ESTARÍAN AL SALIR LAS CONDECORACIONES PARA LOS POLICÍAS DEL CASO CASCO

No nos corresponde a nosotros asesorarlo a Bonfatti sobre lo que decir en cada caso, pero la verdad que en materia de seguridad en general, y en todo lo que pueda rozar de cerca al caso Franco Casco en particular, le aconsejaríamos guardar prudente silencio.

Que fue lo que hizo durante casi un mes desde la desaparición del chico, hasta que -luego de conocida su muerte- produjo unas inverosímiles declaraciones (analizadas acá), donde ponía el foco en las organizaciones y militantes que marcharon en reclamo de justicia para Franco; en lugar de hacerlo -como corresponde- en el accionar de las fuerzas policiales que de él dependen, y están seriamente sospechadas de estar involucradas en su muerte, así como en el de los funcionarios políticos del área de Seguridad; que fue ciertamente penoso.

Decíamos entonces que la reacción de Bonfatti se inscribía en el contexto de una política -que juzgamos errónea- seguida por el socialismo hasta acá en su relación con la policía; consistente en consentirle márgenes de autonomía en la "administración" del delito, con la esperanza (que se ha revelado harto fallida) de conseguir niveles razonables de seguridad.

Y en ese sentido, no difieren mucho sus sorprendentes declaraciones (completas acá) reprochando el accionar de Gendarmería en el allanamiento de un "privado" de Rosario situado exactamente enfrente de la seccional 7º de policía (en la que estuvo detenido Franco Casco, lugar donde se lo vio vivo por última vez); en el que se encontró a personas sometidas a trata.

Sorprendentes porque desde un tiempo a esta parte, desde el propio gobierno provincial no se hace más que destacar el aporte que hace Gendarmería para garantizar la seguridad en Rosario (ayer nomás se celebraba la decisión del gobierno nacional de garantizar la permanencia de los efectivos); y porque el delito de trata de personas es de competencia federal. 

Dicho esto porque -según Bonfatti- la intervención de la fuerza federal habría frustrado una investigación de una red de trata que llevaba a cabo la policía de la provincia, más precisamente la cuestionada seccional 7º y la División de Trata de la santafesina, hace unos cuatro meses; con perfecto conocimiento -dice el gobernador- de las autoridades políticas.

A esta altura de las cosas cabría preguntarse que hace una fuerza provincial investigando un delito federal, sin conocimiento de las autoridades federales (dado que se cuestiona la "falta de coordinación"), y si el emplazamiento de la seccional justo enfrente del prostíbulo fue parte de las delicadas tareas de investigación.

Porque hasta acá todos suponíamos que la cosa fue al revés: el "privado" se instaló a funcionar enfrente mismo de la comisaría, sabedores sus responsables de que contaban con -por lo menos- la vista gorda policial.

A menos que a los que investigara la santafesina -como parte de la red de trata- fuera a los propios policías de la seccional 7º; en cuyo caso tampoco se entiende la cerrada defensa de Bonfatti en las acusaciones que los salpican por el caso Casco. Muy confuso todo, como mínimo.

La hoy titular de Delitos Complejos (Ana Viglione) lo fue en su tiempo del área de trata de la policía provincial; la nueva "niña mimada" del socialismo en materia de reparticiones policiales.

Se repite así el ciclo iniciado con Hugo Tognoli al frente de Drogas Peligrosas en el gobierno de Binner, para luego proyectarlo a la jefatura de la policía ya en la de Bonfatti.

¿Los resultados serán los mismos y -producida otra crisis- desde el socialismo "recordarán" entonces que la trata -como el narcotráfico- es un delito federal?

Mientras tanto y por ahora, las declaraciones de Bonfatti sonaron como un nuevo espaldarazo a la cuestionada policía santafesina en general, y a la seccional 7º (implicada en el caso Casco) en particular.

¿Se vendrán en breve condecoraciones para los muchachos, por su eficaz desempeño?