cada día más claro que los canas están involucrados en la maniobra, que "coincidió" casualmente con la asunción de Chaumont en el Ministerio de Seguridad.

Parece que los muchachos no escarmentaron ni siquiera con la balacera a la casa de Bonfatti, de la que dicho sea de paso, más de un año después (y con esta policía "investigando") seguimos sin tener novedades sobre sus autores, o móviles.

¿Estarán esperando que les (y nos) pase algo peor para entender por las malas que pactar con las mafias policiales solo puede traerles problemas?

De cualquier modo, imaginemos por un momento las repercusiones del caso en los medios si una ínfima parte de todas estas cosas pasaran bajo la responsabilidad del gobierno nacional.